Cultivos de coca en áreas protegidas aumentaron en 34% y la UE expresa preocupación

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La Unión Europea (UE) expresó su preocupación por el incremento de los cultivos de coca en cinco áreas protegidas de Bolivia que, en 2023, alcanza a un 34%, en relación a la gestión anterior. 

Sobre todo nos preocupa el aumento y, si no me equivoco, que es del 34% en aquellas áreas que deben tener una protección especial por su valor ecológico y cultural. Eso también nos preocupa, porque pone en manifiesto los retos significativos que aún tenemos que enfrentar juntos relacionados con el cambio climático”, afirmó el jefe de la Delegación de la UE en Bolivia, Jaume Segura. 

El martes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el informe de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia 2023 que estableció que las plantaciones de ese arbusto subieron a 31.000 hectáreas (ha) que significa un incremento del 4% con relación a 2022, cuando se registró 29.900 hectáreas. 

Según el informe, en 2022 en seis áreas protegidas existía un total de 435 hectáreas, pero en 2023 se registró 583 hectáreas, es decir, hubo un aumento de 148 hectáreas. El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró se presentó una mayor cantidad de plantaciones de coca ya que se identificó 53 hectáreas que representa un 83% de aumento con relación a la gestión pasada, tomando en cuenta que solo había 29 hectáreas. 

En el Área Natural de Manejo Integrado Nacional de Apolobamba se elevó en un 76%, con 79 hectáreas; en el Parque Nacional Carrasco subió en un 38%, con 310 ha. 

Mientras que en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata se elevó en un 8%, con 66 ha; en el parque nacional y ANMI Madidi aumentó un 2% donde se registró 57 ha. 

Entre tanto, en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) hubo un decremento de los cultivos en un 10%, pasó de tener 20 ha en 2022 a 18 en 2023. 

“El Parque Nacional Carrasco alberga el 53% de los cultivos de coca en áreas protegidas (310 ha), seguido por el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba con el 14% (79 ha), el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata con el 11% (66 ha), los Parques Nacionales y Áreas Naturales de Manejo Integrado Madidi y Amboró con el 10% (57 ha) y 9% (53 ha) respectivamente”, señala el reporte. 

En ese contexto, el diplomático señaló que es necesario priorizar la atención a ese sector y reforzar la lucha contra el narcotráfico, además de la seguridad y el desarrollo de las comunidades con la implementación de planes alternativos al cultivo de coca. 

“Es una tendencia que requiere una atención prioritaria y colaborativa no solamente en términos de sostenibilidad ambiental, sino también en el ámbito de la seguridad y el desarrollo comunitario. Sin duda, estos desafíos son una llamada para intensificar nuestra alianza estratégica reforzando las acciones que se han demostrado efectivas y buscando innovar aquellas que se necesitan reformular”, expresó. 

Inversión 

Por otra parte, Segura recordó que, desde 2005, ese organismo internacional apoyó al Estado boliviano con 225 millones de euros lo cual lo convierte en un socio estratégico en diferentes ámbitos, entre ellos la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. A la vez, dijo que actualmente se invirtió 60 millones de euros en 22 proyectos. 

“Desde el año 2005, la Unión Europea ha invertido más de 225 millones de euros en programas destinados a apoyar el manejo sostenible de los cultivos de coca, la lucha contra el crimen organizado y el apoyo a la política nacional de manejo de sustancias controladas. Solo en la actualidad, Bolivia se beneficia de un programa con un valor de 60 millones de euros a través de 22 proyectos, que incluye iniciativas de carácter bilateral, regional y multilateral o global”, señaló. 

La información está contenida en el ‘Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2023’ en Bolivia elaborado por el organismo con financiación de la Unión Europea (UE). Fue presentado en un evento con la participación del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el vicecanciller, Elmer Catarina.

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