Foto ilustrativa de la cárcel de San Pedro de La Paz.
ANF
A pesar de los informes constantes y las recomendaciones persistentes, el Estado boliviano solo ha cumplido con cerca del 50% de las recomendaciones emitidas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), y sigue resistiéndose a aplicar aquellas de carácter estructural. Así lo denunció Juan Luis Ledezma, coordinador del MNPT, quien subrayó la falta de voluntad política y la debilidad técnica de los argumentos estatales para justificar su inacción.
“En términos generales, del lado del Mecanismo estaría llegando a un 50% el cumplimiento de las recomendaciones de parte del Estado; pero las más importantes, las recomendaciones estructurales, no tienen cumplimiento”, afirmó Ledezma en el programa de Sumando Voces que se abordó el tema “Tortura y tratos crueles bajo custodia policial”.
“Eso es algo que el Estado sigue negándose a cumplir y la mayor parte del tiempo se niega sin argumentos técnicos”, remarcó Ledezma.
La naturaleza persuasiva de las recomendaciones emitidas por el Mecanismo representa una de las principales limitaciones para su implementación. La fuerza de las recomendaciones por la naturaleza de la persuasión “siempre es un poco débil”, reconoció Ledezma. “Se hace cuesta arriba muchas veces para nosotros”, señaló el coordinador.
Agregó que el trabajo del MNPT requiere insistencia constante, reevaluación y diálogo continuo con las instituciones públicas para lograr avances.
Incluso los informes de la Defensoría del Pueblo, que pueden escalar hasta una censura pública en la Asamblea Legislativa, carecen de carácter coercitivo. “Cuando una autoridad no ha cumplido alguna recomendación de la Defensoría del Pueblo y no tiene los argumentos técnicos necesarios para respaldar esa negativa, se hace la censura pública. Eso es poner el nombre de la autoridad y decir: esta persona no ha cumplido”, explicó Ledezma.
Sin embargo, aclaró que “también ese es un mecanismo que no es coercitivo por la naturaleza misma de una institución nacional de Derechos Humanos”.
Uno de los ejemplos más claros de esta resistencia estructural por parte del Estado es el incumplimiento de la ley que ordena el cierre del penal de San Pedro y la construcción de un nuevo complejo penitenciario para el departamento de La Paz. La normativa data de 2014, pero hasta la fecha no se ha ejecutado.
“Desde que ha salido el primer informe del Mecanismo sobre la gestión 2022, hemos recomendado que se retomen gestiones para el cierre de la cárcel de San Pedro”, señaló Ledezma. “Sabemos que es complicado porque son temas presupuestarios, por eso tratamos de modular nuestras recomendaciones. Primero, recomendar que se retomen las acciones, que se haga un plan, y no han cumplido”, apuntó.
A pesar de los obstáculos, el Mecanismo continúa su labor de presión y seguimiento, de insistir, porque los argumentos que tiene el Estado, el Ministerio de Gobierno, este caso, “no estarían fundamentados técnicamente”.
Con una mitad de las recomendaciones todavía sin cumplirse, y las más profundas ignoradas sistemáticamente, el desafío que enfrenta el MNPT sigue siendo inmenso: lograr que el Estado no solo escuche, sino que actúe con responsabilidad frente a las violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario y otras áreas críticas.
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