Directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra. Foto: Captura de video
La Fundación Construir, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y la justicia penal, alertó sobre la grave situación que enfrenta la población privada de libertad en Bolivia. Susana Saavedra, directora de la institución, hizo un llamado urgente a las autoridades para garantizar los derechos básicos de las personas recluidas, quienes enfrentan condiciones de hacinamiento, alimentación insuficiente y limitaciones en el acceso a la salud y a la educación.
Según datos oficiales proporcionados por Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, en enero de 2025 Bolivia registró una población carcelaria de 32.035 personas, lo que la sitúa como el tercer país con la tasa más alta de ocupación penitenciaria en las Américas. Este fenómeno, señaló, agravado por décadas de hacinamiento, refleja una crisis estructural que requiere una intervención integral del Estado.
Saavedra destacó que la alimentación en los centros penitenciarios es insuficiente, con un presupuesto de apenas 10 bolivianos por persona para cubrir una comida diaria. Además, señaló que el acceso a servicios básicos como salud y educación es limitado, lo que vulnera los derechos fundamentales de la población recluida.
“Esto es un trabajo de Estado, no tiene que ver solo con el sistema penitenciario”, afirmó durante la presentación, junto a otras instituciones de la sociedad civil, de una propuesta para reducir la población penitenciaria y mejorar las condiciones carcelarias.
La situación de las mujeres privadas de libertad es particularmente preocupante. Mientras la tasa media mundial de mujeres en prisión ronda el 5%, en Bolivia esta cifra alcanza el 6,82%, lo que evidencia una problemática específica que no ha sido abordada de manera efectiva. Saavedra subrayó que la prisión no debería ser la respuesta automática a todos los problemas sociales.
La directora de Construir recordó que Bolivia lleva décadas recibiendo alertas de organismos internacionales sobre las condiciones carcelarias en el país, sin que hasta fecha haya cumplido algunas de ellas.
“La cárcel no debe ser la respuesta a todos los problemas”, insistió, al tiempo que pidió una revisión profunda de las políticas penitenciarias y judiciales.
En cuanto a las proyecciones, Saavedra advirtió que, sin una intervención inmediata y coordinada entre las diferentes instancias del Estado, la situación podría agravarse. “Es necesario repensar cómo abordar este tema, porque la prisión no resuelve las causas profundas de la delincuencia”, concluyó.
La Fundación Construir espera que las autoridades prioricen la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad y que promuevan alternativas a la prisión para delitos menores y enfoques restaurativos que beneficien tanto a las víctimas como a los infractores.
Este llamado se produce en un contexto en el que Bolivia enfrenta desafíos significativos en su sistema de justicia, incluyendo la lentitud de los procesos judiciales y la falta de recursos para mejorar las condiciones carcelarias. La crisis penitenciaria no solo afecta a los reclusos, sino que también tiene un impacto en la sociedad en su conjunto, al perpetuar ciclos de violencia y exclusión.
Organizaciones internacionales han instado al país a adoptar medidas urgentes para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida en las cárceles, con la aplicación de la detención preventiva solo en casos excepcionales; sin embargo, hasta la fecha los avances han sido limitados.
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