Abogado Roger Ibarra. Foto: RRSS
El abogado Roger Ibarra informó que presentó una solicitud de sobreseimiento en el proceso penal iniciado por YPFB y Petrobras contra los defensores de Tariquía, del departamento de Tarija. La petición se sustenta, según explicó, en la falta de pruebas suficientes para continuar con la causa.
Ibarra recordó que la imputación formal fue emitida el 24 de abril de 2025 contra 12 de los 29 acusados, de los cuales él representa a 11. “Durante los seis meses de etapa preparatoria sólo se lograron recolectar tres pruebas, ninguna de las cuales demuestra los delitos que se imputan a los comunarios”, señaló.
El abogado detalló que la primera prueba presentada por la Fiscalía es un informe policial del Comando de Entre Ríos, que indica que entre el 1 y 2 de octubre de 2024 no se registraron agresiones físicas ni impedimentos al ingreso de las empresas petroleras, sino únicamente “un cruce de palabras”.
La segunda prueba corresponde a la declaración testimonial de un periodista local, quien corroboró que no hubo enfrentamientos ni actos violentos durante los días mencionados.
Finalmente, Ibarra citó un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), fechado el 22 de mayo de 2025, que establece que los predios como Valle El Peregrino aún se encuentran en proceso de saneamiento, por lo que “no existe derecho propietario consolidado”.
“La pregunta es cómo YPFB y Petrobras ingresaron a realizar actividades de exploración y explotación si el área aún no tiene titularidad definida”, cuestionó Ibarra.
“El proceso no tiene pies ni cabeza”
El jurista calificó el proceso como injustificado y carente de sustento legal, asegurando que los imputados son inocentes. “Desde el inicio dijimos que este proceso no tiene pies ni cabeza. Solo buscaban amedrentarnos y silenciar a quienes defienden su territorio”, manifestó.
Ibarra señaló que los acusados actuaron en defensa de las decisiones tomadas por las diez comunidades del cantón Chiquiacá, donde los pobladores se oponen a la incursión de las petroleras en zonas que consideran parte de su hábitat y territorio tradicional.
El abogado explicó que, según procedimiento, el Ministerio Público debe pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento en un plazo de 24 horas, aunque reconoció que los plazos rara vez se cumplen. Por ello, también se presentó un memorial ante el Juzgado Mixto de Entre Ríos para que se emita una conminatoria que obligue a la Fiscalía a emitir una resolución.
“Esperamos que en un plazo de unos diez días tengamos un pronunciamiento. Confiamos en que prevalezca la objetividad y se cierre este proceso injusto”, afirmó Ibarra.
De ser rechazada la solicitud, el caso avanzaría a la etapa de juicio oral, aunque el abogado confía en que la justicia reconozca la falta de fundamentos y declare el sobreseimiento definitivo para los once comunarios procesados.
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