En Bolivia, los derechos no se pierden de un día para otro. Se erosionan lentamente, en medio de discursos polarizados, prácticas institucionales cuestionables y una creciente normalización de hechos que deberían alarmarnos. El informe 2024 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS nos ofrece una fotografía preocupante: se documentaron 915 vulneraciones a las libertades fundamentales y a la institucionalidad democrática, lo que equivale a un promedio de 2,5 casos por día. No es una cifra menor.
Este incremento del 19% respecto a 2023 no solo refleja un aumento cuantitativo, sino una tendencia cualitativa que merece atención. Más de la mitad de los casos (57%) corresponden a vulneraciones a la institucionalidad democrática, un componente clave para garantizar que los derechos y libertades no dependan de la voluntad de los actores en el poder. Actos contrarios al ejercicio de derechos, acoso político, corrupción e irregularidades en procedimientos públicos son prácticas que minan la confianza ciudadana y debilitan el tejido democrático.
Las libertades de prensa y de expresión también han sufrido retrocesos. El informe revela 150 vulneraciones a la libertad de prensa, entre ellas agresiones físicas y psicológicas, restricciones al acceso a la información, amenazas y una preocupante alza en la criminalización de periodistas, que pasó de un caso en 2023 a once en 2024. Este dato no debería ser tomado a la ligera: la prensa libre es un pilar democrático, y cuando informar se vuelve un riesgo, es toda la sociedad la que pierde.
En el caso de la libertad de expresión, aunque se registró una leve baja en la cantidad total de casos, se triplicaron los actos de criminalización vinculados a declaraciones críticas o de fiscalización, lo que refleja un ambiente menos tolerante hacia la opinión diversa y el disenso.
Las protestas sociales tampoco escaparon a esta tendencia. En 2024 se reportaron 95 vulneraciones al derecho a la reunión pacífica y a la protesta, muchas de ellas por uso desproporcionado de la fuerza. Aun cuando las protestas generan tensión, el deber del Estado es garantizar su desarrollo pacífico, no responder con represión.
Si bien otras libertades como la de asociación reportaron menos casos, el informe advierte que la cifra podría estar subestimada por la falta de visibilidad de estas vulneraciones. Y, en paralelo, el derecho a defender derechos humanos ha enfrentado mayores obstáculos: 93 casos, muchos de ellos relacionados con la criminalización de personas defensoras del medio ambiente y el territorio, como en el conflicto por la reserva de Tariquía.
Todo esto plantea una reflexión ineludible: si bien Bolivia mantiene una institucionalidad democrática formal, la convivencia democrática se encuentra bajo presión. No se trata de afirmar que vivimos una dictadura, pero sí de reconocer que existen prácticas —algunas sistémicas, otras coyunturales— que ponen en riesgo derechos básicos y abren la puerta a un debilitamiento progresivo del Estado de derecho.
Reconocer estos síntomas no debe llevar al alarmismo, sino a la acción. Es necesario fortalecer los mecanismos de control democrático, garantizar un ambiente seguro para la labor periodística y la protesta social, y proteger a quienes defienden derechos. Solo así podremos evitar que estas señales de alerta se conviertan en puntos de no retorno.
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Claudia Terán es abogada especialista en Derechos Humanos.
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