Las críticas al fiscal general, Roger Mariaca, sumaron este fin de semana, por la intimidación a una periodista de Unitel.
“El Fiscal General debe ser un garante de la libertad de expresión, no una amenaza. Las altas autoridades no pueden amedrentar a periodistas simplemente por ejercer su labor”, escribió en su cuenta de X el abogado especializado en derechos humanos, Franco Albarracín.
Ante la pregunta de si renunciaría a su cargo por los señalamientos en un caso de manipulación judicial que ya ha arrastrado a varios operadores judiciales, Mariaca arremetió contra la periodista en tono amenazante.
“Yo no entiendo su pregunta, que no tiene nada que ver, veo un afán también conspirador de parte de Unitel, en contra de mi persona. No tengo por qué renunciar, no tengo por qué renunciar, Unitel, porque no tengo que ver en este caso…Que le digan bien sus directores, lo que…”, espetó Mariaca, quien dijo que la pregunta no viene al caso y que, por tanto, hará las quejas correspondientes, aunque no señaló ante quienes.
La directora del Grupo Fides, Nancy Vacaflor escribió que “no era necesario que reaccione de manera tan hostil, mucho menos si no tiene nada que ver en el caso. Acusar a Unitel de conspirar, usar a la periodista en un ejemplo y advertirle que se quejará, no dice nada bueno de un fiscal general del Estado”.
El periodista y abogado Andrés Gómez atribuyó la reacción a una falta de capacidad cognitiva. “Si el fiscal no entiende una pregunta, no es problema del periodista, sino de él. Tiene un problema cognitivo. Su reacción refleja que sus funciones ejecutivas son deficientes”, escribió.
Entre tanto, el periodista Rodolfo Huallpa indicó que “hace unos días fue Jhonny Fernández contra la periodista Mercedes Fernández, ahora el Fiscal General contra Unitel. No sólo se rehúsan a responder preguntas, sino que atacan desde una posición de poder y estigmatizan la labor investigativa de la prensa”.
Asociaciones piden retractación
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país, se pronunciaron rechazando “las expresiones intimidatorias y ofensivas del fiscal general del Estado, Róger Mariaca”, y exigiéndole que se retracte.
“Exigimos que el Fiscal General del Estado se retracte públicamente de sus declaraciones intimidatorias y que garantice condiciones adecuadas para el ejercicio libre, seguro y sin represalias del periodismo. Su conducta configura un patrón preocupante de hostilidad contra la prensa y constituye un acto de violencia de género inaceptable.”, señalan.
Las organizaciones explican que la pregunta se enmarca plenamente en el ejercicio legítimo del periodismo y en el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna, veraz y contrastada sobre los actos de las autoridades nacionales.
“La reacción del fiscal Mariaca, sus acusaciones directas contra el medio de comunicación y las amenazas de iniciar “las quejas correspondientes” contra la periodista, configuran un acto de amedrentamiento inadmisible y contrario a los principios democráticos y al Estado de derecho”, indican.
Agregan que toda autoridad, más aún quien ejerce un cargo de la jerarquía e importancia del Fiscal General del Estado, tiene la obligación de someterse al escrutinio público, de rendir cuentas de sus actos y de un trato respetuoso y transparente con los periodistas y reconocer la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando pueda resultarle crítica, inconveniente e inoportuna para sus intereses.
“Lamentamos que, lejos de brindar respuestas claras a una pregunta pertinente sobre su presunta vinculación con una red de corrupción destinada a alterar la composición del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal Mariaca optara por descalificar al medio, distorsionar el sentido de la pregunta y victimizarse públicamente, insinuando la existencia de una conspiración en su contra por parte de la red Unitel”, mencionan.
Contexto de violencia contra medios
La intimidación del Fiscal coincide con el pedido de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y de la Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional (ACPI) , a las relatorías de Naciones Unidas y de la CIDH que “realicen un seguimiento riguroso y sostenido a la situación de la libertad de prensa en Bolivia” porque, según dijeron, existe una escalada de vulneraciones.
La Conferencia Nacional de Asociaciones de Periodistas, reunida este 18 de junio, resolvió alertar a organismos internacionales sobre “una grave y sostenida escalada de vulneraciones a la libertad de prensa en el país”.
Cumpliendo esa resolución, la ANPB y la ACPI enviaron una comunicación formal a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, y al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, en la que exponen “una preocupante escalada de vulneraciones a la libertad de prensa, especialmente entre los meses de enero y junio del presente año”.
Denuncian un clima de hostilidad y violencia sostenida contra periodistas, con al menos 51 vulneraciones directamente vinculadas al proceso electoral y a la crisis económica, además de cerca de 500 vulneraciones en los últimos cinco años, según datos documentados por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
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