En Bolivia desde el 2010, se han intensificado la materialización políticas extractivistas en actividades hidrocarburíferas, mineras y agroindustria, para ello, el Gobierno actual ha cedido a demandas de las transnacionales, empresarios ganaderos y agroindustriales, flexibilizando leyes y decretos que afectan y destruyen el medio ambiente, violando los derechos de la Madre Tierra.
El Gobierno pasó de ser defensor de los derechos de la Madre Tierra a convertirse en promotor de la violación de los mismos, puesto que no existe política extractiva que sea compatible con la protección, cuidado y defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Es más, la explotación irracional de los recursos naturales se ha convertido en prioridad del Órgano Ejecutivo, en tanto opción irrenunciable para generar ingresos y sostener el rentismo a título de “redistribución de la riqueza entre el pueblo”.
El Gobierno debe responder por la masiva e irremediable pérdida de biodiversidad (flora y fauna) de la Chiquitanía, pues fue él quien incentivó la sistemática deforestación al promulgar normas que dieron origen al desastre ambiental y/o ecocidio que se vive en la zona de desastre. Las leyes perversas del perdonazo por desmontes ilegales (Leyes: 337, 502 y 739), la de autorización de desmonte (Ley 741 y Decreto Supremo 3973) en Beni y Santa Cruz, fomentan y están orientadas a la ampliación de la frontera agrícola para la producción de soya transgénica con fines de exportación e insumo para biodiesel; además de ampliar el hato ganadero, para la exportación de carne vacuna a China.
Queda claro que el Gobierno seguirá la senda del extractivismo, es más no tiene ningún reparo en reconocer que impulsan un “Estado Extractivista”, cuando el propio Presidente Evo Morales, se extrañó -en tono burlesco- que los partidos políticos replanteen sus programas señalando “la derecha no quiere aprovechar los recursos naturales”. En suma, en un Estado depredador de los recursos naturales, las personas y seres vivos que habitan en el mismo, no gozamos de las mínimas garantías para ejercer el derecho “a un medio ambiente sano, protegido y equilibrado” como lo dispone el artículos 9, 30 (núm. 10) y 33 de la Constitución Política del Estado. A ello se suma, la permanente indefensión a la que están librados los derechos de la Madre Tierra, no tienen mecanismos procesales administrativos ni jurisdiccionales, para hacer valer sus derechos, quedando en mera retórica el carácter de sujeto colectivo de interés público (Art. 5 de la Ley 071).
Los bosques de la Chiquitanía, hoy representan una Madre Tierra herida de muerte, devastada y camino a una inminente extinción, si asumimos el carácter femenino de la naturaleza -pues representa vida-, estamos presenciando un feminicidio más, a lo cual el Estado no dará respuesta ni solución alguna, pues es quien lo promueve. Si aún se quiere hacer algo por restaurar la Chiquitanía, no será suficiente la declaratoria de Pausa Ecológica, pues los comerciantes de tierras, no perderán un segundo en instalar sus redes de tráfico de tierras, así como promover asentamientos ilegales.
Finalmente, para restaurar y precautelar lo que queda de la Chiquitanía y otras áreas protegidas y de bosque del oriente boliviano, no solo debe abrogarse la Ley 741 y Decreto Supremo 3973, sino además debe sancionarse con pena de cárcel de hasta 30 años, a quien intente fomentar actividades ilegales -sean agropecuarias, compra y venta de tierras, hasta asentamientos humanos- en las zonas afectadas, además de medidas de restauración ecológica de largo plazo, que permita recuperar la fauna y flora del Bosque Seco Chiquitano, que ya lo dijeron los biólogos, se requiere más de un centenar de años para recuperar ese pulmón ecológico que representa VIDA.
Lic. Sergio Vásquez
Director Ejecutivo de CENDA
