Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados sancionó el Proyecto de Ley 157/2023-2024, que autoriza la conversión de pequeñas propiedades tituladas a propiedad mediana, de manera voluntaria y gratuita, en medio de cuestionamientos de organizaciones sociales, centros de investigación y legisladores que denuncian falta de socialización y debate y posibles riesgos para comunidades campesinas e indígenas.
La norma fue aprobada por mayoría, tras aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, y fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación. “Habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores, queda sancionada la presente ley”, informó la presidenta en ejercicio de Diputados, Daniela Cabrera.
El proyecto establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) podrá realizar la reconversión de la pequeña propiedad a mediana en un plazo máximo de 10 días hábiles, a sola solicitud escrita del propietario y mediante una declaración jurada, como parte de un procedimiento de actualización catastral.
Asimismo, dispone que este trámite será gratuito y de carácter voluntario, y que las propiedades reconvertidas estarán sujetas a verificación de la Función Económico Social (FES) recién 10 años después del cambio. El Órgano Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo de 60 días hábiles tras su promulgación.
Cuestionamientos por falta de socialización
La aprobación de la ley generó críticas por la ausencia de un debate amplio con sectores directamente involucrados. La Fundación Tierra expresó su preocupación por que la norma fue sancionada sin escuchar a organizaciones representativas.
“Nos preocupa de sobremanera que un proyecto de ley que puede afectar directamente a comunidades indígena campesinas se apruebe sin escuchar sus voces”, afirmó su director, Juan Pablo Chumacero, quien advirtió que la norma podría beneficiar a un grupo reducido y generar tensiones en comunidades del valle y el altiplano.
Durante el tratamiento legislativo, la diputada Helen Patricia Patiño (PDC) presentó audios de dirigentes indígenas que rechazaron la falta de consulta. La presidenta de la COPNAG, Cirila Tapendaba, cuestionó que el proyecto se trate “a espaldas de las naciones indígenas”, mientras que el titular de la CIDOB, Lino Illimuni, criticó que se prioricen normas sin socialización frente a otras pendientes de mayor impacto.
Pese a estos cuestionamientos, el pleno avanzó con la aprobación. Tras la votación, la diputada Sandra Surco, de Alianza Popular, pidió dejar constancia de que su bancada no respaldó la ley.
Dudas sobre su impacto real
De acuerdo con el análisis de Fundación Tierra, el principal argumento del proyecto —facilitar el acceso a crédito para pequeños productores— no tendría efectos reales para la mayoría. La organización señala que el 74% de las pequeñas propiedades en Bolivia son minifundios de menos de dos hectáreas, cuyo valor no resulta atractivo para el sistema financiero.
En ese contexto, advierte que los principales beneficiarios serían productores agroindustriales de tierras bajas y propietarios que registraron predios como pequeñas propiedades para evitar controles, quienes ahora podrían ampliar sus márgenes de operación.
Además, cuestiona cambios introducidos por el Senado, como la sustitución de requisitos técnicos por declaraciones juradas, la reducción del rol de verificación del INRA y la agilización del trámite en un plazo máximo de 10 días.
La postergación de la verificación de la FES por hasta una década también genera preocupación, ya que —según Tierra— podría abrir la puerta a procesos especulativos, conflictos por la tierra y mayor presión sobre los recursos naturales, incluso incentivando prácticas como la deforestación.
Desde el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) se cuestionó la constitucionalidad de la norma, al considerar que promueve la mercantilización de la tierra y debilita los mecanismos de control social.
La institución advirtió que la suspensión de la verificación de la FES podría favorecer la consolidación de formas de latifundio encubierto y procesos de especulación, por lo que instó a abrir un debate nacional amplio y transparente.
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Asamblea Legislativa a garantizar una deliberación “amplia, responsable y técnicamente fundamentada”, debido al impacto jurídico, económico y social que podría tener la norma en el régimen agrario.
A estas observaciones se sumaron organizaciones ambientales y de la sociedad civil, como la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, la Asamblea por los Bosques y la Vida, el Movimiento Agroecológico y colectivos ciudadanos, que alertaron sobre posibles efectos negativos en los bosques, la biodiversidad y el uso sostenible de la tierra.
Pese a las críticas, la ley fue sancionada y queda a la espera de su promulgación, en medio de demandas para que su contenido sea revisado y discutido con mayor amplitud.
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