EPU: El Gobierno rechazó la recomendación internacional de restituir la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH

Derechos Humanos

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Mery Vaca

De izquierda a derecha: Ruth Alipaz, Claudia Terán y Zulema Alanes.

Entre las 20 recomendaciones rechazadas por el Estado boliviano en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) se encuentra aquella que pide que se reabra la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó la representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Ruth Alipaz.

“Preocupa que rechaza de plano la posibilidad de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU tenga presencia en Bolivia. Entonces, eso se entendería como que el Estado boliviano no quiere una presencia de un árbitro para que esté viendo de cerca cómo avanza Bolivia en los derechos humanos”, dijo Alipaz en el más reciente programa Sumando Voces en Directo, del que participó junto a la coordinadora del programa Defensores de UNITAS, Claudia Terán; y la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.

En diciembre de 2017, el Alto Comisionado cerró su oficina en Bolivia, luego de la gestión de Denis Racicot y hasta ahora no ha sido restituida. En su argumentación, el Estado señala que la presencia o no de esta oficina “no determina el cumplimiento de los Derechos Humanos” en el país y que se continúa trabajando con la Oficina Regional de Naciones Unidas.

Además de las recomendaciones rechazadas o “anotadas” como técnicamente se llama esta acción, las tres representantes de la sociedad civil advirtieron que pese a que el Estado acepta recomendaciones de diversos países en el marco EPU luego no las cumple, como sucedió en el ciclo realizado en el año 2019.

Alipaz, por ejemplo, señala que entre las recomendaciones del anterior ciclo que fueron aceptadas y que no se cumplieron están la consulta previa, el derecho a la información, entre otras, que en este ciclo se están repitiendo “porque realmente el Estado boliviano no ha avanzado en su implementación y nosotros en los territorios seguimos viviendo esas esas vulneraciones a nuestros derechos eh fundamentales”.

Claudia Terán pone también el ejemplo la modificación de la Ley 351, que es una recomendación que ya venía desde el ciclo del 2019, pero que no fue cumplida y, este 2025, simplemente quedó anotada, es decir, como no prioritaria. Esta ley, según dijeron las representantes, restringe el derecho a la libertad de asociación porque pone trabas para el funcionarios de las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil.

“Había una recomendación vinculada a modificar la ley 351, la hizo Suecia que como Estado siempre está preocupado de estos temas vinculados a las libertades fundamentales, y sí, estaba aceptada para su cumplimiento, pero no hubo ningún avance”, señala Terán en el programa.

Justamente Alipaz expresa preocupación por la no modificación de la 351 porque “hanusado esta ley para expulsar ONGs de Bolivia y todavía se usa para criminalizar el derecho a la libre expresión, al trabajo de los periodistas, de defensores de derechos”.

En coincidencia, Zulema Alanes dice que “Bolivia elude no solamente los compromisos sobre protección de derechos humanos en general ante la comunidad internacional, sino que, incluso, cuando admite las observaciones del examen periódico universal en anteriores gestiones, no las cumple”.

Claudia Terán comenta que hubiera sido un buen signo que el Estado acepte las recomendaciones de otros EPUs para alinearse con estándares internacionales en materia de derechos.

Pese a todo, destaca que se hubieran aceptado 254 recomendaciones, porque “no olvidemos que la ruta que sale de las recomendaciones que acepta el Estado son la agenda de derechos humanos en el país”.

Bolivia recibió 275 recomendaciones por parte de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De acuerdo a la respuesta del Gobierno, 254 fueron apoyadas o aceptadas, 1 parcialmente aceptada y 20 fueron “anotadas” o rechazadas.

Acceso a la información y periodistas

El otro tema preocupante, expresa Alipaz, es la falta de acceso a la información y que tiene que ver justamente con la negativa del Gobierno a asumir un compromiso para aprobar una ley en esta materia.

Alipaz dice que no se puede acceder a información de instituciones clave del Estado, como la AJAM, o el Sernap, donde están los datos referidos al medio ambiente.

“Entonces, es preocupante que estas recomendaciones no hayan sido adoptadas por el gobierno”, señala.

Alanes considera que “el Estado no solamente elude su responsabilidad de protección a periodistas, el derecho de acceso a la información, entre otros, sino que en su sustentación no es transparente y no entrega a la comunidad internacional toda la información”.

Indica que, en el caso de los periodistas, el Estado acepta cinco de nueve recomendaciones internacionales, pero rechaza la creación de un mecanismo nacional de protección para periodistas y defensores de derechos así como la aprobación de una ley de específica de acceso a la información.

Y, el caso es preocupante porque, según señala, este mecanismo ya estaba formulado como una recomendación en el  informe del GIEI (CIDH) sobre los hechos de 2019.

¿Qué dice el Gobierno?

Durante la adopción del informe de Bolivia, en el Consejo de la ONU, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, dijo que las recomendaciones que fueron “anotadas” “recaen en aquellas cuya implementación requiere un análisis más profundo por estar sujetas a principios constitucionales, marcos normativos internos o realidades estructuradas”.

Según dijo, Bolivia “mantiene su firme compromiso y voluntad con el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección y promoción de derechos humanos, la institucionalidad democrática, el respeto a la diversidad y el principio de no discriminación”.

Terán asegura que no hay impedimentos constitucionales para cumplir las recomendaciones y, si las hubiera, se aplicaría el estándar internacional de manera preferente.

Agrega que, no sólo eso, sino que son recomendaciones vinculantes, porque previamente fueron formuladas por organismos internacionales como la Corte IDH.

Puedes ver el programa completo aquí:

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