Este es el post de Romer Saucedo que dio origen al debate actual.
En las últimas horas se han intensificado las presiones para que renuncien los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional, sin embargo, la Alianza Libre denunció que esta y otras acciones buscan paralizar la segunda vuelta electoral, con un paquete de acciones legislativas que el MAS ha puesto en marcha.
De forma coincidente, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental exigieron la salida de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional a riesgo de ser sacados por la fuerza y, en paralelo, en la Asamblea Legislativa se retomó el cabildeo para aprobar el proyecto de ley para cesarlos de sus cargos, norma que ya fue aprobada en el Senado.
Ante estos pronunciamientos, la alianza Libre, que postula a Jorge Tuto Quiroga a la Presidencia, señaló que “han surgido una serie de acciones, a partir de la Bancada parlamentaria del MAS”, que “tienen la finalidad de provocar la anulación de las elecciones generales y que no se lleve adelante la segunda vuelta electoral”.
El comunicado cita, entre esas acciones, una Ley de suspensión de los vocales del Órgano Electoral, creación de comisión parlamentaria para la investigación de un supuesto fraude electoral del 17 de agosto y una ley para la suspensión de magistrados del Tribunal Constitucional dirigida a dejar al país sin control de constitucionalidad”.
Actualmente los magistrados del TCP son nueve, de los cuales, cinco son prorrogados y cuatro gozan de legalidad y legitimidad. Si los primeros renuncian, el TCP quedaría sin quórum para sus sesiones de sala plena.
Sin embargo, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, quien es justamente uno de los magistrados prorrogados, dijo que él y sus colegas se mantendrán en sus cargos hasta que lleguen sus reemplazantes.
“Nos mantendremos hasta que vengan nuestros reemplazos (…) De acuerdo a la competencia que establezca nuestra constitución”, dijo Hurtado.
En Bolivia, los magistrados son elegidos por voto popular previa selección de los candidatos en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el excandidato presidencial, Manfred Reyes Villa, afirmó que la tarea de reemplazar a estos magistrados debe recaer en la futura Asamblea Legislativa, y no en la actual que ya está de salida, por lo que consideró que los magistrados deben mantenerse en sus cargos.
“Los magistrados autoprorrogados no pueden renunciar porque dejarían un vacío de poder (…) La próxima Asamblea debe resolver este tema de fondo”, expresó.
La alerta de Libre ocurre apenas unos días después de que el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, alertara también sobre un supuesto plan para frenar las elecciones de este 19 de octubre, aunque con una estrategia diferente.
“Denunciamos ante la ciudadanía y la comunidad internacional que se prepara un plan que busca desconocer la voluntad popular emanada en las urnas el 17 de agosto. Mediante denuncias infundadas se pretende aprehender a los vocales electorales y no permitir la realización de la segunda vuelta electoral para consolidar una ruptura del orden institucional y democrático”, escribió en su cuenta de X.
Magistrados autoprorrogados
El encargado de poner en agenda este tema fue el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien dio un ultimátum para que los magistrados autoprorrogados renuncien a su cargos.
“Hay dos caminos: renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad ni legitimidad, o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”, escribió Saucedo en sus redes adjuntando la fotos de los cincos magistrados autoprorrogados: Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Elizabeth Cornejo.
Además de los magistrados del TCP, hay dos integrantes del TSJ que también fueron prorrogados en sus cargos: Ricardo Tórrez y Olvis Egüez.
Todos estos altos jueces debieron terminar sus gestiones en diciembre de 2023, pero el mismo TCP decidió alargar su gestión suspendiendo las elecciones judiciales en ciertos departamentos.
Luego de Saucedo, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, se sumó a esa posición. “Hemos pedido que en Bolivia se restablezca la institucionalidad y que las instituciones vuelvan a respetar la ley y la Constitución”, dijo.
Por su parte, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, expresó su “pleno y absoluto apoyo” a Saucedo, según publicó Correo del Sur. “Desde la Presidencia, tenemos una posición de pleno apoyo y absoluto al doctor Romer Saucedo Gómez respecto a este pronunciamiento, porque esto dice mucho de la institucionalidad boliviana”, dijo.
La alianza Libre lamentó que “instancias como el TSJ y otras del Órgano Judicial estén promoviendo actos que ponen en riesgo el proceso electoral”. Recordó, además, que existe un compromiso firmado el 12 de junio, en el que “el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional se comprometen a garantizar que los derechos políticos y de participación sean respetados durante los procesos electorales”.
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