Afectación por los incendios en el área protegida Ñembi Guasu. Foto: Ahora el pueblo.
El Tribunal Agroambiental mantiene la pausa ecológica en el área protegida Ñembi Guasu, ubicada en el territorio autónomo indígena guaraní Charagua Iyambae, en Santa Cruz. La decisión frena los intentos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y los asentamientos irregulares de reactivar actividades dentro de este territorio, así lo informó la asesora legal de Nativa, Verónica Rocha, en el streaming El Faro.
“Estamos muy contentos porque el Tribunal (Agroambiental) ha sostenido lo que ya determinó el Tribunal de Camiri. Ha ratificado la pausa ecológica y ha negado todos los recursos de casación presentados por los demandados (INRA, ABT y asentados). Esto nos hace presumir que lo que viene es una sentencia final positiva a favor de Ñembi Guasu”, explicó Rocha, una de las impulsoras de la acción preventiva presentada en 2021 por una Plataforma Interinstitucional junto al Gobierno Autónomo de Charagua Iyambae.
Ñembi Guasi es considerado una de las áreas protegidas más importantes del país por su biodiversidad y por albergar a pueblos ayoreos en aislamiento voluntario.
La pausa ecológica impide al INRA otorgar nuevas dotaciones de tierra y a la ABT autorizar desmontes, chaqueos o quemas en el área protegida. “Esto es clave para garantizar que se cumpla el plan de manejo y que se respete el estatus legal de esta área protegida”, señaló Rocha.
Ñembi Guasu es la más nueva y una de las más extensas áreas protegidas del país. Con más de 1,2 millones de hectáreas, representa el 80% del territorio de Charagua Iyambae, la primera autonomía indígena de Bolivia, reconocida en 2016 tras un proceso de referéndum. Esta forma de gobierno otorga a las comunidades mayor potestad sobre la gestión de sus recursos y el manejo de su territorio, bajo un modelo participativo que incluye órganos ejecutivos, legislativos y de control, con autoridades que rotan cada tres años.
Charagua es un ejemplo de cómo se puede gobernar con visión de futuro. «(La autonomía de Charagua) es un modelo a nivel Latinoamérica. A través de un referéndum que aprueba un estatuto autonómico, el gobierno de Charagua y sus pobladores definieron que el 80% de su territorio sea área protegida», destacó la asesora legal de Nativa.
El área protegida no solo es un refugio para especies emblemáticas como el jaguar, sino también parte de la llamada “Ruta del Jaguar”, un corredor ecológico que conecta Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Además, dentro del territorio se encuentran comunidades ayoreas en aislamiento voluntario, cuya existencia está protegida por normas nacionales e internacionales.
Rocha señaló que, si en Bolivia se hiciera respetar el Estado de Derecho y las leyes vigentes, el estatuto autonómico indígena bastaría para frenar proyectos como la carretera internacional que busca conectar Paraguay, Bolivia y Argentina. Dicha vía, advirtió, dividiría en dos el área protegida y facilitaría la legalización de asentamientos ilegales.
Actualmente se estima que dentro del área existen al menos 85 asentamientos humanos. La apertura de una carretera podría incentivar nuevas ocupaciones y agravar los incendios, un problema recurrente en la región. Rocha recordó que esas áreas son fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático, almacenar agua, oxígeno, biodiversidad y sostienen medios de vida de comunidades que dependen del bosque, como las que producen miel o artesanías.
La acción preventiva ambiental fue presentada en 2021 tras los «graves» incendios que afectaron Ñembi Guasu. Desde entonces, el proceso ha avanzado con base en pruebas «contundentes» de daño ambiental, sostuvo Rocha.
Ahora, lo único que queda es emitir una sentencia y por los resultados que vemos, presumimos que va a ser una sentencia positiva, que va a ser un hito para la conservación a nivel nacional e internacional y va a servir como referente y jurisprudencia. Y bueno, que la gente la piense dos veces antes de intervenir las áreas protegidas de manera ilegal, mediante asentamientos, incendios y otras formas de destrucción de la naturaleza», afirmó Rocha en El Faro.
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