(Parte cinco del reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz).
El próximo 28 de octubre se cumplirán tres años del secuestro y tortura que sufrieron seis periodistas en la hacienda Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, en un hecho que se considera el de mayor violencia ocurrido en contra de periodistas en el último tiempo en Bolivia. El proceso penal que se sigue en contra de los agresores, un grupo de avasalladores de tierras, está en riesgo de poder cerrarse, debido a que el código de procedimiento penal establece que la duración máxima de una acción penal es de tres años, pasados los mismos, “el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.
“Se van a cumplir tres años desde que se inició este proceso y se puede cerrar. Es lo más doloroso, porque así la ley lo permite”, lamentó Percy Suárez, entonces camarógrafo de la red ATB y quien logró filmar a sus agresores el día del secuestro, cuando con escopetas y tapados con pasamontañas, estos avasalladores impidieron a la prensa y a la Policía ingresar al sector de Las Londras.
El problema que tanto Suárez como la abogada Raquel Guerrero identifican en este caso es la falta de diligencia del Ministerio Público y del juzgado de Concepción, que, de manera insólita, han pedido a las mismas víctimas ir a notificar con la acusación fiscal a sus agresores para dar comienzo al juicio oral. No sólo eso, además de llevarles la notificación, les han pedido llevar las cinco mil fojas de documentos del proceso a cada uno de los cinco acusados de este caso. Tres de ellos se encuentran con medidas sustitutivas a la detención preventiva y otros dos sin medidas cautelares.
“¿Qué nos dice la juez? Que nosotros tenemos que ir a notificar a las personas que nos agredieron. Tenemos que ir hasta San Julián a buscarlos. Tenemos que ir con el folder a notificar uno por uno para que ellos se presenten al juicio, cosa que no va a suceder porque yo no voy a arriesgar mi vida, ni tampoco la doctora Guerrero”, cuestionó Suárez, quien relató que el sólo hecho de asistir al juzgado le implica a él y a su defensa un viaje de seis horas de la ciudad de Santa Cruz a la población de Concepción.
Guerrero mencionó que una opción para la notificación es el edicto, pero se les ha rechazado esa posibilidad. “Ellos (el tribunal) nos exigen que nosotros seamos quienes los notifiquemos en sus casas (a los acusados). Están colaborando a la impunidad”, cuestionó la abogada.
Para la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, este caso es el reflejo de la impunidad de la violencia a periodistas. “Consideramos que es un ejemplo claro de que no se cumple el debido proceso, de que hay protección a quienes violentan a periodistas y que este caso, desde nuestra percepción, va a ser uno de los más graves ejemplos de impunidad”, sintetizó.
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