Los estados partes del Acuerdo de Escazú aprobaron esta semana un plan de acción de cuatro ejes, para su ejecución durante seis años, destinado a la protección de las defensoras y defensores de derechos ambientales de los países miembros, entre los que se encuentra Bolivia.
El plan se estructura en cuatro ejes prioritarios interrelacionados y complementarios entre sí: generación de conocimiento; reconocimiento; fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción, y evaluación, seguimiento y revisión. A su vez, cada uno de los ejes prioritarios incluye un conjunto de acciones estratégicas que se propone impulsar para el logro de los objetivos.
La decisión se adoptó durante la tercera reunión de la Conferencia de las Partes, que se celebró en Santiago de Chile esta semana.
El objetivo del Plan de Acción es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. El artículo 9 del tratado establece, entre otras cosas, que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Y que deberá tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
Mientras que el plan que acaba de ser aprobado “procurará la acción estatal en todos sus niveles (nacional, federal, subnacional y local, según corresponda), incluidos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ii) facilitará los medios para la implementación nacional en el marco dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo de Escazú”.
En la última década, casi 2.000 personas que defienden el ambiente fueron asesinadas en el mundo, y 3 de cada 4 de esos asesinatos sucedieron en algún país de América Latina y el Caribe, aseguró Marcelo Cousillas, Director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay y Presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, en la inauguración de la COP 3 el lunes.
El Plan de Acción fue preparado por un Grupo de Trabajo de composición abierta con la significativa participación del público, especialmente de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, coordinado por Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis, y sometido a consideración de los 15 Estados Partes del Acuerdo. Su plazo de ejecución es de seis años: de abril de 2024 a abril de 2030.
Durante la sesión, delegados de gobiernos, funcionarios internacionales y representantes del público y de los Pueblos Indígenas coincidieron en que, además de dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo, el Plan de Acción era de máxima urgencia y relevancia política para América Latina y el Caribe, y un imperativo ético insoslayable, dada la dramática situación que viven las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región.
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