Mery Vaca/ Sumando Voces
Desde un pacto político para garantizar la elección de los magistrados de las altas cortes del país hasta encarar una reforma estructural de la justicia, pasando por ampliar los plazos para que la Asamblea Legislativa preseleccione candidatos, son algunas de las ideas lanzadas por siete especialistas de alto nivel que participaron en un conversatorio virtual organizado por la Veeduría Ciudadana este miércoles por la tarde.
Estuvieron presentes el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé; el secretario ejecutivo de la Misión Internacional de Observación del proceso de selección de la Corte Suprema de Honduras, Jaime Arellano; los politólogos Franklin Pareja y Jimena Costa; el periodista Hernán Cabrera; y los juristas William Herrera y Ramiro Orías, este último ofició de moderador. Las anfitrionas del evento fueron Sandra Verduguez, por la fundación Jubileo, y Claudia Terán, por la red UNITAS, instituciones que integran la Veeduría Ciudadana para la preselección de jueces.
Todos coincidieron en que la crisis de la justicia es estructural y que las elecciones judiciales, por sí solas, no resolverán el problema, por el contrario, hay quienes consideran que eligiendo magistrados, la situación podría agravarse si se repite la fórmula partidaria de las anteriores elecciones. Esta idea fue planteada por Franklin Pareja.
Sin embargo, también existe una coincidencia en sentido de que cualquier solución a este problema debería ser constitucional, lo que implicaría dejar que la Asamblea Legislativa se ponga de acuerdo, aunque rebase los plazos establecidos. Hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) espera que las listas de candidatos sean entregadas hasta este 3 de septiembre para garantizar elecciones judiciales antes de fin de año.
En esta línea se inscribe el expresidente Rodríguez Veltzé, quien no le teme al posible vacío que se pueda generar a partir del 31 de diciembre si no se renuevan las altas cortes hasta entonces, porque considera que es preferible eso a dejar la decisión en manos del Tribunal Constitucional, entidad que últimamente no ha acompañado a la democracia.
“Prefiero que sea la Asamblea y no el Tribunal el que encuentre la solución (…) no va a pasar nada si se retrasa unas semanas”, dijo el exmandatario, quien además explicó que uno de los temas pendientes es la revisión del control de la constitucionalidad, porque en la actualidad “una mayoría de cinco magistrados (de un total de siete) puede resolver, interpretar y decidir” sobre todos los aspectos del país.
El temor de diversos actores de la sociedad boliviana es que, si no se garantizan las elecciones judiciales, el oficialismo podría prorrogar a los actuales magistrados o nombrar nuevos por decreto.
Ramiro Orías se inclinó por la misma línea que Rodríguez. “Cualquier salida tiene que ser dentro de la Constitución, (…) se puede pensar en algún tipo de salida ampliando los plazos, al final, los mandatos son improrrogables para las autoridades salientes, pero no están claros los plazos que tiene la Asamblea Legislativa para designar” a los candidatos, dijo.
Punto muerto
El jurista William Herrera considera que el proceso se encuentra en “un punto muerto”, por lo que propone que sea un pacto político el que resuelva esta crisis, aunque en las últimas horas el Senado ha aprobado en su estación en grande la ley para la preselección de candidatos, aunque no se sabe si llegará a buen puerto.
“Esto se podría salvar con un gran pacto político, siempre los pactos han sido los salvadores en situaciones límites como la que estamos ahora”, dijo Herrera, quien hizo notar que los mandatos de los magistrados fenecen el 31 de diciembre y que cualquier excepción raya en la inconstitucionalidad.
En su análisis, esta situación tiene que ver con la fractura interna del MAS y con la definición del candidato oficialista para 2025. “Al Gobierno parece ser que le conviene seguir con las actuales autoridades y garantizarse una ventaja política”, afirmó Herrera.
Pesimismo en el análisis político
Los politólogos que participaron del conversatorio hicieron un análisis pesimista o realista, como se quiera ver, sobre la situación, indicando que no existe ninguna voluntad política para convocar a elecciones judiciales porque al oficialismo le conviene mantener a los actuales magistrados para sus fines particulares.
La politóloga Jimena Costa empezó diciendo que una parte del Órgano Judicial está controlada por la facción de Evo Morales del MAS, a través del procurador Wilfredo Chávez, y que la otra parte ha pasado al control del ministro de Justicia, Iván Lima, y otros operadores del Gobierno.
“Es un castillo de naipes. Cada uno utiliza la justicia para frenar al otro. No es para usar contra la oposición o para la persecución, sino para cuidarse las espaldas en la pelea interna”, dijo Costa.
La especialista considera que “el MAS no tiene interés de acelerar la elección judicial para mantener parado el castillo de naipes, si el Tribunal Constitucional tardó tanto tiempo en pronunciarse no es una casualidad”.
