El presidente Rodrigo Paz en conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla transmisión Bolivia Tv
El presidente Rodrigo Paz declaró este sábado Estado de Excepción por Conmoción Interna en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días, con el objetivo de restablecer el orden público, garantizar la seguridad de la población y enfrentar los efectos de los bloqueos y hechos de violencia que afectan al país.
«El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar estado de excepción por conmoción interna en todo el territorio nacional;
establecer las medidas extraordinarias, las facultades conferidas, así como determinar los mecanismos de aplicación», señala el artículo 1 del Decreto Supremo 5636.
La medida faculta a las Fuerzas Armadas a coadyuvar a la Policía Boliviana en tareas de control y restablecimiento del orden, además de proteger infraestructura crítica, resguardar rutas estratégicas de abastecimiento y garantizar la provisión de alimentos, combustibles, medicamentos y otros servicios esenciales.
El Gobierno justificó la decisión argumentando que los bloqueos prolongados y los hechos de violencia registrados en distintas regiones han provocado problemas en el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, además de afectar actividades productivas, servicios de salud, educación, transporte y otros sectores considerados esenciales. Según el decreto, esta situación constituye una “grave alteración del orden público interno” que compromete la seguridad de la población y la estabilidad institucional del país.
Entre las principales medidas contempladas durante la vigencia del Estado de Excepción se encuentran restricciones temporales a la circulación, locomoción y reunión pública, así como la prohibición de bloqueos de carreteras, concentraciones masivas sin autorización, el porte de armas y explosivos, y el uso de determinados elementos destinados a impedir el tránsito. También se prevé la posibilidad de suspender actividades económicas nocturnas en determinadas zonas y restringir el funcionamiento de servicios financieros cuando las autoridades lo consideren necesario.
El decreto establece además que la Policía y las Fuerzas Armadas podrán realizar controles en rutas estratégicas, instalaciones públicas y activos considerados críticos para el funcionamiento del Estado. Asimismo, las fuerzas de seguridad estarán facultadas para efectuar arrestos de hasta ocho horas a quienes incumplan las disposiciones establecidas durante la vigencia de la medida.
Pese a las restricciones, el Gobierno sostiene que la declaratoria no suspende las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el acceso a la información ni los derechos de las personas privadas de libertad.
La norma fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, que exige la aprobación posterior de la declaratoria de Estado de Excepción.
Según el Ejecutivo, las medidas extraordinarias buscan preservar la paz social, proteger a la población y asegurar el funcionamiento regular de los servicios esenciales mientras se restablecen las condiciones de normalidad en el país.
Aquí puede leer el Decreto Supremo:
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Aquí puede ver la conferencia de prensa:
