Presidente Rodrigo Paz. Foto: Opinión
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) alertó en su 7° aniversario sobre una serie de medidas que, según la organización, ponen en riesgo los derechos de los pueblos indígenas y la integridad de áreas protegidas en Bolivia.
La Contiocap afirmó que el gobierno del presidente Rodrigo Paz impulsa políticas de «mercantilización de la naturaleza» que amenazan territorios indígenas y contravienen la legislación nacional e internacional.
«Emitimos la presente denuncia pública ante la sociedad civil y ante organismos internacionales de derechos humanos como la ONU, CIDH, debido a más y mayores amenazas que el gobierno de Rodrigo Paz está promoviendo y provocando en contra de nuestros pueblos indígenas y áreas protegidas en Bolivia», señala la organización en un pronunciamiento público.
Asimismo, cuestiona la decisión gubernamental de suprimir el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, trasladando sus competencias al Ministerio de Desarrollo Productivo, cartera vinculada -según la entidad- a sectores del agronegocio responsables de procesos de deforestación y de incendios forestales desde 2019.
Para la organización, esta configuración institucional demuestra que las iniciativas de «bonos de carbono», «finanzas sostenibles» o «economía verde» responden a intereses privados y no a una protección real del medio ambiente.
El comunicado asegura que, al igual que ocurrió durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), la actual administración continúa vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de la Madre Tierra, que prohíben expresamente la mercantilización de las funciones ambientales.
La Contiocap también denuncia que una reciente sentencia constitucional -impulsada durante el gobierno de Luis Arce- abrió la puerta a la participación del país en mercado de carbono, debilitando salvaguardas legales.
La organización indígena protesta, además, por las declaraciones de autoridades relacionadas al gobierno, entre ellas, los ministros Oscar Mario Justiniano Pinto y José Fernando Romero Pinto, a quienes atribuyen la intención de privatizar áreas protegidas y territorios indígenas.
La Contiocap sostiene que que estas acciones contravienen el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y artículos específicos de la CPE, además de desconocer las luchas históricas de los pueblos originarios.
El pronunciamiento alerta sobre iniciativas como mercados de carbono, créditos de carbono o fondos verdes, a las que califica como “engañosas”. Según Contiocap, estas herramientas permitirían a empresas altamente contaminantes compensar sus emisiones sin reducirlas, mientras los territorios indígenas quedarían sometidos a nuevos mecanismos de despojo y endeudamiento.
Exigencias a la comunidad internacional y al Estado boliviano
La Coordinadora pidió a los Estados parte de la COP y a la ONU que cumplan con los acuerdos internacionales orientados a reducir emisiones de combustibles fósiles y frenar el extractivismo. Además, exigió:
- El respeto a los pueblos indígenas como “guardianes de la Madre Tierra”.
- La restitución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con autoridades independientes del agronegocio.
- Que la cooperación internacional canalice apoyos directamente hacia comunidades indígenas que realizan acciones de conservación, y no hacia sectores responsables de deforestación o contaminación.
Finalmente, la organización criticó el rol de algunas ONG y organismos de conservación que -según el documento- han facilitado el lobby del sector extractivo en espacios como la COP30.
La Contiocap cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la defensa del agua, los territorios y la vida, bajo la consigna: «Luchar por el territorio es luchar por la vida, y la libre determinación es un derecho inembargable en nuestros pueblos».
Aquí puede leer el pronunciamiento completo:
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