Profesor entrega un vaso de agua filtrada a una niña. Autora: Yenny Escalante
Por Yenny Escalante y Tatiana Molina
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación Para el Periodismo en el marco del proyecto Periodismo de Soluciones.
En un aula de seis estudiantes de distintas edades, en la comunidad de Carachimayo, un maestro de 54 años carga cada dos semanas, desde su casa —ubicada a un par de kilómetros de distancia—, un botellón con agua tratada. La lleva para que los niños la beban, pues en San Lorenzo, municipio del departamento de Tarija, el acceso a agua para consumo seguro es limitado.
Para solucionar esto, hace tres años un grupo de organizaciones de la sociedad civil instaló en esta escuela rural llamada “El Barranco” ecofiltros de arcilla. La iniciativa despertó ilusión, pues los estudiantes contarían con agua fresca filtrada —proveniente de una vertiente— para beberla directamente.
Durante más de dos semanas en esta escuela, el sistema de purificación demostró su utilidad y dio de beber agua a los niños y niñas. El paso del tiempo y otros factores pusieron en evidencia las limitaciones en la implementación de esta iniciativa, que, sin embargo, aún ofrece una alternativa en el acceso a un consumo seguro.
En la comunidad de Carachimayo viven 26 familias, los niños son pocos y algunos caminan hasta tres kilómetros para llegar a clases. La escuela cuenta con un sistema de bombeo desde un pozo, de donde se extrae agua una o dos veces al mes. Ésta se almacena en un tinaco y se utiliza para el aseo: lavarse las manos, ir al baño. No es agua tratada.
Para beber, la situación es distinta. “Siempre se necesita agua segura”, dice el profesor Wilfredo Gallardo, quien lleva el botellón para sus estudiantes. Es un esfuerzo adicional que se ha vuelto parte de su rutina.
Los ecofiltros llegaron en 2023 como una apuesta por mejorar esa situación. Se trata de estructuras similares a macetas, hechas de arcilla, aserrín y plata coloidal que, al cocerse, se convierte en carbón activado: un objeto con alta porosidad que filtra el agua puesta en su interior. Su compuesto retiene impurezas y reduce la carga bacteriana, dejando caer gotas de líquido limpio y bebible en cualquier recipiente que se le ponga por debajo.
La iniciativa surgió del Movimiento Justicia Socioambiental (entidad ejecutora), con aval de la Fundación Ivi Maraeí y el apoyo del Fondo de Pequeños Proyectos (FPP) de la red UNITAS. El proyecto se implementó entre 2022 y 2023 en cinco unidades educativas del municipio de San Lorenzo.
La representante de Justicia Socioambiental, Vanessa Alarcón, cuenta que la misma organización trabajó en la elaboración de los filtros con el apoyo de alfareras. Explica que el proceso de elaboración fue largo y, en muchos momentos, incierto: “Ha sido prueba y error”, dice.
Agrega que, al tratarse de una experiencia pionera en Bolivia, los primeros intentos fallaron: piezas que se rajaban durante la cocción, mezclas que no lograron la porosidad adecuada, filtros que se rompían al entrar en contacto con la humedad. Cada error implicaba volver a empezar, pero también un aprendizaje.
A esto se sumó una limitación estructural: la producción. Los filtros se cocían en hornos pequeños, donde cada pieza podía tardar hasta tres días, lo que dificultaba su fabricación a mayor escala.
Pero, a pesar de todas las dificultades finalmente se alcanzó la meta: artefactos listos para filtrar el agua en los colegios de San Lorenzo. En 2023 se entregaron 10 filtros a cinco unidades educativas, dos por cada una.
Sin embargo, no todo salió somo se esperaba. “Los hemos utilizado, pero los niños sienten un gusto diferente”, cuenta el profesor Gallardo. El sabor se asemeja al del agua hervida, pero más intenso. Por ello, los estudiantes prefieren el agua que él trae desde su comunidad en vez de la que pasa por los filtros de arcilla.
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A 15 minutos de allí, la realidad se repite con matices. Armando Mamani Choquevilca (47) dirige la unidad educativa San José de Carachimayo. El agua que consumen aquí proviene de una vertiente y se almacena en tanques elevados de cemento. Allí pueden entrar roedores, ranas, sapos, lagartijas… y no es fácil de advertirlo.
En un entorno rodeado de vegetación, los insectos caen constantemente en el agua que se usa para todo: beber, cocinar, lavar, asearse. Los malestares estomacales son frecuentes. “No tenemos enfermedades que los lleven al hospital, pero sí dolor de estómago, infecciones estomacales, siempre están con ese problemita”, afirma el director.
Cuando Armando asumió la dirección del colegio, hace dos años, encontró los dos filtros de arcilla entregados por Justicia Socioambiental arrinconados en un depósito. Pensó que eran macetas, incluso consideró usarlas para decorar la entrada. Hace poco se enteró que en realidad eran filtros de un proyecto pasado que había quedado en el olvido.
Hoy, esos filtros empiezan a utilizarse de nuevo. El mecanismo es simple: colocarlos en una base, llenarlos de agua y dejar que el goteo haga su trabajo. Pero en la práctica surgen dificultades, la principal: el tiempo, pues el proceso de purificación es muy lento. Después de casi tres horas, apenas se llena una jarra de un litro.
Esta escuela no es como la anterior, que apenas tenía seis estudiantes. En esta hay 88 estudiantes distribuidos en los niveles inicial, primaria y secundaria. Dos filtros resultan insuficientes para cubrir esa demanda de bocas sedientas. Los escolares beben agua del grifo, con riesgos de consumir elementos dañinos para su salud.
Desde la Red de Salud de San Lorenzo, el coordinador Marcelo Campero confirma que la mayoría de los sistemas de agua en comunidades rurales no cuenta con tratamiento adecuado. El agua solo se capta y se distribuye, sin proceso de potabilización. “Puede ser buena en origen, pero en el camino se contamina”, explica.
Ese patrón no es aislado. Según Campero, los problemas no siempre están en la fuente, sino en el almacenamiento y la distribución. Tanques abiertos o sin mantenimiento, contacto con animales o residuos, y la falta de controles periódicos, hacen que el agua pierda calidad.
Las consecuencias, aunque muchas veces normalizadas, son persistentes. “No necesariamente los llevan al hospital, pero sí generan infecciones gastrointestinales recurrentes”, señala. Niños y adultos mayores son los más vulnerables.
Ante este panorama, los ecofiltros pueden recuperarse como una alternativa para mejorar la calidad del agua para su consumo.
“No van a solucionar el problema, pero lo van a mitigar”, dice el profesor Armando. Cree que, aunque no garanticen agua potable en sentido estricto, sí pueden ofrecer una opción más segura, “agua más digna” para los estudiantes.
El balance, por ahora, es ambivalente: útiles, pero insuficientes. “Lo positivo es que vamos a tener agua filtrada. Lo negativo es que no es eficiente, tarda mucho”, resume Armando. En contextos como éste, donde el acceso al agua segura sigue siendo limitado, cada mejora cuenta. “Es importante para evitar infecciones estomacales y que los chicos estén más sanos, para que también puedan aprender mejor”, concluye el director.
En el municipio de San Lorenzo los casos de diarreas y parasitosis se repiten cada año. Hubo una disminución durante la pandemia, pero las cifras han vuelto a subir progresivamente. Campero, de la Red de Salud, dijo que en Carachimayo, que es una de las comunidades más grandes, se reportaron más de 100 casos en 2019. Luego hubo una caída durante la pandemia, pero las cifras volvieron a subir progresivamente: más de 90 casos en 2024 y cerca de un centenar en 2025.
No todos los casos pueden atribuirse exclusivamente al agua, —influyen también la higiene, la manipulación de alimentos o las condiciones del entorno—, pero, para Campero el agua es uno de los factores principales.
