Agencia de Noticias Ambientales (ANA)
Los guardaparques Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (ABOLAC) y Raúl Santa Cruz del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, decidieron enfrentar un proceso judicial injusto que les fue instaurado por el cooperativista minero Ramiro Cuevas, en la audiencia oral del próximo martes 20 de febrero de este 2024 en la localidad de Apolo de la provincia Franz Tamayo del Departamento de La Paz.
La audiencia oral tiene previsto desarrollarse en el Juzgado Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Apolo a las nueve de la mañana de ese día con la presencia de la jueza Janeth Espinoza, los imputados y el acusador.
La suspensión de dos audiencias anteriores, del pasado año, se produjo por la inexistencia de la autoridad judicial en Apolo. Inicialmente, el juez de Caranavi, Wilmer Centellas cumplía con la suplencia legal, sin embargo, fue cambiado por el juez de Guaqui, Aldo Zenteno, que no pudo asistir a la segunda audiencia del 15 de noviembre de 2023.
Actualmente la juez Janeth Espinoza del Juzgado Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Apolo, tiene la posibilidad de “hacer justicia” por ambos guardaparques que sólo cumplían con su trabajo de vigilar y conservar las áreas protegidas de Bolivia.
Los hechos
El pasado 30 de marzo, Raúl Santa Cruz cumplía su trabajo en el puesto de control denominado Santa Cruz del Valle Ameno en el municipio de Apolo, uno de los principales ingresos al Madidi, la región más biodiversa del mundo.
En el lugar, los guardaparques evidenciaron que una caravana de movilidades y maquinaria pesada (cinco retroexcavadoras, diez volquetas y tres cisternas de combustible), intentaban ingresar a la zona de conservación con destino a la comunidad Virgen de Rosario, previsiblemente, para realizar actividades de explotación minera ilegal en las riberas del río Tuichi.
Durante esa jornada de marzo, Santa Cruz intentó sin éxito alguno evitar el paso de la caravana, cuando fue agredido y amenazado por Ramiro Cuevas Echave, conocido en Apolo por dedicarse a la actividad minera dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
Pese al control infructuoso, la caravana de movilidades y maquinaria pesada ingresó a la región de conservación. Sin embargo, el operador minero, que dice ser “solo un agricultor más de la tercera edad”, presentó una denuncia penal en contra de los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano por el delito de difamación y calumnias, que fue aceptada, inexplicablemente, por la administración de la justicia.
Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (ABOLAC), el 30 de marzo no se encontraba en el puesto de control de ingreso al Madidi, estaba a kilómetros del lugar, pero fue involucrado sólo por recibir y difundir el mensaje de ayuda, que pedía su colega Raúl Santa Cruz.
“Quiero que llegue de una vez ese día, porque es mucha preocupación, sólo cumplía con el respectivo monitoreo y control, y exigí la autorización para el ingreso de esa maquinaria”, afirmó Santa Cruz en una entrevista de noviembre pasado, cuando confirmó su compromiso para hacer cumplir las normas que rigen la gestión en las áreas protegidas de Bolivia, “donde no debería existir ninguna actividad minera”.
El proceso judicial sigue en curso sin haberse realizado los actuados judiciales bajo el principio de imparcialidad, que establece la administración de la justicia en Bolivia. Existen convenios internacionales que protegen a los defensores ambientales dedicados a trabajar en la conservación de las áreas protegidas, sin embargo, lamentablemente, no se cumplen en el territorio nacional.
La sociedad civil, activistas, ecologistas y medios de comunicación están a la expectativa con el seguimiento informativo del injustificado proceso a los dos guardaparques.
¿Órgano judicial parcializado?
Al menos eso considera el Comité Pro Defensa de los Guardaparques de Bolivia (Copdegubo) cuando en un pronunciamiento hecho conocer este último fin de semana sostiene que hay preocupación en la sociedad al no evidenciar avance en el caso por parte de la Justicia.
“Existe preocupación de la sociedad en su conjunto al percibir que el órgano judicial se parcializa con el sector minero ya que varios procesos seguidos por autoridades de áreas protegidas y ambientales no avanzan en estas instancias de justicia, mientras que procesos descabellados iniciados por mineros en contra de defensores ambientales avanzan con premura”.
En tal sentido el pronunciamiento aboga por una sentencia de carácter absolutorio para los imputados y que haga verdadera justicia y no se agreda los derechos de los funcionarios públicos, en este caso los guardaparques imputados por acción de un minero cooperativista, en este proceso legal iniciado en abril de 2023.
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