Johnny Vedia, gobernador de Oruro. Foto: WKM.
El gobernador de Oruro, Johnny Vedia, pidió a la red UNITEL en esa ciudad limitar las expresiones de la periodista Carmen Torrez, a quien acusa de mellar la dignidad e imagen de la institución que dirige. El pedido lo hizo de manera escrita y bajo advertencia de iniciar un proceso legal.
La carta firmada por Vedia en fecha 7 de marzo de 2024 va dirigida a la gerente administrativa de la red UNITEL en Oruro, Hilda García, a quien comunica la “profunda preocupación” que tiene por “una serie de actitudes asumidas” por Torrez. Cita particularmente que la Gobernación “y todo su personal está siendo sujeto (de) una serie de ataques por parte de la periodista Carmen Torrez”.
“Se dedica a afirmar que en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro se cometen hechos de corrupción sin mostrar prueba alguna o por lo menos señalar algún caso en particular comprobado o que sea sujeto de investigación ante las instituciones del Estado con tuición de investigación y juzgamiento de hechos de corrupción”, se lee en la carta enviada por Vedia.
Sobre ese argumento, solicita a la red UNITEL que “pueda asumir acciones sobre el caso y promueva la limitación de afirmaciones temerarias en contra (de) la imagen institucional del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, señalando asimismo que nos reservamos el derecho de acudir a las instancias establecidas por ley a efectos de precautelar la imagen institucional y la imagen de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro”.
Carmen Torrez: “Buscan acallarme y que me suspendan”
“Esta carta es para acallarme, que no diga nada y que me calle y que no siga entrevistando a asambleístas, que se suspenda el programa y que me suspendan a mí”, respondió la periodista Carmen Torrez en entrevista con el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.
La periodista explicó que la carta enviada por el gobernador responde a su trabajo periodístico de dar seguimiento a denuncias de presunta corrupción que atraviesa la gobernación. Citó dos casos particularmente, los viajes supuestamente irregulares del gobernador en 2022, sobre los que existen denuncias públicas de asambleístas por “malversación de recursos” y otro sobre la contratación del funcionario Jaime Lucero, como jefe de Comunicación de la Gobernación, pese a que, según la periodista, cuenta con una sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer.
La periodista mencionó que estas denuncias fueron dadas a conocer por asambleístas departamentales y otras por redes sociales. Con el fin de informar, explicó, fue en reiteradas ocasiones a buscar la contraparte de la Gobernación sobre estos temas, pero cada vez que iba a esa institución, los funcionarios le impedían acceder a la autoridad o simplemente le cerraban las puertas.
“Jamás me dieron una réplica cuando yo fui. Siempre me cerraron las puertas, no querían hablar. Había un comunicador, jefe de la unidad de Comunicación, tiene una sentencia ejecutoriada por violencia familiar contra su exesposa, y pese a eso se le contrató, entonces hay indicios de corrupción”, declaró la periodista.
Por otro lado, un periodista que asistió a un desayuno trabajo convocado por la Gobernación de Oruro, el pasado 5 de marzo, conoció que, en ese encuentro, Vedia adelantó que iniciaría un proceso a la periodista por su accionar.
Asociación de Periodistas de Oruro rechaza intimidación
A través de un pronunciamiento, la Asociación de Periodistas de Oruro (APO), a tiempo de rechazar el accionar del gobernador, le instó a emplear mecanismos de autorregulación periodística para resolver estos casos, como el Tribunal de Honor de esta asociación o el Tribunal Nacional de Ética Periodística. La ley de imprenta protege a los periodistas ante denuncias penales por su labor.
“Si alguna autoridad o servidor público siente que sus derechos constitucionales están siendo vulnerados, deben recurrir y agotar estas instancias antes de intimidar o amedrentar a los periodistas con anuncios de procesos judiciales”, se lee en el comunicado.
El presidente de la APO, Marco Antonio Flores, mencionó que es el primer caso en el que se evidencia la actitud de una autoridad departamental en intimidar a una periodista a través de una carta oficial.
“Este es el primer caso que vemos en que hay un documento firmado por la primera autoridad departamental, no hemos conocido casos similares. Nos preocupa y es por eso que le brindamos el apoyo a la colega Torrez”, declaró Flores al Observatorio de Defensores de UNITAS.
Análisis
De acuerdo con los estándares interamericanos en la materia, los Estados están obligados a garantizar la seguridad de las mujeres que ejercen el periodismo, tomando en cuenta los múltiples y específicos riesgos que enfrentan. Esto implica comprender cómo operan las desigualdades de género y las prácticas sexistas en el fenómeno de la violencia contra periodistas, y con ello favorecer la definición de medidas de prevención, protección y procuración de justicia adecuadas. La violencia contra las mujeres periodistas puede manifestarse de distintas formas, desde el asesinato, la violencia sexual (incluido el acoso sexual), la intimidación, el abuso de poder y las amenazas basadas en el género.