Más allá de las percepciones o los testimonios, hay datos concretos que permiten dimensionar el problema. Un análisis de laboratorio —realizado por la Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) a pedido de Justicia Socioambiental— mostró que el agua que consumen los estudiantes no cumple con los estándares establecidos por la normativa boliviana para agua potable.
Aunque varios parámetros físicos y químicos se encuentran dentro de los rangos aceptables, el resultado más preocupante está en lo microbiológico: se detectó la presencia de coliformes fecales, bacterias asociadas a contaminación por desechos humanos o animales, que no deberían estar presentes en absoluto en agua destinada al consumo.
La misma muestra fue analizada después de pasar por un ecofiltro de arcilla. El resultado cambió de forma significativa. La presencia de coliformes se redujo a niveles prácticamente nulos, dentro de lo permitido por la norma.
El estudio confirmó que el dispositivo cumple su función principal: reducir la carga bacteriana del agua.
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En la unidad educativa Tarija Cancha Sur la lluvia ha dejado huella. Parte del patio permanece anegado y una persona empuja el agua con un haragán. Aquí el acceso a agua no es un problema, pero sí la calidad. “Hay niños que se enferman con fuertes infecciones… los padres piden permiso porque están con dolor de estómago”, cuenta Gladys Anachuri Bravo, directora encargada de esa escuela.
Los padres optaron por comprar agua. Botellones de entre 16 y 18 bolivianos que se adquieren cada semana o cada dos, dependiendo del consumo. Es un esfuerzo organizado por cursos, sostenido con recursos limitados, pero necesario para reducir los riesgos.
Los ecofiltros llegaron hace tres años, aunque permanecieron relegados por falta de información. Hoy, sin embargo, son reconsiderados. Las primeras pruebas dejan sensaciones encontradas: el agua filtrada arrastra un sabor fuerte, terroso, y deja una sensación áspera al beberla, como si pequeñas partículas no hubieran sido retenidas del todo. El paso del tiempo y el desuso parecen haber afectado su funcionamiento.
Aun con esas dudas, la escuela ensaya una posibilidad. Los docentes probarán primero, observarán, evaluarán. “Primero vamos a ver si es buena el agüita”, dice la profesora Gladys, antes de decidir si llegará a los estudiantes.
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En la unidad educativa Osvaldo Gálvez, con 260 estudiantes entre primaria y secundaria, también utilizan botellones de agua.
“Estamos a 13 kilómetros de la ciudad, pero es lamentable cómo no tenemos atención en el servicio a agua (potable)”, relata el director Elito Eiver López Rivera. La solución vuelve a ser la misma: comprarla. El gasto, otra vez, recae en los padres de familia.
López convoca a algunos docentes para preguntarles si recuerdan un proyecto de filtros de agua. Nadie responde. Insiste, pero nadie asiente. Hace un último intento al preguntar a la portera, quien finalmente da una respuesta positiva. Dice que los filtros llegaron, que hubo capacitación, pero que nunca se usaron y que los guardaron en un depósito. “Este proyecto ha sido implementado en la anterior gestión, con otro director, pero, según información obtenida, se ha hecho la capacitación y no el seguimiento”, añade.
Cada tres años, las direcciones cambian y, en ese tránsito, algunas cosas simplemente se quedan atrás. La búsqueda toma unos minutos. En el bloque de primaria, entre objetos almacenados, aparecen los ecofiltros. Están ahí, intactos. El director los observa, los revisa, y decide ponerlos en funcionamiento. Llama a dos estudiantes, les explica brevemente cómo utilizarlos y les pide que los lleven a sus cursos. Es la primera vez, en mucho tiempo, que esos filtros salen del lugar donde habían quedado olvidados.
Para el director Elito, la solución al problema del agua debería venir desde instancias estatales más amplias, como algún ministerio. No como acciones aisladas, sino como programas que abarquen a todas las unidades educativas de la zona, con acompañamiento real y sostenido. De lo contrario, enfatiza, las iniciativas corren el riesgo de repetirse: comienzan con expectativa, pero terminan diluyéndose con el tiempo.
