Puerta principal de la cárcel de San Pedro. Foto: FM Bolivia
ANF
Internos del penal de San Pedro de La Paz y abogados denunciaron actos de corrupción y cobros ilegales por parte de los efectivos de la Policía que le han puesto precio a los certificados de permanencia y conducta, y a las audiencias virtuales que se llevan a cabo en ese recinto.
Los policías cobran hasta 200 bolivianos por los certificados y hasta 50 bolivianos por permitir al interno acudir a su audiencia virtual; es decir, el director del penal, teniente coronel Sergio Natalio Sillerico, “le ha puesto precio a su firma y alquila las computadoras para las audiencias”, denunciaron.
En el caso de los certificados, los internos y abogados identificaron como operador de estos cobros al sargento Ivar Quispe, que responde al director Sillerico, que es quien firma los certificados junto al sargento segundo Jesús Edgar Callisaya Vargas, encargado de archivo y kárdex del recinto penitenciario. Al recluso que no tiene para pagar lo mantienen en espera durante meses y al final no le entregan el certificado.
“El certificado de permanencia y conducta que solicitamos no nos entregan si no pagamos”, señaló Francisco (nombre cambiado), interno de San Pedro.
“Cobran 100 bolivianos y entregan en una semana, 200 bolivianos en un día; si no pagamos, no nos entregan”, refirió Ernesto, otro privado de libertad.
De acuerdo a la revisión de los documentos, muchas solicitudes fueron realizadas en enero y hasta la fecha el director del penal no las firma. Ante los reclamos, los encargados del kárdex les piden hacer una nueva solicitud debido a que el tiempo de vigencia es de solo tres meses.
“Muchos han pedido certificados en enero, en febrero, pero no les entregan, les dicen ‘vuelvan a pedir’ y tienen que volverlo a pedir mediante nota, pero no les entregan”, dijo a ANF un abogado que pidió la reserva de su nombre.
Otro jurista aclaró que el “certificado es gratis y debe ser entregado máximo en tres días”, pero la administración policial le ha puesto precio “lo que significa más padecimientos a las familias de escasos recursos de los internos, que son finalmente los que tienen que pagar ese abuso”.
A la cadena de cobros indebidos y corrupción imperante en la cárcel e impuesto por los administradores, se suman estos dos cobros más, lamentaron los juristas.
Los privados de libertad cuestionan a Sillerico por autorizar fiestas que terminan en muertos y heridos. También lo denuncia de ser parte de la red de corrupción que exacciona dinero mediante tortura a los internos que llegan a la sección Chonchocorito y a los “pensionistas”, aprehendidos que deben pensiones familiares.
“Ellos están cobrando, lo han visto como un negocio entregar certificados, es venta libre”, denunció otro abogado.
Los juristas y los internos identificaron al sargento Ivar Quispe de ser el operador de los cobros.
“El sargento Quispe es el que pide el dinero, cobra, él te atiende, dices: ‘quiero permanencia’, y él sale a atender, en su plaqueta dice Quispe”, señaló un abogado a ANF.
Los interesados en adquirir el certificado acuden a Quispe para hacer seguimiento al trámite, que “opera conjuntamente con sus superiores, a quienes entrega cuentas por los cobros”.
“A él le dan las hojitas para hacer el seguimiento, y él va a revisar, y te dice: ‘no está’; vuelves a la otra semana, y te dice: ‘no está’, si le dices: ‘es que necesito’; y, directo te dice: son 100 bolivianos”, dijo un abogado.
Los abogados e internos recuerdan que antes los certificados eran entregados por una licenciada y era sin costo y máximo en 15 días, pero desde que se hizo cargo la Policía, “solo entregan si les pagas”.
“Ese papel no tiene ninguna valorada, que diga cuánto es el costo, es una hoja simple, y los policías cobran”, remarcó un jurista.
Los certificados se han hecho parte de todo un sistema de cobros del que participan otros internos que hacen de tramitadores al tener “buenas relaciones” con los policías, como ocurre con el delegado de Palmar, Marco Antonio Garzón, militante del MAS y puesto en el cargo por Régimen Penitenciario. Él cobra 150 bolivianos por el trámite.
“Antes de ser delegado, Garzón era como un tramitador en la gobernación”, indicó Arturo, un interno.
Cobro por las audiencias virtuales
Los internos creyeron que los acostumbrados cobros que realizaban los policías cuando debían llevarlos a las audiencias presenciales terminarían con la virtualidad, sin embargo, ya han sido incluidos en el portafolio de los verde olivo.
Ramiro contó que los policías les piden dinero para que sean llevados a la sala de audiencias del penal, y quien no tiene, le demoran en llevar o finalmente no lo hacen y le perjudican en su proceso, debido a que deben reprogramar una audiencia con espacio muchas veces hasta de meses.
“Los policías cobran desde 20 hasta 50 bolivianos para llevarte a la sala de audiencias, es el colmo, apenas estamos con el dinero para sobrevivir y te hacen eso, como si no tuvieran sueldo”, protestó Ramiro.
“Prácticamente, te cobran como alquiler de los equipos para que lleves tu audiencia”, señaló Marcos. “Lamentablemente, aquí no hay derechos de nada, te extorsionan directamente poniendo en riesgo tu caso, no les importa nada si no das dinero”.
La Policía ve en todo momento la oportunidad para extorsionar y sacar dinero. Incluso los que salen libres son extorsionados. Los montos son exigidos a nombre del director del penal, y al que no paga se le demora la salida.
“Si te dan libertad te cobran hasta 100 bolivianos, y quieren más, si no les das te palean y te hacen quedar ‘plantoneado’ todo el día”, denunció José.
También le puedo interesar:
