Por Civicus
Según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, el uso de la violencia para reprimir las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador y la negativa del gobierno a atender las demandas de los manifestantes amenazan aún más las libertades fundamentales.
Durante los últimos diez días, las protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), los sindicatos y los movimientos sociales contra las políticas económicas del gobierno se han enfrentado a la violencia y las detenciones de las fuerzas de seguridad. Según los grupos de derechos humanos que supervisan las protestas, hasta ahora han muerto 3 personas, han sido detenidos más de 94 manifestantes y 92, entre ellos periodistas, han resultado heridos.
El 14 de junio, la Policía Nacional ecuatoriana detuvo de madrugada en la provincia andina de Cotopaxi al activista de los derechos de los indígenas y presidente de la Conaie, Leonidas Iza Salazar, y lo mantuvo incomunicado durante 24 horas, 15 de las cuales las pasó aislado. Las autoridades lo acusaron de «paralizar los servicios públicos», pero finalmente fue liberado por orden de un juez. Antes de su detención, su vehículo fue tiroteado por individuos no identificados durante los primeros momentos en que comenzaron las protestas. Su caso será llevado de nuevo ante la justicia el 4 de julio.
Con el uso de la violencia para reprimir las protestas pacíficas organizadas para expresar la preocupación por la situación socioeconómica del pueblo de Ecuador, las autoridades están ignorando las demandas de las comunidades y violando su derecho a protestar pacíficamente en el proceso. La solución a la crisis no pasa por acallar las voces de quienes plantean sus preocupaciones, sino por un proceso de toma de decisiones inclusivo y por acciones que pongan a la gente, y especialmente a las comunidades indígenas excluidas, en el centro. Afirmó David Kode, responsable de incidencia política y campañas de CIVICUS.
Los líderes de las protestas han planteado varias demandas al gobierno, entre las que se encuentran el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, el refuerzo de los derechos laborales y la fijación de precios justos para los productos agrícolas, así como la limitación del aumento de los precios de los combustibles y otros productos básicos.
En respuesta a las protestas, el presidente Lasso emitió un decreto ejecutivo por el que se declaraba el estado de excepción en seis provincias, incluidas Cotopaxi, Pichincha e Imbabura, y se suspendían los derechos de asociación y reunión durante 30 días. El estado de excepción garantiza la movilización y participación de las fuerzas de seguridad para responder a las protestas y «establecer el orden». Los manifestantes han desafiado el estado de emergencia y las protestas se han extendido a casi todas las 24 provincias.
CIVICUS pide a las autoridades de Ecuador que respeten el derecho a la protesta y se abstengan de utilizar la violencia y las detenciones arbitrarias para reprimirlas. Las autoridades deben entablar debates inclusivos con los líderes de las protestas para buscar soluciones a los desafíos socioeconómicos que enfrentan las comunidades.
