Romel Cardozo La Fuente se encuentra recluido en Chonchocoro. Foto: Internet
ANF
El instructor en manejo de armas Romel Cardozo, quien filtró el audio de la exjueza Patricia Pacajes en el que confesó que sentenció sin pruebas científicas a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández, fue sentenciado a tres años y seis meses de cárcel por violencia doméstica y se encuentra recluido en la cárcel de Chonchocoro.
La abogada del sindicado, Nayra Moscoso, en contacto con la ANF, denunció que no existen pruebas que sustenten ese dictamen, sostiene que esa decisión es arbitraria. Además, señaló que la policía cometió varios atropellos en contra de su cliente en el momento de su aprehensión.
“La sentencia ya ha sido emitida y actualmente él se encuentra detenido dos años y cuatro meses, está recluido en la cárcel de Chonchocoro, a raíz de la denuncia que interpuso la exjueza Patricia Pacajes por violencia doméstica. Sin embargo, no hubo tal cosa ni siquiera se conocían, no han tenido alguna relación, sino que se ha encontrado de forma casual el día a ese acontecimiento”, afirmó la jurista.
El 17 de septiembre de 2018, salió a la luz un extenso audio en el que la entonces presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, admitió que el médico Jhiery Fernández era inocente de la supuesta violación del bebé Alexander, muerto en 2014.
El 1 de octubre de ese año, la exjueza denunció a Cardozo por el delito de violencia familiar o doméstica, la demanda fue admitida y el 16 de ese mes el Ministerio Público ordenó la aprehensión del autor de la grabación. Horas después, la jueza Claudia Castro determinó declarar ilegal su aprehensión y dispuso su libertad.
El caso fue reasignado a la fiscal Elba Sanjinés Bernal, el 30 de abril de 2019, que emitió una resolución de acusación en contra de Cardozo sin haber cumplido con las diligencias preliminares ni actos investigativos para acumular elementos de prueba.
Atropellos
Moscoso denunció que Cardozo fue aprehendido en enero de 2014 luego de un aparatoso operativo realizado por cuatro grupos especiales, poco después el entonces ministro de Gobierno, Jorge Pérez, lo presentó como un exagente de la DEA, quien tenía en su poder un arsenal de armas.
En esa oportunidad fue denunciado por tentativa de feminicidio a raíz de una denuncia que presentó su expareja Yancarla Martinez, que en ese entonces se estaba divorciando del edecán del ministro de Defensa, Reimy Ferreira. Permaneció más de cuatro meses recluido y luego recuperó su libertad.
Secuestro de armas
La jurista explicó que, en septiembre de 2018, un grupo de al menos 30 policías llegaron hasta su domicilio e ingresaron de forma violenta sin tener una orden de allanamiento, lo enmanillaron y confiscaron todas las armas que tenía en su poder las cuales contaban con el debido registro y permiso de uso.
Dijo que los uniformados confiscaron un total de 43 ítems, entre armas y municiones, de los cuales solo fueron devueltos 23 y el resto no se conoce dónde se encuentran ya que no llegaron a las instalaciones de la fuerza anticrimen.
«Todas las armas que él tenía en su poder tenían el registro correspondiente, él tenía permiso para portar armas de forma legal y demostró los permisos de cada una. La Policía secuestró todo ese equipo que en total se hicieron 43 ítems que figuran en el acta de colección, de los cuales solamente 23 fueron devueltos. El resto de los elementos confiscados nunca llegaron a la sala de custodia, seguimos pidiendo que se nos devuelva, pero hasta el momento no tenemos respuesta alguna”, explicó.
En marzo de 2023, Cardozo envió varias notas al comandante nacional de la Policía, Álvaro Álvarez; al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en el que denunció los atropellos que cometieron en su contra, pero no tuvo respuestas satisfactorias.
Ante la CIDH
En ese entendido, Moscoso anunció que la próxima semana presentarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos humanos y al debido proceso. Dijo que el objetivo es que se le enmienden los daños que le ocasionaron y conseguir su libertad ya que la sentencia que se dictaminó no tiene fundamento legal.
“Nosotros vamos a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todas estas vulneraciones que se ha cometido, ya tenemos casi lista la denuncia y hasta la siguiente semana a más tardar se va a presentar. Tenemos toda la documentación que respalda el atraco y allanamientos de su casa y, sobre todo, a la vulneración de los Derechos Humanos”, indicó.
