Apenas comienza a hablar, la voz de Elena se quiebra. Ya pasaron más de dos años desde aquel horrendo crimen en el que le arrebataron a su hija, pero el dolor aún persiste, y se hace presente con más fuerza cada vez que sus nietos lloran pidiendo el abrazo de su madre.
“Mis nietos lloran de su mamá, del abrazo, del cariño; a pesar de que yo no les hago faltar (ese amor), siempre necesitan a su madre. Mi nietito mayor todavía tiene pesadillas, incluso se siente culpable por no haber defendido a su madre, porque eso pasó en su propio dormitorio”, rememora la abuelita.
El victimario y padre de los niños cumple una sentencia de 30 años de cárcel en la prisión de El Abra, en Cochabamba, por lo que los niños quedaron en la orfandad. Así que Elena y su esposo nuevamente deben asumir el papel de padres.
Ambos son de la tercera edad y no tienen un trabajo formal, por lo que mantener a sus nietos se hace un trabajo difícil. Ni Elena ni sus nietos recibieron ayuda psicológica y hasta la fecha el trauma sigue acompañándolos en sus vidas.
En otro de los casos, ocurrido el año pasado también en Cochabamba, dejó dos niños huérfanos, y ahora la abuelita se hace cargo de ellos.
“Es volver a ser mamá de nuevo (…) A mí más me duele lo que me lo han matado a mi hijita, yo pido (que se haga) justicia contra aquellos hombres que matan”, dice María sin poder contener las lágrimas. “Nosotros no tenemos trabajo. Mi esposo es jubilado, pero mi viejito no gana harto, es 90 pesos (bolivianos) que saca con su renta, es de la tercera edad. Con eso mantenemos a nuestros nietos”.
María cuenta que no suelen comer carne, porque ha subido de precio y no les alcanza el dinero para comprarla. Tampoco pueden comprar útiles y ropa para sus nietos, a quienes tuvo que trasladar a La Paz para que vivan con ella.
Otras decenas de casos similares fueron registrados entre 2013 y 2022 y se calcula que hay alrededor de 1.080 niños y niñas huérfanos de los feminicidios, quienes ahora se encuentran en sus familias ampliadas, es decir, con los abuelos, tíos u otro familiar, o están en un centro de acogida.
Casos aún no resueltos
Mientras que en algunos casos los feminicidas están muertos o en la cárcel, en otros están prófugos o circulan libres gracias a “jueces y fiscales comprados” o se beneficiaron con algún “poder político”, manifiestan las integrantes de la Alianza por los hijos e hijas huérfanos de feminicidios.
Maura Gutiérrez, madre de Lizbeth María Quispe (21 años), aún peregrina por justicia y el asesino de su hija no recibe una condena, pues la misma Fiscalía tipificó el delito como suicidio.
“Mi hija estaba dopada, no se pudo defender, el investigador y la fiscal han favorecido (al victimario), ha dejado una niña en la orfandad. Lo único que quiero para tener un poco de paz es justicia, quiero que se haga justicia para mi hija. Después de matarle, ahora (él) camina libre, hace su vida, tiene su mujer, ¿y mi hija qué?”, dice Maura con gritos de dolor, quien llegó a la sede de Gobierno desde Oruro.
El hecho ocurrió el 28 de febrero de 2021. Ni ella ni su nieta recibieron apoyo psicológico de las autoridades, por el contrario, al buscar esa ayuda recibieron malos tratos, refiere.
Otro de los casos de ese departamento es el de Yolanda Guzmán, quien fue descuartizada, y dejó tres hijos en la orfandad. También fue victimada Adriana Toco, cuyo cuerpo aún no ha sido encontado, mientras tres niños quedaron en la orfandad.
“Ella es mi hija, ha sido asesinada hace 11 años, ocho años me ha llevado peregrinar por justicia, audiencia tras audiencia, habiendo tantas pruebas que han encontrado en la casa del asesino, sin embargo, he tenido que peregrinar ocho años. Y el hermano del feminicida me mete una demanda por difamación y calumnias”, lamenta otra de las madres víctimas, quien se pregunta, ¿a qué partido político hay que pertenecer para encontrar justicia?
Qué pide la norma
Frente a esta situación, la Alianza por los hijos e hijas huérfanos de feminicidio presentó hace unos días ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para que el Gobierno asuma responsabilidades en la atención de las víctimas de este flagelo.
“Lo primero que se debe garantizar es la salud emocional de estos niños, sanar esos traumas, muchos de ellos viven con miedos, con culpas, con traumas que ni siquiera les deja descansar por las noches”, manifiesta Mercedes Cortez, quien es líder de esa Alianza.
Muchos requieren ayuda psiquiátrica, porque repiten el parámetro de violencia de sus agresores, agarran cuchillos, agarran piedras, vierten palabras soeces y no tienen control de frustración y de ira, hemos visto que quedan marcados de por vida y si nosotros no hacemos algo por ello, lamentablemente a estos niños les espera un futuro nefasto, quedarse en la calle, juntarse con pandillas, tener embarazos adolescentes no deseados y convertirse en antisociales”, acota.
Es por ello que este proyecto busca que el Estado boliviano otorgue a los hijos e hijas víctimas de feminicidio: una beca económica no menor al 20% del salario mínimo nacional; un paquete alimentario mensual “al estilo de los subsidios”; facilidades para entrar a las unidades educativas en cualquier época del año, incluso en la segunda mitad del año; que ingresen a las universidades de forma gratuita y directa; que se garanticen becas económicas en universidades privadas; el ingreso gratuito a entes del Estado, como por ejemplo, escuelas militares, policiales o universidades para maestros; que se priorice el plan de vivienda; y, que se brinde terapia psicológica móvil, es decir, que profesionales en el área visiten los domicilios de las víctimas.
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