Luciana Belen Miranda Serrano
Inmersos en una realidad que obstaculiza la labor de aquellos que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos; quienes son sometidos a procesos penales injustos y, simultáneamente, amenazados y estigmatizados; la urgencia de dar a conocer esta problemática es cada vez mayor.
Las personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, quienes tienen el objetivo de luchar en contra de las injusticias a través de mecanismos pacíficos, se caracterizan por lo fundamental de su participación dentro de un Estado de Derecho y Democrático, pues son ellos quienes ejercen el control ciudadano por medio de las funciones que desempeñan. Asimismo, es necesario destacar que, a través de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos promulgada en 1999 por la Organización de Naciones Unidas, se ha establecido que constituye un derecho y un deber de todas las personas; y a la par, le dota de un rango elevado de protección y garantías por parte de la comunidad internacional. Por lo tanto, garantizar el ejercicio de este derecho y deber son de responsabilidad primordial para el fortalecimiento de sociedades más justas.
Ahora bien, a pesar de la importancia que recae sobre este grupo de personas, se observa que a nivel nacional existe un incremento de casos en los que este grupo se enfrenta a esta problemática, más los efectos que trae consigo, tanto a nivel individual como colectivo, especialmente en los defensores de derechos ambientales y de pueblos indígenas. De este modo, dichos efectos se ven reflejados en la vulneración a derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la integridad física e incluso la vida.
Tal es el caso del Ayllu Acre Antequera, ubicado en la provincia Poopó del departamento de Oruro. Se trata de una región ancestral que por mucho tiempo lleva atravesando una serie de vulneraciones a los derechos de las familias residentes, por la contaminación y destrucción de los recursos hídricos por parte de una empresa minera. Dos testigos de aquello denunciaron y actuaron en defensa de ese territorio y las personas que habitan en él, pero como consecuencia fueron hostigados, amenazados y criminalizados, lo que los llevó a abandonar el lugar.
Por su parte, la escasa normativa que protege a los Defensores de Derechos Humanos en Bolivia es el reflejo de la falta de importancia y prioridad que se le da a esta actividad, pues el Estado es el principal garante de los Derechos Humanos; en consecuencia, debe dotar de los medios necesarios para efectivizar el goce de los Derechos.
En conclusión, la criminalización hacia las personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos es una realidad presente en el contexto boliviano, pero que, al contrario de lo que se espera, es escasamente visible e insuficientemente protegida debido a la poca normativa y mecanismos que coadyuven a garantizar el ejercicio de este derecho y deber. Por ende, es necesario visibilizar esta problemática, generar espacios y mecanismos que promuevan la defensa de Derechos Humanos y edificar normativa que garantice el ejercicio de esta loable labor.
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Luciana Belen Miranda Serrano, miembro del colectivo de Defensores de Derechos de Chuquisaca e investigadora y estudiante de Derecho
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