Sumando Voces
Ocho ministros del gabinete del presidente Luis Arce, entre ellos el ministro de economía, Marcelo Montenegro, se han beneficiado con una resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz, que suspende sus interpelaciones en la Asamblea Legislativa, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie en última instancia sobre el caso.
La medida, pese a que no es general ni indefinida, ha provocado la alarma de las bancadas opositoras, que han calificado este hecho como “dictadura gubernativa judicial” y como “golpe al Legislativo” porque se le está arrebatando una de sus principales atribuciones, que es la fiscalización.
Ante la ola de críticas, el vocal de la sala en cuestión, Israel Campero, ha salido a aclarar que la suspensión de las interpelaciones es provisional, que rige para los ocho ministros y no para todos, y que el TCP tiene la última palabra.
Sin embargo, el diputado de CC, Carlos Alarcón, ha señalado que se está sentando “un precedente gravísimo que constituye un atentado directo al derecho del pueblo a ejercer la fiscalización con las interpelaciones a través de la Asamblea Legislativa”.
La coincidencia de intereses entre los Órganos Ejecutivo y Judicial está derivando, según Alarcón, en “una dictadura gubernativa judicial”, que apunta a concentrar un poder absoluto en el gobierno de Arce.
Agregó que el Ejecutivo pretende actuar con un cheque en blanco que impide fiscalizar el abuso de poder, la corrupción y la violación de los derechos humanos.
El analista político Carlos Cordero considera que este fallo está creando un “conflicto entre órganos del Estado”, en este caso entre el Judicial y el Legislativo, aunque no cree que los legisladores vayan a acatar la suspensión tomando en cuenta que fue emitida por un vocal y, por tanto, no es una decisión en firme.
La noticia es tan insólita que Cordero la compara con un hecho sucedido en 1938, cuando un presidente eliminó, vía decreto, la figura del vicepresidente, en contra de lo que mandaba la Constitución. Tal es así que, en las siguientes elecciones, celebradas en 1940, sólo se eligió presidente y no vicepresidente.
Si esta decisión llegara a afianzarse, iría en contra de un modelo de democracia en el que existen mutuos controles entre el Ejecutivo y el Legislativo y, en ese caso, “estaríamos creando un modelo de un presidencialismo más duro, donde el Ejecutivo tiene una mayor preminencia sobre el Legislativo y el Legislativo ya no puede fiscalizar al Ejecutivo, estaríamos yendo a un modelo de democracia más autoritaria”, según Cordero.
La decisión judicial de suspender las interpelaciones ocurre luego de que la oposición y el evismo coincidieran en censurar al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a finales de junio. En aquella ocasión, sin embargo, el presidente Luis Arce volvió a posesionar a Del Castillo en el cargo y pasó por alto la censura que, según la Constitución, debe derivar en el relevo de la autoridad.
La decisión se basa en un supuesto vacío jurídico de la Ley 1350 que indica que el presidente “no podrá designar en este cargo a la ciudadana o ciudadano que hubiera sido objeto de censura por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en los tres (3) años posteriores a su destitución”.
La senadora de CC, Cecilia Requena, ha calificado la resolución judicial como un “un golpe ejecutivo y judicial conta el Legislativo y ha calificado al TCP como un “suprapoder sin control, impune e infame”, según escribió en su cuenta de Twitter.
