Claudia Terán
Cada 1 de octubre, el mundo celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha que nos invita a reflexionar sobre los retos y avances en la protección de los derechos humanos de esta población en crecimiento. En Bolivia, como en muchas partes del mundo, las personas mayores enfrentan desafíos específicos que requieren una respuesta urgente desde el ámbito de las políticas públicas y los derechos humanos.
El envejecimiento de la población en Bolivia es un fenómeno que merece atención prioritaria. En 2017, la población de personas adultas mayores (60 años o más) alcanzó aproximadamente las 996,415 y se proyecta que para 2030 representarán el 11,5% de la población total del país. Este crecimiento demográfico plantea desafíos importantes, tanto a nivel de políticas públicas como en la protección de sus derechos humanos. En este contexto, garantizar que las personas mayores vivan con dignidad y en un entorno libre de discriminación es crucial.
Además, Bolivia tiene una esperanza de vida promedio de 72,5 años, con una notable diferencia entre géneros: 69,1 años para los hombres y 75,9 años para las mujeres. Este dato subraya la necesidad de enfoques diferenciados en las políticas de envejecimiento, especialmente considerando que las mujeres mayores pueden enfrentar formas específicas de discriminación, tanto por su género como por su edad.
A medida que la población de adultos mayores crece, Bolivia debe trabajar en fortalecer su sistema de seguridad social, garantizar el acceso universal a la salud, y promover un envejecimiento activo y digno para todos.
En este contexto, es crucial reconocer que la discriminación por edad o «edadismo» es una barrera latente que afecta el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores. El edadismo genera violencia, maltrato y exclusión, y está profundamente arraigado en actitudes culturales que desvalorizan a las personas mayores, privándolas de oportunidades de participación activa en la sociedad. Este fenómeno de discriminación puede ser aún más grave cuando se entrelaza con otros factores, como el género, la etnicidad o la discapacidad, lo que genera una «discriminación múltiple» o interseccional.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Bolivia, establece estándares claros en materia de igualdad y no discriminación para esta población. Sin embargo, la implementación efectiva de estos derechos sigue siendo un desafío. Las personas mayores deben gozar de acceso pleno a la salud, seguridad social, movilidad y participación comunitaria, entre otros. La falta de datos representativos sobre sus condiciones de vida es otro factor que obstaculiza la creación de políticas públicas eficaces y dirigidas.
Es importante subrayar que el envejecimiento no es sinónimo de dependencia o fragilidad. Por el contrario, muchas personas mayores continúan contribuyendo activamente a sus comunidades y familias. Reconocer su valor y garantizar su autonomía debe ser un objetivo prioritario. En este sentido, la promoción de un envejecimiento activo y digno no es solo un asunto de justicia, sino también una cuestión de derechos humanos. Las personas mayores tienen derecho a decidir sobre su propio bienestar, a expresar sus opiniones y a participar plenamente en la vida social, económica y política del país.
En Bolivia, es necesario reforzar los sistemas nacionales de protección que permitan un envejecimiento activo y saludable, brindando los apoyos y cuidados necesarios para que las personas mayores puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. El reconocimiento de la diversidad dentro de este grupo, incluyendo mujeres mayores, indígenas, personas LGBTI y aquellas en situación de pobreza, es fundamental para evitar que se perpetúen las vulnerabilidades históricas que los han afectado.
Que el Día Internacional de las Personas de Edad nos permita visibilizar y combatir las formas de discriminación que enfrentan las personas mayores en Bolivia. Es un llamado a la acción para que, desde todos los sectores, se trabaje en la creación de un entorno más inclusivo, donde se respeten y promuevan los derechos de esta población, asegurando que cada persona mayor pueda vivir con dignidad y autonomía.
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Claudia Terán es abogada especialista en Derechos Humanos.
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