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En la unidad educativa Tarija Cancha Norte, en la comunidad del mismo nombre, una profesora intenta sostener la atención de un grupo de niños mientras explica la situación del agua y los filtros. Es Cruz Flora Zenteno Martínez, directora encargada. Mientras habla, interrumpe por momentos para llamar a uno, acomodar a otro, volver a la explicación.
En medio de ese ajetreo una niña ingresa al aula, luego otra muy parecida, y al poco rato una tercera. “Son trillizas”, dice Zenteno. Son las menores de su familia, tienen dos hermanos mayores y viven con sus padres, campesinos, en un solo cuarto que hace de todo: dormitorio, cocina, depósito.
“Viven en una situación bien precaria”, dice la directora. Y, aun así, la familia debe aportar para comprar agua. Un gasto más, inevitable.
Aquí hay 69 estudiantes de inicial y primaria y también optaron por comprar agua en botellones. Cuestan 15 bolivianos y el consumo varía según la cantidad de estudiantes. La situación en la zona es precaria, muchos de los padres de familia no pueden pagar su cuota para comprar el agua, por lo que la directora, de manera personal y voluntaria, carga con ese peso, ya que conoce de cerca la realidad de las familias.
Sobre los ecofiltros, la historia es distinta a las anteriores. “Yo estoy desde abril del año pasado y no conocía el proyecto, pero tengo información que se han utilizado los primeros meses y después se rompieron”, cuenta. Hoy no queda rastro de ellos, sin embargo, la profesora espera que éstos puedan reponerse y así brindar una mejor calidad de agua y de vida a los niños y niñas.
Detrás de la implementación de los ecofiltros también hay una lógica distinta de intervención. Gabriela Ugarte, coordinadora del Fondo de Pequeños Proyectos (FPP) de UNITAS —con apoyo de Pan para el Mundo— explica que este tipo de iniciativas no buscan resolver por completo problemas estructurales, sino impulsar respuestas desde las propias comunidades.
El proyecto de ecofiltros fue uno de los seleccionados por el FPP bajo esa lógica. Su propuesta combinaba el uso de materiales locales con una respuesta a un problema estructural: el acceso a agua segura. Además, al implementarse en unidades educativas, se apostaba por un efecto multiplicador. “No es solo beneficiar a un grupo específico, sino generar un espacio donde más familias puedan conocer y replicar la experiencia”, explica Ugarte.
Sin embargo, también reconoce los límites. Los microproyectos tienen una duración corta —entre uno y nueve meses— y recursos acotados, que en este caso no superaron los 28.000 bolivianos. Eso implica que el énfasis está en la implementación inicial: materiales, equipos, capacitación. El seguimiento posterior, en cambio, es más limitado. “Sabemos que existe el riesgo de que no se sostengan en el tiempo”, admite.
Aun así, desde el FPP el valor del proyecto no se mide únicamente por su permanencia. Para Ugarte, hay un aspecto clave: que las comunidades se animen a proponer soluciones propias. “Salir de una lógica pasiva y dar el paso de plantear respuestas ya es un logro”, sostiene.
A pesar de las dificultades, la representante de la entidad ejecutora del proyecto, Vanessa Alarcón, sostiene que la experiencia deja aprendizajes importantes. No solo sobre la tecnología en sí, sino sobre las condiciones necesarias para que una solución funcione en territorio: acompañamiento, adaptación y continuidad.
Porque, como muestran las escuelas de San Lorenzo, el acceso a agua segura no depende únicamente de contar con una alternativa, sino de que esa alternativa logre sostenerse en el tiempo y responder a las realidades concretas de quienes la usan.
También queda una esperanza: tres directores de las escuelas a las que llegó la iniciativa la han repuesto y otros dos creen en el proyecto. Y, ahora que están identificados los problemas, esperan que se puedan resolver para paliar una sentida necesidad: contar con agua segura para sus estudiantes.
