Campo petrolera en Tariquía. Foto tomada de ANA
Jimena Mercado / Agencia de Noticias Ambientales
«Primero entraron a nuestra casa, se instalaron bien y después recién nos consultaron”, afirma Francisco Romero, dirigente comunario y defensor del medioambiente, al referirse al ingreso de YPFB Chaco y Petrobras a la Reserva Nacional de Fauna y Flora de Tariquía en el departamento de Tarija. Las y los defensores del área protegida expondrán su caso en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para Romero, es un logro más haber conseguido una audiencia ante la CIDH, donde se denunciará a la comunidad internacional, la lucha justa que están llevando adelante para defender el área protegida, pero también la persecución judicial a la que están siendo sometidos.
“Estamos viviendo en una indefensión total en nuestro país, pese a tener derechos incluidos en la Constitución Política del Estado, convenios internacionales ratificados por el mismo Estado, que se deben garantizar en todo el territorio y se debe respetar los derechos de defensoras y defensores de derechos. Aquí en Bolivia no se logra nada y por eso es importante demostrar a la CIDH de cómo los derechos humanos son violados, las personas en resistencia somos violentados”, afirma Romero desde Tarija.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el continente americano. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana han violado DDHH.
“Hemos perdido la fe en la justicia boliviana y la única esperanza que teníamos era salir afuera, yo fui parte de las dos demandas que se hicieron, una al señor Evo Morales, otra a la señora Jeanine Áñez, pero justicia salió en contra de nosotros, nos jugaron mal en el Tribunal Constitucional y por eso también participamos con nuestro informe en el Examen Periódico Universal en las Naciones Unidas”, explica el líder.
El también exvicepresidente del Comité de Gestión de Tariquía, señala que para quienes se pusieron en defensa del área protegida Tariquía, principal reserva de agua del departamento de Tarija, hay esperanzas en que la CIDH se manifieste sobre la criminalización a defensoras y defensores del medioambiente y emita recomendaciones al Estado boliviano.
Entre las potestades que tiene la CIDH también está el de observar la situación general de los DDHH en los Estados Miembros y publicar informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado Miembro, realizar visitas in loco a los países para analizar en profundidad la situación general y/o para investigar una situación específica, además el de recomendar la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los Derechos Humanos.
“Esperamos que la justicia internacional se apiade de las defensoras y defensores porque lo que hemos logrado, no solo es para Tariquía sino para todos los territorios que conformamos la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos”, afirma al referirse a la audiencia ante la CIDH.
El líder comunal recuerda que el camino judicial que recorrieron las y los defensores de la reserva natural de Tariquía fue largo, pues empezó con la acción popular en el juzgado de Padcaya pidiendo la consulta previa, libre e informada, pero el juez falló a favor de YPFB, resolución ratificada en el Tribunal de Tarija.
“Luego presentamos una acción pidiendo lo mismo en el Tribunal de Garantías Constitucionales de Tarija, teníamos la esperanza de que la señora Jeanine Áñez tenga la voluntad y pueda anular es decreto supremo 2366, porque eso pedíamos, pero el juez falló en contra en audiencia virtual en pleno Covid”, relata.
El Decreto Supremo 2366 de 2015 autorizó la exploración y explotación petrolera en áreas naturales protegidas, incluyendo la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
En enero de 2023, parlamentarios hicieron conocer que el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la acción popular en defensa de la reserva natural de Tariquía, luego de la apelación al rechazo de la misma, sin embargo remitió el caso a la misma sala que rechazó el recurso legal, por lo que recusaron a los jueces.
“Una vez pasó el proceso al Tribunal Constitucional para que dé el veredicto, se hicieron la burla, no cumplieron con los plazos, después de más de tres años cuando teníamos la esperanza que nos den el veredicto y nos notifiquen y pase a la justicia internacional, no se nos notificó”, explica.
El derecho a la consulta previa, libre e informada se encuentra consagrado no sólo en la Constitución de 2009, sino también en el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), firmado y ratificado por Bolivia.
Al respecto, los estándares internacionales señalan que “En el caso de actividades realizadas por el Estado, o bajo su autorización –a través de, por ejemplo, licitaciones o concesiones– que tendrían un impacto significativo en el uso y goce de este derecho, es necesario que el Estado asegure que los pueblos afectados cuenten con información sobre las actividades que les afectarían, que tengan la posibilidad de participar en los diferentes procesos para la toma de las decisiones respectivas, y tengan acceso a la protección y las garantías judiciales en caso de considerar que sus derechos no sean respetados”
El Convenio 169 establece que la consulta debe ser previa, libre, informada y de buena fe. Sin embargo, las y los defensores de Tariquía dan cuenta que la consulta no fue previa sino varios años después de que se diera inicio a los actos administrativos iniciales que creaban las áreas de explotación de hidrocarburos, pero además fue manipulada y de mala fe porque implicó la cooptación de comunidades y la división de organizaciones.
“Con todo este problema de criminalización y persecución judicial a los compañeros de Chiquiacá y a la compañera Paola Gareca de Tariquía logramos ver el accionar del Defensor del Pueblo, por lo menos salieron a decir que las cosas están mal y eso ha ayudado en esta situación”, apunta.
Romero recuerda que el 2017 cuando se realizó la primera marcha en defensa de Tariquía, pues se creía en Tarija erróneamente que en la Reserva de Tariquía solo había bosque y fauna. Pero la marcha sirvió también para mostrar que existe población humana, comunidades y viviendas. Pero luego entraron las petroleras YPFB Chaco y Petrobrascon malas intenciones.
“Dividieron las comunidades, hicieron pedazos a las organizaciones, realmente la paz social que vivíamos en la reserva se ha perdido y no tenemos esperanzas en que podamos a recuperarla”, expresa.
El dirigente afirma que es increíble el odio que se ha generado entre organizaciones, comunidades y hasta familias. “Pudimos analizar eso en recientes talleres, incluso hay divisiones entre familias desmembradas, como digo, la paz social que vivíamos en Tariquía ya ha desaparecido, la reserva ya ha desaparecido (…). A esta altura de la vida ya no tenemos esperanzas, para que nuestros hijos vivan en paz”, dice.
En paralelo, la Fiscalía Departamental de Tarija, recientemente revocó la resolución de la Fiscalía de Entre Ríos, que rechazó la denuncia en contra de 29 personas. A su vez, la defensa de los denunciados observó que falta la toma de dos testigos y el desfile identificativo de los comunarios de Tariquía, actuaciones que deben llevarse bajo varias formalidades. Sin embargo la Fiscalía Departamental no se ha pronunciado sobre el fondo del tema.
La estatal petrolera presentó denuncia penal en contra de 29 personas, entre comunarios (as), dirigentes y cívicos defensores del área protegida, por los presuntos delitos de: “atentados contra la libertad de trabajo e impedir el ejercicio de funciones”, debido a que rechazaron la actividad hidrocarburífera al interior de la reserva natural de Tariquía.
También le puede interesar:
