Por Rodolfo Huallpa
Bolivia es un país “con predominancia urbana”. El 58% de la población reside en sólo cinco ciudades principales. Esta realidad, que puede ser positiva para la economía de escala, se logra a costa y con el problema de la “periferización” y la expansión de la llamada “mancha urbana”, alimentada por la migración campo-ciudad y por procesos de ciertos grupos de personas que ocupan el territorio sin las condiciones básicas y esenciales para la vida humana.
Estas conclusiones se dieron a conocer en el “Análisis de Situación de las políticas sobre hábitat urbano y vivienda en Bolivia”, escrito por René Pereira y Daniel López. Pero, qué más alienta esta urbanización. Está por ejemplo la matriz productiva del país, que deviene de hace más de 500 años, y que alentó a la ocupación y apropiación de los asentamientos humanos no bajo una política urbana. Eso propició centros urbanos desordenados y no planificados.
A esto se suma la pobreza estructural, lo cual derivó en desplazamientos forzados de personas de un lugar a otro por la crisis del empleo. “La pobreza estructural hace que la mayoría de los municipios del país sean expulsores de población” precisa el estudio.
Las ciudades, además, están sumidas en “una notable desigualdad y segregación social” anclada en territorios conformados por barrios de excelente calidad de vida, contrastados por barrios pobres, con precariedad en el acceso a los servicios públicos y la inseguridad jurídica.
“La inadecuada lectura de la realidad nacional por parte de los diseñadores de la política urbana, sumada a la ideología del país rural, hace que no se comprenda aún la predominancia urbana, de ahí que lo que prima es la visión sectorial del complejo proceso urbano, centrada en la provisión de servicios en las ciudades”, analizan los autores del libro.
Es por estas razones la necesidad de impulsar en Bolivia el “derecho a la ciudad” de la población, un desafío que proviene de la agenda internacional y que consiste en el derecho colectivo e individual de acceso al suelo urbano, a la vivienda, a los servicios, equipamientos de calidad y a espacios públicos. “Esto significa poner fin al uso mercantil de la ciudad y la privatización”, destaca el libro.
Según el texto, este paradigma del derecho a la ciudad “aún no ha sido reconocido por la política pública”, pero urge hacerlo. Es más, al ser Bolivia un país donde hay sobreoferta habitacional, la política urbana debería promover la densificación, ampliación y mejora de las viviendas en el marco de las economías de escala.
Esta política urbana, además, debiera tener como base la organización y el uso del territorio, con una orientación de transformación a largo plazo.
¿Quién debiera encabezar esta política urbana? El texto platea al Ministerio de Planificación y otros que tienen que ver con los problemas de las ciudades (Desarrollo Rural, Desarrollo Productivo y otros) y con una activa participación de la ciudadanía.
