Luciana B. Miranda Serrano
La realidad respecto a los incendios en el país ya no es una noticia nueva, ni alarmante, por lo que parece. Es más, parece ser irrelevante para aquellos responsables de mitigar los incendios y procurar que estos no ocurran.
En ese contexto encontramos a los denominados “desplazados ambientales”, quienes son los principales afectados por las condiciones medio ambientales que se suscitan, como lo son los incendios.
La figura del desplazado ambiental surge como una de las formas por las que las personas son obligadas a trasladarse de un lugar a otro, esto debido a la imposibilidad de sobrevivir a las condiciones ambientales que se les presentan. Este escenario es una realidad en Bolivia, toda vez que el país se encuentra viviendo episodios devastadores de incendios, los cuales están arrasando con las viviendas de las personas que viven en lugares cercanos; como también, con sus medios de subsistencia como son la siembra de cultivos, la caza de animales, entre otros.
En ese sentido, de los 40 municipios con afectaciones, suman más de 8.000 personas damnificadas y otras 75.300 afectadas. Asimismo, más de 300 personas resultaron evacuadas y 2 personas fallecieron, según datos al 27 de agosto. Con esta información se evidencia la vulnerabilidad y desprotección de las personas que se vieron forzadas a dejar sus hogares y, con ello, también su cultura y forma de vida; lo que indudablemente se encuentra ligado a la situación de enfrentar un futuro incierto.
Por otro lado, también se reportó que Centrales indígenas de los municipios más vulnerables resultaron afectadas directamente por líneas de fuego, además de afectaciones a las escuelas. Sin duda es una problemática alarmante, pues se evidencia una clara vulneración a Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en Tratados Internacionales ratificados por el país.
Según Leoncio Chávez Salvatierra, cacique de Participación Ciudadana y Economía Indígena de la Central Indígena Paiconeka – San Javier, en cuatro comunidades del Territorio Monte Verde, alrededor de 300 personas se vieron obligadas a salir hacia el centro urbano de San Javier huyendo del incendio y del humo que azota a esas comunidades chiquitanas.
“Necesitamos ayuda de la Gobernación y del Gobierno Nacional, si bien llegó la ayuda para el Comando Conjunto, pero se retiraron y hasta el momento no han respondido si van a enviar alimentación o medicamentos, no contamos con eso. Ellos están para apoyarnos, San Javier se declaró en desastre, pero solo una vez nos han traído ayuda”, explicó el cacique.
En suma, se afirma que ante esta desprotección y vulnerabilidad, el gobierno debe cumplir la función que le asiste como garante de Derechos Humanos e implementar medidas eficaces que pongan fin a los incendios y garantizar a las personas desplazadas el goce de sus derechos a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano y el acceso a los servicios básicos; derechos que, en su conjunto, significan el ejercicio de una vida digna.
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Luciana B. Miranda Serrano es integrante del colectivo de defensores de Derechos de Chuquisaca, investigadora y estudiante de Derecho.
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