Editorial Sumando Voces
Los políticos de uno y otro bando siguen debatiendo si lo del 26 de junio fue un golpe fallido o un intento de autogolpe y, probablemente, no se pongan de acuerdo nunca, como suele suceder en Bolivia con los temas polémicos.
Sin embargo, donde no hay lugar a debates es en los efectos de la toma militar de la plaza Murillo, tanto en la economía de la gente, en la imagen del país, como en el deterioro de la institucionalidad democrática.
La imagen de una tanqueta forzando la puerta del Palacio Quemado ha retrotraído a la mente de los bolivianos los oscuros capítulos de las dictaduras y, por eso, la gente se ha volcado a las calles a comprar víveres, combustible y a sacar dinero de los cajeros automáticos. Pese a que ya lo hemos hecho, no hay motivo para reírse de eso porque en la psiquis de los bolivianos está enraizada aquella idea de que, si los políticos o militares cometen alguna acción inconstitucional, es la gente la que paga los platos rotos.
Eso mismo está pasando ahora. Los precios de los productos han subido mucho más, el dólar paralelo ha cruzado la barrera de los 10 bolivianos y, según analistas económicos, este episodio alejará posibles inversiones y aumentará el riesgo país de Bolivia.
No sólo eso, la institucionalidad democrática de Bolivia, que ya estaba en los suelos, ahora se encuentra bajo tierra, sin importar si la aventura militar ha sido un golpe fallido o un intento de autogolpe.
Este evento repudiable, además, ha elevado la tensión política, ha creado más condiciones para la conflictividad social y está apresurando la electoralización del país. Nada bueno puede traer esa combinación de políticos ávidos de poder y de sectores sociales propensos a la protesta social que, en este caso, viene justificada por la falta de respuestas a la crisis.
Una vez más, la más afectada es la gente que no milita en los partidos en pugna, que no es funcionaria pública, que no se alinea con Arce ni con Evo. Es esa gente la que ahora tiene que ajustarse los cinturones para encarar la etapa que acaba de comenzar.
Quienes sostienen la teoría del intento de autogolpe afirman que el Gobierno recurrió a esa idea porque estaba carente de popularidad y porque no tiene respuestas a la crisis económica. Si ese hubiera sido el objetivo, el efecto boomerang debe estar haciendo reflexionar a sus autores intelectuales porque es poco probable que haya aumentado la aceptación del Presidente y, la crisis económica, lejos de marcharse, se ha agravado.
Además, las consecuencias esta vez no sólo se quedarán dentro de las fronteras de Bolivia porque el tema ya es motivo de debate internacional. El presidente argentino, Javier Milei, ha quebrado la retórica internacional del golpe de estado fallido al señalar que esa historia es “un fraude”. Aclaramos aquí que repudiamos tanto la injerencia de Milei y la de otros gobiernos, como la de Nicolás Maduro, en los asuntos bolivianos, sin embargo, sus palabras dejan muy mal parado a Arce ante la comunidad internacional. Ese es un hecho fáctico más allá de nuestra postura sobre el ánimo belicoso de Milei.
Hasta aquí las consecuencias que ya están ocurriendo en Bolivia. Sin embargo, también hay que considerar los potenciales riesgos que acarrea un evento como la toma militar de la plaza Murillo y, por ahora, el mayor de ellos es la persecución judicial contra los enemigos políticos y la inobservancia del debido proceso, tal como sucedió en el caso del hotel Las Américas, que se utilizó para descabezar a la oposición del oriente del país.
Ante eso, hay que recordarle al Estado su rol de garante de los derechos de la gente para que esta acción se enmarque en el debido proceso.
Como se puede ver, nada bueno trajo la toma militar de la plaza Murillo. La gente está siendo duramente golpeada y todo indica que esta situación de crisis múltiple continuará escalando en vez de amainar. La toma militar no fue el fin de algo, sino el comienzo de un ciclo.
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