Uno de los peligros más críticos a los que nos enfrentamos con la Ley 157 no solo es el acceso al crédito, sino la extinción de la protección constitucional y de los derechos humanos que, hasta este momento, mantenían a la tierra fuera de la lógica de embargo mercantil. El corazón de esta ley no es la «modernización» del agronegocio, es el cambio de la Función Social por la Rentabilidad Financiera. Lo que se busca es facilitar un proceso de due diligence (diligencia debida) masivo para el capital transnacional, punto que tocaremos más adelante.
Mediante el Art 394 de la CPE, la pequeña propiedad es un ¨activo congelado¨ para los bancos debido a su carácter indivisible e inembargable. Esto no es una limitante para el productor, es un seguro de vida y un derecho reconocido por el Estado contra la situación de pobreza en áreas rurales.
Esta ley no busca que el pequeño productor tenga un crédito y prospere, su objetivo es que el capital financiero tenga garantías. La tierra deja de ser un resguardo de subsistencia para los sectores más vulnerables y pasa a convertirse en una prenda comercial, donde el riesgo ambiental no la asume el banco ni el mercado, sino el productor con su tierra. Al ingresar normativamente al régimen del Comercio y los Servicios Financieros. El Estado abandona su rol protector y empuja al pequeño productor a un contrato bancario que no entiende de crisis climáticas (sequías, inundaciones etc.) ni soberanía alimentaria.
La historia de esta Ley delata su verdadera naturaleza, no es un proyecto aislado, sino una ambición persistente del poder económico por parte del agronegocio. Su presentación se remonta ante la bancada del MAS entre 2022 y 2023, tras ser rechazada en el Senado en aquel entonces por su evidente inconstitucionalidad, ahora fue empujada y retomada por figuras vinculadas al agronegocio, como Branko Marinkovic, bajo un discurso de “libertad económica”, Esta coincidencia de intereses entre actores revela una agenda transversal: el desmantelamiento de la protección constitucional de la pequeña propiedad para entregarla a la lógica del mercado.
Lo que el Gobierno presenta como una simplificación administrativa oculta un proceso de due diligence para capitales extranjeros. ¿Cómo? En el mundo financiero, antes de cualquier inversión, se realiza una auditoría de manera exhaustiva de los activos, es aquí donde la pequeña propiedad ¨falla¨ por su carácter inembargable, siendo un riesgo para los inversores, ya sea para el agronegocio o la falsa solución que quieren vendernos de los bonos de carbono mediante un ¨lavado verde¨ o greenwashing.
La Ley 157 es el maquillaje que permite, en un plazo de apenas10 días, que la tierra se despoje de su protección social y se convierta en un activo bancario sin reclamo alguno. Ya no se sanea para dar justicia, sino para ofrecer seguridad jurídica al acreedor (banco y capital extranjero).
Esta vía también facilita que los predios con tensiones de límites o vicios legales se regularicen velozmente bajo un nuevo folio real, permitiendo que tierras con antecedentes dudosos entren «limpias» al Sistema Único de Derechos Reales. Esta ley es la llave que quita la inembargabilidad para que el banco pueda cobrar y rematar, transformando una tierra que alimenta en una tierra que cotiza y una mecánica de despojo.
Ahora hablemos de derechos humanos. Estamos frente a una norma que viola el principio de progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que pretende desmantelar décadas de protección social que son parte de la debida diligencia (deber) y posición de garante del Estado, en favor de una lógica de mercado basado en extractivismo (explotación masiva de recursos).
La inembargabilidad no es un anacronismo del desarrollo o un privilegio, es la garantía de una vida digna para los sectores vulnerables, esta ley atenta contra la forma de vida de cada boliviano. Al permitir la conversión a un régimen embargable, se está retirando unilateralmente un escudo de protección social; esta ley es inconstitucional por regresiva, pues no se puede y no se debe legislar para que el ciudadano quede en una situación de mayor vulnerabilidad frente al capital financiero; esta ley disfraza la pérdida de derechos como una opción voluntaria.
