Personas con discapacidad analizan la exclusión educativa. Foto: Sumando Voces
La vida misma es difícil para las personas con discapacidad, pero la educación es además excluyente. Según estudios realizados sobre el acceso al sistema educativo, las escuelas están pobladas de barreras físicas, no aplican programas específicos para esta población, mientras que los y las maestras no reciben capacitación para impartir conocimientos a las personas con discapacidad. Todo ello deriva en una alta deserción escolar o, en casos peores, a que las personas con discapacidad no accedan a ningún tipo de educación a lo largo de su vida.
Un estudio presentado por la Defensoría del Pueblo el 2022 estableció que en Bolivia existen más de 90 mil personas con discapacidad registradas en el Sistema del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprunpcd), de las cuales, el 30% no tiene ningún acceso a educación, el 35% cursaron el nivel primario, el 15% llegaron a la secundaria, el 4% lograron una formación técnica y sólo el 3% alcanzó estudios universitarios. En estos datos se incluyen a las y los estudiantes de las escuelas especiales como de las regulares.
Además, un estudio encargado por UNITAS este año, enfocado a La Paz, estableció que en el municipio de La Paz, en el sistema regular, se produjo en 2022 un índice de abandono del 8,5%, un porcentaje que salió del promedio de los niveles inicial, primaria y secundaria.
Los números son importantes para conocer la realidad, pero los testimonios hablan por sí solos.
Por ejemplo, Mariel Silvana Jiménez, una joven que nació con discapacidad motora, sufrió todo tipo de discriminación en escuelas de La Paz, hasta que, por persistencia de ella misma y de su padre, Luis Alberto Jiménez, logró salir bachiller.
“Tengo discapacidad física motora, tengo 29 años. Faltan políticas (públicas) en todo ámbito para todas las personas con discapacidad física motora severa”, dice Mariel en una entrevista con Sumando Voces.
En el transcurso de su formación, fue enviada a pasar clases al tercer piso, pese a que no podía subir ni bajar gradas; luego la bajaron al primer piso, pero era tal el maltrato de sus compañeros que la volvieron a subir al tercer piso. Su padre tuvo que asistir a la escuela con ella para subirla a clases, para bajarla al baño que estaba en la planta baja, para volverla a subir a clases y para que pudiera bajar al patio para el recreo.
Cuando finalmente llegó una directora que comprendía la situación la trasladó a la planta baja, pero la reacción de las y los estudiantes, madres y padres de familia fue tan adversa que declararon al padre de Mariel “persona no grata” para la escuela.
Mariel entiende todo, pero no puede escribir con rapidez, por lo que su desempeño no era el esperado por las y los profesores. Finalmente, por consejo de su padre, Mariel optó por retener todo lo aprendido en su cabeza y una vez en su casa, hacer las tareas escritas a su ritmo. Así es como logró salir bachiller.
Justamente, los problemas en las escuelas es que están llenas de barreras y perjuicios o preconcepciones de que todas las personas con discapacidad no pueden estudiar. Según el estadio de la Defensoría del Pueblo, el 82% de las escuelas no cuentan con espacios amplios para el desplazamiento de los estudiantes con discapacidad motora, el 92% no dispone de barandas de apoyo, el 69% no cuenta con lavamanos adaptados para esta población y el 69% no tiene rampas.
Maestros/as y programas, a contramano
Otro de los problemas de la educación es la carencia de programas adecuados para las personas con discapacidad e incluso la falta de capacitación de maestros y maestras.
Ana María Sosa tiene una nieta en edad escolar, llamada Odette, que ha tropezado con este problema en La Paz. Luego de que Odette recuperó el 70% de la movilidad de su cuerpo y por recomendación médica, Ana María decidió llevarla a la escuela, pero el recibimiento fue “fatal” y “violento”, al punto que una maestra organizó a otras madres para que rechazaran a la nueva estudiante, cuenta Ana María a Sumando Voces.
La maestra habría explicado que ella debía cumplir un programa y, con una niña con discapacidad, no podría lograrlo. El caso fue a parar a la dirección del colegio, donde finalmente otra maestra aceptó hacerse cargo de la educación de Odette, pero a pesar de la buena voluntad, esta maestra “no podía enseñarle, no podía hacer adaptaciones (al programa)”, cuenta Ana María Sosa.
Según el estudio de la Defensoría del Pueblo, el 33,3 de los establecimientos consultados, “no aplica ningún currículo específico, ni adaptaciones curriculares, pese a existir estudiantes con discapacidad” en sus aulas. El 25% afirma que se aplica un currículo específico para los niños con discapacidad y el 41% señala que aplica el currículo regular con adaptaciones.
Respecto a las y los maestros, el 56% de los consultados indicaron que no reciben capacitaciones de ninguna institución para educar a personas con discapacidad, el 20% señalaron que reciben capacitaciones de instituciones públicas y 7,7% reciben capacitación por parte de instituciones de la sociedad civil.
“Esta situación demuestra que tanto el Ministerio de Educación, las direcciones departamentales y distritales de educación no están asumiendo con cabalidad su responsabilidad de velar y promover que las maestras y maestros de las unidades educativas fiscales y de convenio reciban formación continua y capacitación pertinente y específica en educación inclusiva”, indica el documento de la Defensoría del Pueblo.
Hay que recordar que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24 establece que “la educación inclusiva como mecanismo para asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad debe asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles”.
Este instrumento internacional agrega que, para garantizar este derecho, las personas con discapacidad “no pueden ser excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad”.
La legislación boliviana, empezando de la Constitución Política del Estado, tamsbién garantiza la educación para todos/as los bolivianos, aunque la ley no siempre se cumple en el caso de las personas con discapacidad.
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