Además, hizo notar que la Constitución dice únicamente que la Asamblea debe preseleccionar a los candidatos, pero no especifica cómo, entonces, no ve necesario que se haga todo el procedimiento que ahora entraba el nombramiento.
Franklin Pareja señala con contundencia que “es absolutamente impensable que haya un atisbo de reforma del sistema judicial con el régimen actual, que es un régimen absolutamente totalitario. (Evo) Morales era autoritario, pero éste se ha girado tres pueblos, somos prácticamente un Estado inconstitucional de no derecho, lo cual nos encamina a un Estado fallido”.
Pareja, además, considera que el proceso de elección de autoridades judiciales por voto popular es “funesto” porque “vivimos en un sistema de monopartido” y, por tanto, “la población solo vota, no elige”.
Pareja presentó la propuesta de la UMSA, que consiste en establecer una batería de centenares de preguntas que sean públicas para preseleccionar candidatos, en un proceso en el que los legisladores y los postulantes no se vean las caras. “Se llama evaluación ciega, donde los evaluadores que son los asambleístas no tendrían contacto con los postulantes y viceversa”, a tiempo de aclarar que para este cambio no hace falta reformar la Constitución.
Una visión externa
Jaime Arellano, que es un especialista chileno a cargo de observar procesos de selección de magistrados en diversos países, dio pautas para que la elección sea transparente, pero, al mismo tiempo, desaconseja la elección popular para las altas cortes porque “atenta contra el sentido básico de un Estado democrático de derecho, separación de poderes y la independencia del Poder Judicial”.
Explica que si se postulan a una elección, los jueces se preocupan por ser populares, pero a la hora de emitir sus fallos deben hacerlo incluso si sus decisiones fueran impopulares. “Un juez debe ser capaz de resolver incluso en contra de una opinión mayoritaria, tiene que actuar conforme a derecho”, dijo.
Por otro lado, Arellano hizo notar que son raros los países, entre ellos Bolivia, que cambian a la totalidad de las cortes supremas, ya que que lo lógico es que se hagan renovaciones parciales pues “es una tentación muy grande para los políticos intervenir en ese proceso, porque en el fondo se juegan el todo por el todo en esa elección”.
También abogó por reglas estables para la selección, por la publicidad y transparencia del proceso, sugirió una batería de preguntas idénticas para todos y una votación pública y justificada de los seleccionadores.
Reforma estructural
Rodríguez Veltzé considera que la crisis de la elección de los altos tribunales está superada por un problema mayor, que es la crisis estructural del Órgano de Justicia, el Ministerio Público, y el Estado en general.
Su propuesta, sin embargo, es “invertir el tratamiento de la justicia y no empezar por la designación de 26 ciudadanos, que no van a resolver, ellos por sí mismos, absolutamente nada”.
Es más, considera que “su elección popular no los va a volver más sabios, más independientes ni van a tener la capacidad de responder a un tema que es mucho mayor”.
Por eso demanda, particularmente al presidente Luis Arce, una decisión política para abordar este tema. Considera que se debe empezar por un diagnóstico y dejar para el final la elección de magistrados, pasando por la dotación de un presupuesto acorde a las necesidades.
“A los poderes del Estado, pero sobre todo al jefe de Estado, a Luis Arce Catacora, que tenga la grandeza de entender que el tema de la justicia va de la mano de la democracia y de los grandes desafíos del país”, dijo.
La ciudadanía
El periodista especializado en derechos humanos, Hernán Cabrera, hizo una descripción de la indignación que existe entre la ciudadanía porque “en Bolivia, fiscales y jueces han convertido la justicia en un instrumento del poder económico y político”.
Citó encuestas para decir que la gente no cree en el sistema de justicia y demandó un accionar más comprometido de parte de la ciudadanía para reclamar por este problema.
La abogada Claudia Terán, quien asistió en representación de los organizadores del evento, demandó también una reforma integral del sistema de justicia. “Bajo el convencimiento de que el acceso a la justicia es fundamental para la tutela de los derechos humanos, creemos que debemos mirar todavía más profundo que solo las elecciones de las altas cortes, temas como los altos niveles de impunidad, la alta proporción de personas privadas de libertad y que no cuentan con sentencia, la ausencia de autoridades judiciales en el ámbito rural, la falta de presupuesto, la ausencia de garantía para el ejercicio efectivo de la justicia indígena, todos estos temas que mantienen tan lejana a la justicia de la gente, nos llevan a pensar que tenemos que continuar insistiendo en una reforma profunda al sistema de justicia”, dijo la especialista en derechos humanos.
Las entidades que conforman la Veeduría Ciudadana son Ruta Democrática, Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos, Red UNITAS, Observación Ciudadana de la Democracia y Fundación Jubileo.
