Encuentro internacional aborda las estrategias de protección de los pueblos en aislamiento. Foto: CEJIS
Con datos de CEJIS
Un encuentro del Grupo de Trabajo Internacional para la Protección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI PIACI), que está integrado por representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, realizado el 12 de junio en Santa Cruz, Bolivia, demandó la protección y el derecho de existir de estas poblaciones que, en el caso de América del Sur, son 188 registradas.
En el encuentro además se presentó el Informe Regional de Metodología, coordinado por Antenor Vaz, que compendia los procedimientos ejercitados en cada país para reconocer la existencia de estos pueblos.
“La decisión por el aislamiento no es fácil ni voluntaria”, dijo Antenor Vaz, coordinador del libro y miembro del Grupo, porque la relación que tiene ese pueblo con la sociedad es “traumática” o ha llevado a sus miembros, en el pasado, a la muerte.
Un ejemplo de esta relación “traumática” es la del pueblo Ayoreo que vive en la frontera entre Paraguay y Bolivia. Luis María de la Cruz, de Iniciativa Amotocodie del Paraguay, presentó mapas de la deforestación en el Chaco del vecino país (1927-2005 y 2005-2024) que muestran una drástica reducción del «mundo ayoreo”.
Los grupos Ayoreos en aislamiento sobreviven en los «intersticios» de bosque restantes entre las estancias ganaderas y en los parques nacionales, que se han convertido en sus refugios.
Del lado boliviano, estos grupos tienen todavía un espacio en la zona del área protegida Ñembi Guasu, creada por el gobierno indígena Charagua Iyambae, pero también están amenazados por la anunciada construcción de una carretera que es impulsada por los gobiernos subnacionales de ambos países.
El pueblo ayoreo es solo un caso. En el marco del Encuentro Internacional, Antenor Vaz explicó que, “en 2019, el GTI PIACI hizo un primer levantamiento y recopilación de quiénes son, dónde están y cuántos son”. Hasta hoy se sabe de 128 registros de pueblos indígenas en aislamiento en América del Sur, dijo Vaz, pueblos “no reconocidos, que no existen, que no son sujetos de derechos, que no tienen protección para sus vidas y territorios”. Y esa negación impide iniciar un proceso de definición territorial para estos pueblos.
En contraposición, existen 60 pueblos reconocidos en la cuenca amazónica y Paraguay, y en algunos países como Ecuador y Bolivia se tiene legislación constitucional generada y vigente a pesar de las condiciones adversas para llevarla a la práctica.
Protección
Para Miguel Vargas, del CEJIS, el reto para proteger a los pueblos en aislamiento tiene que ver con “crear una normativa específica de áreas de resguardo o reservas territoriales no solo como zonas de protección pasiva, sino como espacios vitales adaptados a formas de vida nómadas y seminómadas”. Aunque el argumento legal ya está dado por la CPE, todavía no se reconoce la progresividad y la irretroactividad de sus postulados, lo que implica que ningún nuevo gobierno podría eliminarlo.
Enrique Vela compartió la experiencia de Ecuador en la protección de los PIACI, destacando la importancia de comprender la «territorialidad» más allá del concepto de «tierra». En ese país hay dos pueblos aislados reconocidos, los Tagaeri y Taromenani, y dos grupos más en investigación.
Vela enfatizó que la Constitución ecuatoriana reconoce los territorios ancestrales como inalienables e intangibles, donde las actividades extractivas están prohibidas y se respeta la autodeterminación de estas poblaciones.
En Colombia se han establecido zonas de resguardo, y se ha desarrollado una investigación de larga data sobre los pueblos en aislamiento. Germán Mejía, de Amazon Conservation, relató que, sobre los pueblos indígenas en estado natural, así llamados en ese país, se han desarrollado estudios que incluyen entrevistas con todo tipo de actores, lo que después de décadas ha permitido configurar una cartografía de la presencia de estas sociedades.
Actualmente se realizan estudios con apoyo de imágenes satelitales, pero se han utilizado todo tipo de instrumentos, aunque son centrales las entrevistas con las comunidades locales y con los ancianos que conocen, porque han andado, sus territorios.
En general, Antenor Vaz criticó el hecho de que los Estados priorizan los intereses económicos (un modelo agroextractivista exportador) sobre los derechos ya constituidos, lo que lleva a la flexibilización de las leyes. Y enfatizó en que, si bien la protección de estos grupos significaba en el pasado buscar el contacto, ahora se privilegia el no contacto para respetar la decisión de estos pueblos, respetar su derecho a la autodeterminación y vigilar el principio de precaución o la consideración de un freno jurídico para rechazar situaciones concretas, como la construcción de carreteras o megaproyectos, si hubiera presencia de aislados.
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