Poblaciones indígenas durante el encuentro indígena. Foto: CEJIS
Organizaciones indígenas, originarias y campesinas de Bolivia exigieron la inmediata abrogación de la Ley 1720 de conversión de pequeña propiedad agraria en mediana tras considerarla inconstitucional, inconsulta y que amenaza directamente a los derechos territoriales. El manifiesto fue emitido al cierre del Encuentro Nacional por la Tierra y Territorio desarrollado el 13 y 14 de abril en Santa Cruz. Los líderes y lideresas advirtieron que, de no atenderse su demanda en un plazo de 48 horas, iniciarán movilizaciones en todo el país.
El pronunciamiento señala que la normativa fue aprobada sin consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y podría abrir paso a la individualización de territorios colectivos, la reconcentración de la tierra y el avance del agronegocio sobre territorios indígenas y campesinos.
Las organizaciones alertaron que la Ley 1720 forma parte de un conjunto de políticas impulsadas por el Órgano Ejecutivo orientadas a facilitar la explotación de recursos naturales como minerales, hidrocarburos y litio, así como proyectos de infraestructura, sin garantizar el respeto a los derechos territoriales ni a estándares internacionales de derechos humanos.
En ese contexto, también denunciaron su exclusión de los debates sobre políticas públicas relacionadas con tierra, territorio, recursos naturales y cambio climático, cuestionando la falta de voluntad política para reconocer plenamente el carácter plurinacional del Estado.
Como parte de las resoluciones, el encuentro definió una agenda política que incluye la articulación de organizaciones a nivel nacional, la creación de una plataforma de demandas conjuntas y la promoción de acciones legales, entre ellas la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1720 y la solicitud de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el eje territorial, se acordó fortalecer las movilizaciones en curso —particularmente en Pando y Beni— y conformar una Comisión Interterritorial Indígena para enfrentar la normativa, defender la pequeña propiedad y frenar la concentración de tierras.
Respecto al cambio climático, las organizaciones rechazaron iniciativas vinculadas a mercados de carbono que, según indicaron, buscan mercantilizar los territorios sin consulta ni beneficios reales para las comunidades, además de oponerse al proyecto de ley sobre créditos y emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, demandaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional el tratamiento de normas favorables a los pueblos indígenas, como la Ley de la Amazonía Bruno Racua, la Ley de Bosques y Otros Sistemas de Vida, la Ley del Agua y la normativa de gestión pública para autonomías indígenas, además de retomar la abrogación de las denominadas “leyes incendiarias”.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la unidad y a la defensa activa de los territorios frente a lo que consideran políticas regresivas, advirtiendo que no permitirán que la crisis económica del país se resuelva a costa de sus derechos y territorios.
Aquí puede leer el pronunciamiento:
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