Con la elección de Rodrigo Paz se abre un nuevo ciclo de gestión pública en Bolivia, en un contexto donde la ciudadanía demanda renovación, transparencia y fortalecimiento institucional. Más que un mandato de cambio, el resultado electoral refleja una ciudadanía que demanda estabilidad, transparencia y respeto a las reglas democráticas. El voto, por sí solo, no garantiza la fortaleza del sistema: la democracia se consolida cuando se traduce en hechos la protección de derechos, la separación de poderes y la existencia de un espacio cívico libre y participativo.
Uno de los principales retos del nuevo gobierno será contribuir a la recuperación de la credibilidad de las instituciones públicas, en especial del sistema judicial. La persistente percepción de parcialidad y la insuficiente independencia en la administración de justicia han afectado la confianza ciudadana y la garantía efectiva de derechos. Impulsar, en el marco de las competencias correspondientes, un proceso de fortalecimiento judicial que sea técnico, transparente y participativo podría constituir un paso importante para consolidar la legitimidad del Estado de derecho.
Asimismo, será necesario fortalecer los mecanismos de control y fiscalización. La transparencia en la gestión pública no debería depender de la coyuntura política, sino consolidarse como una política de Estado. Instrumentos como el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de denunciantes de corrupción son esenciales para mejorar la gobernabilidad democrática.
La apertura del espacio cívico constituye otro desafío relevante. En los últimos años, las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y medios de comunicación han enfrentado un entorno restrictivo para el ejercicio de sus funciones. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de reconstruir la relación entre Estado y sociedad civil sobre la base del respeto, el diálogo y la autonomía.
Garantizar el derecho a la libertad de asociación, de expresión y a defender derechos es una condición fundamental para la vitalidad democrática. Una sociedad civil fortalecida contribuye al control social, a la formulación de políticas más inclusivas y al fortalecimiento institucional. Promover un entorno propicio para su trabajo será clave para recuperar la confianza en las instituciones.
En el ámbito económico, la nueva administración hereda un contexto complejo, marcado por el déficit fiscal y la necesidad de reactivar la economía sin sacrificar derechos. La sostenibilidad financiera debe equilibrarse con políticas orientadas a la reducción de desigualdades y a la protección social.
La transparencia en el uso de los recursos públicos, la eficiencia en la gestión y la concertación con actores económicos y sociales resultan esenciales para lograr estabilidad. De igual forma, el desarrollo económico no puede desvincularse de la sostenibilidad ambiental. La crisis climática que enfrenta Bolivia —manifestada en incendios forestales, sequías y degradación de ecosistemas— exige políticas basadas en evidencia científica y en el principio de justicia ambiental. Integrar la agenda ambiental en las decisiones económicas será una prueba de coherencia y visión de futuro.
Otro aspecto impostergable será avanzar hacia la reconciliación nacional. La polarización política y los conflictos recientes han dejado huellas profundas que no pueden resolverse solo desde la retórica. Un proceso genuino de reconciliación debe apoyarse en la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Cumplir las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos será un indicador del compromiso del nuevo gobierno con la institucionalidad democrática.
Rodrigo Paz asume la presidencia en un momento de alta exigencia ciudadana y bajo una mirada crítica hacia la clase política. La gobernabilidad dependerá menos de los equilibrios partidarios y más de la capacidad para generar consensos amplios, rendir cuentas y garantizar derechos.
La democracia boliviana requiere instituciones sólidas, ciudadanía comprometida y liderazgos orientados al bien común. Fortalecer la institucionalidad, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y promover una gestión pública transparente serán condiciones esenciales para avanzar hacia una etapa de mayor estabilidad, cohesión y confianza colectiva.
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Claudia Terán es abogada especialista en DDHH
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