El Espacio Cívico es la base de cualquier sociedad abierta y democrática. Cuando está abierto, los ciudadanos y las ciudadanas, las organizaciones de la sociedad civil son capaces de organizarse, participar y comunicarse sin barreras. Al hacerlo, ellos son capaces de reclamar sus derechos y de influenciar las estructuras políticas y sociales en torno a ellos. Esto sólo puede suceder cuando un estado cumple su deber de proteger a sus ciudadanos y respetar y facilitar sus derechos fundamentales a asociarse, reunirse pacíficamente y expresar libremente sus ideas y opiniones. Estos son los tres derechos fundamentales que aseguran un entorno propicio para la sociedad civil.
En ese marco, el Observatorio de Defensores implementado por la red UNITAS, empleando la metodología del Monitor CIVICUS, analiza el grado en que los tres derechos fundamentales están siendo respetados y fomentados en el país, y el grado en que el Estado garantiza los derechos de la sociedad civil. El Observatorio triangula los informes y análisis del espacio de la Sociedad Civil desde diferentes fuentes, y proporciona actualizaciones periódicas para transmitir de forma precisa el panorama de las condiciones del entorno en el que las OSC desarrollan su labor, tomando en cuenta los factores y niveles de sostenibilidad política y legal, la disponibilidad y la calidad de los canales para el diálogo democrático con el gobierno, y la confianza pública que existe hacia ellas.
El Informe 2019 refleja la situación de las libertades fundamentales en Bolivia, centrándose en los elementos básicos para la defensa de la sociedad civil, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos, creando conciencia sobre la situación y el contexto en el que las organizaciones defensoras de derechos, desarrollaron su acción.
La verificación y validación de las fuentes de información que se reproducen y procesan en el Observatorio, constituye el elemento clave para dotar a la sociedad boliviana de datos que corroboran que el espacio cívico en el año 2019 mantuvo la categoría de valoración de “Obstruido” (las autoridades, imponen una combinación de impedimentos legales y prácticos en el pleno disfrute de los derechos fundamentales) con rasgos de “Restringido” (los activistas y defensores/as y organizaciones de la sociedad civil críticas al Gobierno están en constante riesgo, sufren acoso, persecución e intimidación) y en los meses de octubre y noviembre “Cerrado” (existe un cierre – en la ley y en la práctica – del espacio cívico. Prevalece una atmósfera de miedo y violencia, el Estado y otros actores no estatales son rutinariamente responsables de encarcelar, herir y matar a la gente con altos índices de impunidad.)
El informe combina datos de una variedad de fuentes y la información se organiza en bloques referidos a la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y derecho a la protesta, y a la institucionalidad democrática, principalmente referidos al periodo de la crisis política vivida en el país a raíz del fraude electoral cometido por el gobierno del Movimiento al Socialismo que generó la transición constitucional para encaminar nievas elecciones nacionales.
De este modo, el informe 2019 ofrece un panorama amplio de información y análisis que anima a reflexionar sobre el estado del espacio cívico en el país, y sobre los desafíos que como organizaciones defensoras de derechos debemos afrontar para promover la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia.
Esperamos que el informe sea un recurso valioso para abrir espacios de debate, comunicar, entender y acompañar los problemas del entorno y establecer un diálogo democrático que ayude a comprender la complejidad de un país que tiene la oportunidad de reconstruirse desde las bases de participación ciudadana que han resurgido en todo el territorio boliviano, de establecer lazos de convivencia pacífica y de vivir en democracia en un Estado de Derecho que garantice el ejercicio de libertades fundamentales y de todos los derechos humanos de bolivianos y bolivianas, encaminando verdaderas transformaciones sociales.
Susana Eróstegui
Directora Ejecutiva de UNITAS