La Defensoría del Pueblo observó la falta de transparencia en la información que solicitó a la Asamblea Legislativa, en torno al proyecto de ley que aprueba la firma de 19 nuevos contratos entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y cooperativas mineras, para la otorgación de 358 cuadrillas ubicadas en ocho municipios del departamento de La Paz.
“Las respuestas otorgadas a las solicitudes enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no cuentan con los informes técnicos del proyecto de ley, siendo fundamental la necesidad de una Auditoría Ambiental de Línea de Base (ALBA), en caso de que estas áreas de explotación minera fueran explotadas previamente o que estas áreas, estuviesen dentro de las restricciones establecidas en el art. 93.III incisos. a) y c) de la Ley 535”, se lee en un comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo.
Aduciendo la necesidad de que la población tenga acceso a esta información, en el marco también del cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar el acceso a información ambiental, la Defensoría demandó tener acceso a esta información, debido a la situación de “alta vulnerabilidad” en la que se encuentran los pueblos indígenas, principales actores vulnerados por la situación del medio ambiente.
Por otro lado, la Defensoría también remarcó la necesidad de la aplicación de la consulta previa vinculados a estos 19 contratos que pretenden favorecer a cooperativas mineras. “Es imprescindible que la sociedad boliviana, así como esta institución defensorial, tenga acceso a la información de los procesos de consulta previa que -vinculados a los 19 contratos administrativos mineros- se pretende aprobar mediante el proyecto de ley”, precisó.
A través de una Petición de Informe Escrito, la senadora Cecilia Requena también solicitó al Ejecutivo información en torno a estos 19 contratos y otros cuatro que favorecen a empresas mineras. Específicamente demandó la remisión de estudios ambientales, licencias ambientales otorgadas a estas cooperativas, planes de trabajo y toda la documentación relacionada a procesos de consulta previa.
El proyecto de ley que aprueba la firma de los 19 contratos mineros fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 4 de abril y días después fue observado por la Cámara de Senadores, debido a los plazos que, presuntamente, no se cumplieron en su tratamiento.
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