Hernán Cabrera M.
En el título V Funciones de control y defensa de la sociedad y defensa del Estado de la Constitución Política están contempladas dos instituciones fundamentales: Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, que tienen un claro mandato centrado en la sociedad: su convivencia, paz social, administración de justicia como derecho humano.
Ahí están las dos a las que la Carta Magna les otorga poderes para estar al lado del ciudadano, del hombre y la mujer del Estado Plurinacional, sin distinciones, discriminación, ni privilegios, ni miedos, ni prejuicios.
Pues bien, para recordarles a los directivos de ambas instituciones, por si se les olvidó, les hacemos recuerdo de sus funciones establecidas en la Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009.
El Art. 218 señala: La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y la actividad en las instituciones privadas que presten servicios públicos.
El Art. 225 indica: “El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. II: El ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía”.
A la luz de esos mandatos constitucionales les hacemos algunas preguntas: ¿Realmente son defensores de la sociedad y de los individuos que la conforman? ¿Actúan de forma independiente u obedeciendo una orden política del gobierno de turno? ¿Accionan todos sus instrumentos de la misma forma cuando hay un bloqueo de caminos, toma de instituciones, amenazas de cualquier organización cívica, social o sindical que lo haga? ¿Por qué cuando se trata de una acción de protesta de Santa Cruz se van contra todo, pero cuando hay avasallamientos o bloqueos de sectores privilegiados como los mineros del oro se esconden y no hacen nada? ¿Es por miedo, cálculo, o están de rodillas ante el poder de turno? ¿La justicia es para determinados grupos y personas, y para los otros, la impunidad y la libertad?
Estas y otras preguntas nos hacemos y las planteamos teniendo de frente los hechos históricos y los que recientemente están ocurriendo en el país. Sin duda, que toda acción violenta venga de donde venga, ya sea toma de instituciones, bloqueos de caminos, amenazas con incendiar el país, paros con bloqueos son ilegales y por tanto el Ministerio Público, la policía, deben reaccionar y evitar esas situaciones extremas. Así se hizo con el paro cívico de los 36 días, la toma de algunas instituciones, para lo cual la Fiscalía General presentó a los acusados y los tiene en procesos judiciales.
Pero cuando asistimos a similares acciones de hecho, como el bloqueo prolongado en la carretera a Buenavista, con el pedido de una carretera que penetre el parque Amboró, ni Lanchipa, ni la policía, ni el Defensor del Pueblo trataron de hacer algo. Dejaron que siga el bloqueo golpeando a todo un pueblo. Sin duda, fue cobardía, sometimiento al poder e incumplimiento de deberes.
O cuando el poderoso sector de la minería del oro vienen bloqueando a la ciudad de La Paz, a plan de dinamitazos, exigiendo lo ilegal, como el tener autorización para explotar y destruir las áreas protegidas, los parques nacionales y territorios indígenas, de igual manera, ninguna institución que la CPE le da el atributo de defender a la sociedad, se hace presente y permite que estos mineros magnates hagan lo que ellos quieran, incluso tomaron de forma violenta un par de instituciones, agrediendo a los policías, pero para Lanchipa y sus fiscales, para Pedro Callizaya y sus funcionarios, es mejor callar y encerrarse en un cuarto.
El viceministro de seguridad ciudadana dijo que para ellos no hay ciudadanos de segunda o tercera categoría, pero la realidad demuestra lo contrario: hay sectores privilegiados, adulados que se atreven a destruir, amenazar y la justicia no les toca un pelo, pero hay otros sectores que protestan y le dan con todo, incluido Lanchipa que se pone el frente de las investigaciones.
El Defensor del Pueblo y sus colaboradores, después de un año, emitió un informe sobre los derechos humanos en el paro cívico de octubre de 2022, señalando que hubo vulneraciones de los bloqueadores y del comité cívico, pero no dijo nada sobre las acciones violentas de la policía y de la gente del MAS. Ahí tiene una importante tarea que hacer: otro informe sobre los millonarios mineros del oro y de cómo vienen explotando la Madre Tierra, además de vulnerar los derechos de indígenas que viven en esos lugares, pero hasta el momento la Defensoría del Pueblo, ha obviado este delicado tema complejo y que maneja millones de dólares.
¿Qué hacer?, la pregunta que se hacía Lenin y que tuvo respuestas. Pues bien, en Bolivia, claro que no iremos a las montañas a alzarnos en armas, hacer justicia con nuestras manos, destruir los bienes del Estado, huasquear a los corruptos, tirar tomates a los gobernantes en pleno discurso, quemar vehículos, nada de eso estimados lectores, porque enseguida el fiscal te cita, el policía te detiene, el juez te manda a Chonchocoro o Palmasola. Ahí serán efectivos contra los ciudadanos indefensos.
La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo podrán decir y gritar a todos los vientos que están haciendo bien su papel, que están al lado del ciudadano; pero en sus conciencias saben que no es así y que sus actos son resultados de mandatos políticos en contra de la Constitución Política y a favor de los sectores de primera categoría, a quienes nunca les alcanzará el brazo de la justicia ni la denuncia.
¿Dónde están y qué hacen Lanchipa y Callizaya?
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Hernán Cabrera M. es periodista y Lic. en Filosofía
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