En Bolivia estamos viviendo una crisis hídrica inminente (la crisis no es solo económica). A mi parecer, esta Ley 157 es la sentencia de muerte para nuestras fuentes de agua. Cuando una entidad, por incumplimiento, ejecuta un título, no solo se adjudica la tierra, también se adjudica el control de acceso de las vertientes, ojos de agua, pozos y acuíferos de ese predio. Esta ley facilita que el agua de las comunidades en Bolivia y de la Amazonia terminen siendo propiedad de carteras vencidas de bancos para ser vendidas a fondos de inversión extranjeros.
En la pequeña propiedad, el derecho a la tierra se mantiene por la subsistencia y la residencia, y se gestiona bajo usos y costumbres, aquí el agua es un derecho humano blindado socialmente. Nadie puede ejecutar una hipoteca o quitarle el acceso al agua a una familia, se garantiza el vínculo a la reproducción de la vida y alimentación para cada persona en este país.
Al ser mediana propiedad ese blindaje desaparece. ¿Cómo? Si el dueño de la tierra no paga la hipoteca porque hubo sequía u otro desastre, el banco se adjudica la tierra con todo lo que contiene, incluida el agua, que deja de ser de acceso comunitario de uso de las familias, de mujeres, de niños y niñas, de los animales, y pasa a ser solo un recurso bajo el control del nuevo propietario.
No nos olvidemos de que, al entrar la tierra en una lógica empresarial, el agua, los elementos y seres que ahí habitan se valoran en función de su capacidad productiva. Si un banco tasa la mediana propiedad, el valor en el mercado sube mucho más cuando existe acceso al agua en el predio, convirtiendo al agua en un «plus» del precio del activo en el mercado y cuando el agua de una comunidad se vuelve un activo bancario, la sed de la ciudad se convierte en el negocio de un privado.
Esta ley es la guillotina a nuestra alimentación. Al forzar esta transición de la agricultura de subsistencia, de la que todos nos alimentamos, a una lógica empresarial, se rompe esta cadena de soberanía alimentaria que ya esta tan debilitada. ¿Qué va a pasar? El productor ya no va a sembrar para alimentar al país con alimentos que son parte de tu canasta familiar, de tu plato, va a sembrar para ganar intereses, y eso implica el uso de más químicos y semillas transgénicas para evitar fallas en la cosecha o que esta se pierda por la sequía que el mismo agronegocio provocó con los incendios, el banco no perdona el crédito y la consecuencia es la pérdida de la tierra, generando un desplazamiento forzado del área rural a los cinturones de mayor pobreza en las ciudades, ocasionando la destrucción del tejido social rural, poniendo en riesgo las culturas.
La inembargabilidad es el escudo de cuidado que protege el hogar para muchas mujeres y niñas del área rural que, lamentablemente por un sistema patriarcal, no figuran en los títulos de propiedad y solo tienen una copropiedad simbólica. La Función Social es para ellas la garantía de que, pase lo que pase, siempre tendrán un lugar para sembrar y vivir y no quedar en la calle sufriendo mayor violencia. Esta ley ignora la asimetría de poder dentro del hogar, las decisiones de trato bancario, de endeudamiento y el riesgo hipotecario suelen ser tomadas por el hombre de la familia y no por la mujer, la misma vulnerabilidad ocurre en adultos mayores donde las decisiones las toman los hijos.
Debemos ser claros: la inembargabilidad de la pequeña propiedad es el último muro que contiene la pobreza en nuestro país, en el que ya existe una marcada violencia sistemática y de gran desigualdad. Esta barrera garantiza que el mercado no pueda absorber el derecho a la existencia, la Ley 157 quita este escudo. Esta ley no está simplemente modernizando el agronegocio, está poniendo sobre la mesa una sentencia que terminará golpeando el plato de comida y la vida de cada uno de los bolivianos. Nos dejará una marca imborrable para recordarnos que, cuando la tierra se vuelve mercancía, la vida digna y el Suma Qamaña se vuelve un lujo. Porque sin agua, no hay vida.
Daniela Arratia es abogada de derechos humanos y medio ambiente y activista del Colectivo Lucha por la Amazonia Boliviana (LxA).
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