Portada del texto del CEJIS
A más de quince años de la promulgación de la Constitución Política del Estado de 2009, el ejercicio del autogobierno indígena en Bolivia permanece atrapado en una compleja red de trámites y requisitos que han transformado un derecho fundamental en una extenuante carrera de obstáculos, así lo manifiesta Miguel Vargas Delgado, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), en su libro «¿Podemos ser autónomos? Entre la norma y el territorio: la autonomía indígena de base territorial en el Estado Plurinacional de Bolivia».
Aunque la Carta Magna marcó un hito al reconocer la libre determinación y la autonomía de base territorial, el estudio del CEJIS advierte que la implementación de este modelo atraviesa una «transición incompleta» donde las promesas constitucionales chocan contra una realidad administrativa restrictiva.
Vargas recuerda que esta lucha por el territorio no es reciente, pues hunde sus raíces en la exclusión de la Reforma Agraria de 1953, que trató a los indígenas bajo un régimen de tutela estatal, y tuvo su momento de mayor visibilidad en la histórica Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, que posicionó la demanda de autogobierno en la agenda nacional.
Pese a este bagaje histórico, la posterior Ley Marco de Autonomías «Andrés Ibáñez» configuró —señala el texto— lo que las organizaciones indígenas denominan un «camino tortuoso». Entre las barreras más críticas se encuentra la exigencia de una certificación de ancestralidad territorial, un trámite que obliga a los pueblos a demostrar su presencia precolonial mediante estudios técnicos, a pesar de que el Estado ya reconoció esa preexistencia en el artículo 2 de la Constitución. Asimismo, agrega, se imponen criterios de viabilidad gubernativa y bases poblacionales rígidas —como el mínimo de 10,000 habitantes en tierras altas— que no consideran la realidad demográfica de pueblos minoritarios y fragmentan el sentido de la libre determinación.
Las estadísticas reflejan la magnitud de este estancamiento administrativo: de un total de 40 procesos autonómicos iniciados en todo el país (incluyendo conversiones municipales y territorios), apenas «ocho o nueve han logrado consolidarse plenamente y elegir a sus autoridades a finales de 2025».
En la vía territorial, casos como el de Raqaypampa en Cochabamba, Jatun Ayllu Yura en Potosí y el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) en el Beni emergen como referentes que lograron superar el andamiaje legal, aunque solo tras años de gestiones y movilizaciones. Para la mayoría de los pueblos, dice Vargas, el acceso a la autonomía sigue siendo un proceso «incierto, prolongado y potencialmente costoso».
La investigación concluye que Bolivia sufre un proceso de «desconstitucionalización» de los derechos indígenas, donde leyes y reglamentos de menor jerarquía han restringido las facultades de autogobierno otorgadas por la Constitución. El Estado aún mantiene mecanismos de supervisión —como el control del Órgano Electoral sobre la democracia comunitaria— que condicionan la voluntad de los pueblos a criterios técnicos externos, reproduciendo esquemas de tutela colonial incompatibles con un Estado Plurinacional.
El autor del libro refiere que, mientras no se revierta esta discrecionalidad administrativa y se respete la justicia y los procedimientos propios indígenas, la autonomía seguirá siendo una deuda histórica pendiente y una promesa constitucional que el Estado aún no logra saldar con sus pueblos fundacionales.
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