CEDLA
El presupuesto de la seguridad social de corto plazo en 2015, era de 5.590 millones de bolivianos (803 millones de dólares), mismo que se incrementó en 2017 a 9.296 millones de bolivianos (1.335 millones de dólares) lo que representa un aumento del 67% con relación al del año 2015.
Sin embargo, lo paradójico del funcionamiento de las Cajas de salud es que, contando con significativos recursos, éstos no fueron ejecutados íntegramente, considerando las necesidades de atención de salud existentes. Justamente, en el año 2015, el total de sus ingresos fue de 5.590 millones de bolivianos y sus egresos de 4.945 millones de bolivianos generando un saldo significativo de 645 millones de bolivianos (92 millones de dólares).
En el caso de la Caja Nacional de Salud que es la más grande del sistema de seguridad de corto plazo, en el mismo año, tuvo un ingreso de 3.330 millones de bolivianos (478 millones de dólares) y sus egresos fueron de 2.778 millones de bolivianos (399 millones de dólares), con un saldo sin ejecutar de 552 millones de bolivianos (79 millones de dólares) reflejo de una gestión ineficiente.
En el sector público
En la gestión 2017, el mayor monto de su presupuesto fue destinado al pago de sueldos y salarios con 2.874 millones de bolivianos (412 millones de dólares) transferidos a los SEDES. En contraste, otros rubros de mayor importancia tienen menor asignación presupuestaria.
Precisamente, a las acciones referidas a la universalización del acceso a la salud se asignó un presupuesto menor de 1.592 millones de bolivianos (228 millones de dólares,) y un monto todavía más reducido a la inversión en salud de 508 millones de bolivianos (73 millones de dólares). Este monto es una cifra insuficiente para las necesidades de inversión en salud.
Sin embargo, el Gobierno indicó que, por la venta de bonos soberanos, el país contaría con 6.960 millones de bolivianos (1.000 millones de dólares) para inversiones en infraestructura hospitalaria que contribuirían con aproximadamente 5.200 nuevas camas, reduciendo en casi 50% el actual déficit de camas hospitalarias. De concretarse esta previsión, sería el proyecto más importante en cuanto al desarrollo de infraestructura del sistema público de salud se refiere.
En los municipios
En 1994, la Ley 1551 de Participación Popular transfirió a los gobiernos municipales la administración de la infraestructura de los centros de salud y de hospitales de segundo y tercer nivel y, la responsabilidad de su equipamiento y dotación de medicamentos e insumos. Posteriormente, la ley marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (Ley 031) transfirió a los gobiernos departamentales, la administración de los hospitales de tercer nivel y la responsabilidad de su equipamiento y dotación de insumos y medicamentos.
Para 1996, en este marco, se inició el proceso de implementación de seguros públicos dirigidos inicialmente a los grupos vulnerables de mujeres embarazadas y de niños menores de cinco años a través del DS 24302que dispuso la creación del Seguro Nacional Materno Infantil financiado con el 3,2% del 85% de los fondos de coparticipación tributaria para 32 prestaciones de salud.
En 1998 se promulgó el DS 25265 que creó el Seguro Básico de Salud con 92 prestaciones, financiado con el 6,4% del 85% de los fondos de coparticipación tributaria y del TGN, que se amplió con el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) establecido por la Ley 2426 aprobada en 2002 con el financiamiento del 10% del 100% de coparticipación tributaria y hasta el 10% de la cuenta del Diálogo 2000. Estos seguros marcan el inicio del modelo de Beveridge para financiar prestaciones en salud en nuestro país con recursos provenientes de fuentes impositivas.
También en 1998, mediante la Ley 1886, se creó el Seguro Médico Gratuito de Vejez para todos los mayores de 60 años que no tengan ningún seguro social o público. Fue financiado con una fórmula híbrida de “prima capitada” de 56 dólares anuales por asegurado, pagados semestralmente en un 60% por el TGN y 40% por los municipios; cubre todas las prestaciones en especie establecidas en el Código de Seguridad Social. Este modelo de financiamiento es una combinación del modelo bismarckiano al determinar una “prima” para cubrir todas las prestaciones establecidas en el Código mencionado y del de Beveridge por el pago efectuado con fondos de impuestos
En enero de 2006 se promulgó la Ley 3323 que transformó al de 1998 en el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) modificando el modelo de financiamiento al transferir la responsabilidad de administración de los recursos a los gobiernos municipales y autorizar el uso de recursos del IDH. De esta manera, este seguro se convirtió en un modelo clásico de Beveridge.
Para 2013 fueron fusionados el SUMI y el SSPAM mediante la Ley 475 de “Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia” financiado con el 15,5% de los fondos de coparticipación tributaria, TGN, IDH y con los saldos de la cuenta del Diálogo 2000, administrados en una cuenta municipal de salud. Con esta ley se crea el Fondo Compensatorio Nacional de Salud (COMSALUD) cuya administración fue encargada al Ministerio de Salud. Todas estas disposiciones mantienen el modelo de Beveridge para el financiamiento de los servicios de salud.
Desde el año 2007 se crearon varios seguros públicos promovidos por algunos gobiernos subnacionales como el de Tarija con el SUSAT y en el departamento del Beni el SUSA, junto con otros seguros escolares municipales en El Alto, Cobija, Carapari, Tomina y Villa Alcalá.
Todos estos seguros son loables en cuanto a su buen intento, pero, sin mayor trascendencia e impacto en los indicadores de morbimortalidad con excepción del SUSAT.
Destaca negativamente la baja inversión de recursos en infraestructura y en otros medios de atención de salud (no superan el 20%), tanto en el nivel central del Ministerio de Salud como en los gobiernos departamentales, municipales y en las entidades de la seguridad social. En 2015 los municipios contaron con un presupuesto de 2.913 millones de bolivianos (418 millones de dólares) de los cuales sólo el 18% fue destinado a la inversión.
