Habitantes de Mecapaca, al sur de La Paz, marcharon la mañana de este lunes contra el alza del costo de vida. Foto: Radio del Valle
La Defensoría del Pueblo junto a más de 50 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento en el que piden “evitar una escalada de la conflictividad social, a deponer acciones, discursos y actitudes que inciten a la violencia, ya que estas pueden derivar en una afectación irreversible de la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos de las y los bolivianos”.
Señalan que “la crisis económica, política y social por la que atraviesa el país, agravada por el desabastecimiento de combustibles, la escasez de divisas y los bloqueos de carreteras, impactan de forma negativa a toda la población, afectando de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, principalmente a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y a trabajadores de la prensa”.
En ese marco, indican que la crisis sólo puede resolverse a través del diálogo y los mecanismos democráticos establecidos en la Constitución Política del Estado. “En ese sentido, es fundamental que las elecciones generales previstas para agosto de 2025 se desarrollen en un ambiente libre de presiones, amenazas, desinformación o acciones que generen temor o conflicto”, afirman.
Bolivia vive una profunda crisis económica desde hace varios meses, que ha derivado en la subida de los precios, escasez de combustibles y falta de dólares. En medio de ese panorama, el país se apresta a celebrar elecciones en agosto próximo, pero el proceso se ha visto asediado por una movilización de sectores evistas que desde hace una semana bloquean los caminos del país exigiendo que el expresidente Evo Morales sea habilitado como candidato, pese a estar prohibido por dos sentencias del Tribunal Constitucional y pese a haber gobernando ya tres períodos consecutivos.
Los llamados están dirigidos a:
– A los actores políticos, a actuar con responsabilidad democrática, evitando discursos de odio y amenazas dirigidas a instituciones públicas o sociales, que inciten a la violencia, vulneren derechos humanos o alteren la convivencia pacífica.
– Al Gobierno, a garantizar que la actuación de la fuerza pública frente a protestas, bloqueos se rija por los estándares internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y a abstenerse de desplegar fuerzas militares ante manifestaciones pacíficas.
– Al Órgano Electoral, a hacer prevalecer sus competencias y garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral íntegro, transparente y competitivo, a fin de cumplir con las fechas previstas en el calendario electoral.
– A los sectores movilizados, a ejercer sus derechos políticos en el marco del respeto a las normas democráticas y la libertad de expresión responsable. Se debe evitar toda forma de violencia que afecte los derechos de personas no involucradas en las protestas. Asimismo, exhortamos a garantizar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia. Conforme a los estándares internacionales, únicamente las manifestaciones pacíficas gozan de protección plena.
– A todas las fuerzas políticas y sociales del país, a establecer mecanismos seguros e incluyentes para lograr espacios de diálogo, que permitan acuerdos sobre los principales problemas del país. El diálogo debe priorizarse sobre el uso de la fuerza.
– A la ciudadanía, a mantener una actitud crítica, vigilante y pacífica, comprometida con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones constructivas.
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