Cárcel de mujeres. Foto: Defensoría del Pueblo
En medio de una crisis penitenciaria aguda, los partidos políticos bolivianos encaran las próximas elecciones generales de agosto con propuestas que apuntan a desmantelar un sistema carcelario colapsado por el hacinamiento, la corrupción, el autogobierno y la falta de reinserción social. Desde intervenciones militares temporales hasta cooperativas de reclusos y defensores autónomos del preso, las ideas varían en profundidad e innovación.
La propuesta más integral e innovadora proviene del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), cuyo candidato, Jaime Dunn, plantea una reforma penitenciaria estructural en tres fases: medidas de emergencia para descongestionar cárceles, una reestructuración institucional y un enfoque sostenido en la reinserción. Su propuesta incluye tribunales itinerantes, celdas inteligentes con bloqueo de señales, centros modulares regionales, un fondo de reinserción y la creación de una Defensoría del Preso independiente.
Dunn propone también cooperativas productivas administradas por internos, en el marco de un modelo de justicia restaurativa. Estas serían acompañadas por campañas como “Segunda Oportunidad”, destinadas a reinsertar laboralmente a los liberados, junto con incentivos económicos a empresas que los contraten.
Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el candidato Rodrigo Paz Pereira propone seis estrategias enfocadas en reeducación y reinserción, con cooperación internacional. Si bien su enfoque no presenta innovaciones disruptivas, su plan es sólido: mejorar infraestructura, implementar sistemas de clasificación de internos, atención integral en salud mental y física, y reducir el hacinamiento mediante medidas alternativas a la prisión.
Eva Copa, del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), plantea una reforma legal de fondo: modificar el Código Penal y el Procesal Penal para limitar la detención preventiva, ampliar las medidas sustitutivas y profesionalizar al personal penitenciario. Su propuesta tiene como eje central la humanización del sistema penal, priorizando la proporcionalidad de penas y la prevención.
Por su parte, el MAS-IPSP, con Eduardo del Castillo como candidato, apuesta por una “reingeniería penitenciaria” centrada en infraestructura y programas de educación técnica al interior de los penales. También contempla incentivos a empresas que contraten exreclusos y el uso de brazaletes electrónicos. Aunque su enfoque es menos innovador que el de otros partidos, y es básicamente un continuismo del actual gobierno del que fue ministro, detalla propuestas para evitar el encarcelamiento innecesario por delitos menores. Su gobierno incumplió con la construcción de cárceles modulares y el cierre del penal de San Pedro de La Paz.
Una propuesta polémica proviene de APB-Súmate, liderado por Manfred Reyes Villa, quien propone un modelo de gestión penitenciaria privada. Bajo este esquema, se buscaría modernizar la administración carcelaria a través de alianzas público-privadas (APP). Su objetivo es reducir el hacinamiento y la corrupción, diferenciando entre delincuentes y enfermos mentales que requieren tratamiento especializado. También propone el uso masivo de brazaletes electrónicos.
La candidatura de Reyes Villa, sin embargo, deja abiertas muchas dudas sobre los mecanismos de fiscalización de estas gestiones privadas y su viabilidad legal y constitucional en Bolivia.
Algunos partidos, como Libertad y Progreso (ADN), no presentan ninguna propuesta concreta sobre el sistema penitenciario, pese a la gravedad de la crisis carcelaria.
Tampoco se encontraron propuestas explícitas en el programa de Alianza Unidad, del candidato Samuel Doria Medina, ni de Alianza Popular, representada por Andrónico Rodríguez. De igual forma, la Alianza Fuerza del Pueblo y Alianza Libertad y Democracia, liderada por Jorge Quiroga Ramírez, no detallan medidas para el sistema penitenciario, marcando una ausencia preocupante en sus agendas.
Entre los puntos comunes de los programas con propuesta están la urgencia de reducir el hacinamiento carcelario, la mejora de infraestructura penitenciaria, y la necesidad de separar procesados de condenados, un problema central del sistema boliviano actual.
La propuesta de Dunn destaca además por su enfoque normativo, planteando una reforma al Código de Ejecución Penal bajo estándares internacionales como las Reglas Mandela de la ONU. También plantea el uso de tribunales comunitarios de mediación para delitos menores y evitar el ingreso innecesario de personas al sistema carcelario.
La iniciativa del PDC de implementar programas de reeducación con cooperación internacional se presenta como una alternativa viable para el mediano plazo, aunque carece de detalles operativos específicos en cuanto al financiamiento y ejecución.
Eva Copa introduce un enfoque más ideológico, proponiendo una revisión del modelo penal punitivo y priorizando la proporcionalidad y la prevención. Su visión es compatible con las líneas promovidas por organismos internacionales en materia de justicia penal.
La propuesta del MAS-IPSP se alinea con las políticas de continuidad y fortalecimiento de programas existentes, como los de educación y trabajo obligatorio dentro de las cárceles, aunque sin innovaciones destacables.
Manfred Reyes Villa apuesta por una visión empresarial de la prisión, con gestión privada y separación conductual basada en criterios psicológicos. Esta postura ha generado tanto interés como preocupación en sectores de derechos humanos que advierten sobre los riesgos de privatizar la privación de libertad.
En contraste, la ausencia total de propuestas por parte de ADN, La Fuerza del Pueblo, Alianza Unidad, Alianza Popular y Libertad y Democracia podría traducirse en una pérdida de legitimidad frente a una ciudadanía que percibe a las cárceles como uno de los rostros más visibles de la descomposición estatal.
El hacinamiento, la violencia y el autogobierno en cárceles bolivianas no son fenómenos nuevos, pero el debate electoral actual los ha puesto en el centro de la discusión. La variedad de enfoques permite entrever una pugna entre visiones restaurativas, tecnocráticas, privatizadoras e incluso militarizadas del sistema penal.
En un país donde el 66% de los presos no tiene sentencia y el presupuesto diario de alimentación es de apenas Bs 8 por persona, las elecciones de este año podrían marcar el rumbo de una reforma penitenciaria que, por primera vez, parece ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.
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