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La población carcelaria del país aumentó en dos años y medio en 73%, al pasar de 18.000 internos en la gestión 2022 a 31.105 a julio de 2024, lo que constituye una clara vulneración a los derechos humanos y derechos fundamentales de los privados de libertad, de acuerdo a organismos de derechos humanos.
“Hoy tenemos 31.105 privados de libertad, en enero de 2022 teníamos 18.000 privados libertad, tenemos prácticamente 13.000 privados de libertad que se ha incrementado en el último tiempo y esto amerita hacer un análisis sobre la justicia”, dijo Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario en el programa El Defensor con el Pueblo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableció de manera constante a lo largo de su jurisprudencia que “la detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación, constituye una violación a la integridad personal”.
El hacinamiento en el penal de San Pedro de La Paz, el segundo con mayor población carcelaria, ha tenido un aumento hasta en un 100% de acuerdo a la sección a que es llevado el privado de libertad.
En una visita a la sección de Chonchocorito se evidenció que no hay lugar ni para recibir a las visitas. Hay un momento en el que deben permanecer de pie y transitar en la sección se hace imposible. El ambiente cerrado, húmedo y tugurizado es favorable para la diseminación de enfermedades, principalmente pulmonares y de la piel. Los internos deben habilitar desde la sala de estudios en la planta baja —que también sirve de espacio para torturar— hasta la terraza, en el cuarto nivel, a la que se llevan sillas y mesas.
El consumo de drogas y alcohol ha proliferado —el ingreso de estas sustancias ha ido en aumento— pese a ser considerada una sección de rehabilitación. Los talleres pequeños con los que cuenta, como el de carpintería, están destinados a los internos y en los días de visita se hacina a los consumidores de droga, que incluso fuman delante de las visitas, en el segundo nivel, en la sección de los baños.
“Esto nunca va a cambiar, está peor, el vicio siempre está en aumento, los lugares de trabajo, no, ya no sé cómo ayudar a mi familia”, dice Ricardo, un interno que pidió el cambio de su nombre.
La sección Cancha antes alojaba a 135 internos, ahora son 375, por lo que siempre hay muchas confrontaciones y peleas. En Palmar la cantidad de internos llega a 400 y antes estaba sobre 160 privados de libertad. Los internos piden áreas para trabajar, pero desde Régimen Penitenciario se les niega.
“Prefieren autorizar fiestas, donde hay consumo de droga, alcohol y peleas, pero cuando se les pide lugares de trabajo, te lo niegan, no sé qué clase de rehabilitación quieren hacer”, denunció otro interno.
Pero el lugar más extremo se vive en el Auditorio 2, ubicado en la parte superior de la entrada del penal. Es un salón que alberga a 200 personas, la mayoría de ellas sometidas al consumo de drogas, donde abundan los ácaros y la tuberculosis, pero la peor enfermedad, dicen los privados de libertad, es el consumo de drogas.
Si bien la cárcel implica un grado de marginalidad, los presos Sin Sección del Auditorio 2 representan a los marginados de los marginados, los más segregados del penal y eso lo demuestra el lugar al que han sido confinados y el trato que reciben de parte de las autoridades y de los propios internos, que los estigmatizan como “tisis”.
“Nosotros somos los más discriminados, los más ignorados por las autoridades, ni siquiera hay requisas pese a que todos tienen puntas y cada noche hay peleas por el consumo de drogas, peleas entre los consumidores y entre el vendedor y el consumidor cuando no pagas, pero nunca sube nadie, aquí se mueren solos”, refiere Juan, nombra cambiado para cuidar su seguridad.
El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona señala que el hacinamiento carcelario “es una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y, por ende, resolver esta problemática es una exigencia ineludible e imperiosa en un Estado de derecho”.
Remarca que se debe evitar que “el encierro se convierta en una pena o trato cruel, inhumano o degradante”.
El hacinamiento carcelario facilita la propagación de enfermedades; aumenta la violencia al generar tensiones constantes; puede aumentar los problemas individuales de salud mental.
“El hacinamiento y sobrepoblación es sinónimo de justicia, justicia que lastimosamente está dejando de lado a las personas privadas de libertad por el crecimiento desproporcional que se ha dado en estos dos últimos años y medio prácticamente (…) y esto no permite el desarrollo de la reinserción social en los centros penitenciarios”, dice Limpias.
La autoridad cuestiona la labor de los operadores de justicia que prioriza en encerrar a las personas mediante detenciones preventivas e incluso, lo más grave, no permite la salida de los internos que han cumplido sus sentencias y todos los requisitos para su excarcelación. En los hechos se les niega los beneficios penitenciarios.
“La justicia tiene que realizar una reflexión profunda en todos los sectores y operadores de Justicia porque no solamente ahora el problema es la discrecionalidad del uso de la detención preventiva, ahora el complemento es que muchas personas no están recuperando su libertad habiendo cumplido con la sociedad, habiendo cumplimiento incluso el total de su pena”, señala Limpias.
Los jueces han endurecido los requisitos para dar libertad que incluso son imposibles de cumplir para una persona que ha estado, por ejemplo, 20 años en la cárcel. Piden como garantías papeles originales de un bien inmueble o tener hasta respaldo de organizaciones de vecinos que no están a su alcance.
Detenidos preventivos
Los detenidos preventivos llegan a ser el 63% de la población carcelaria, mientras que sólo un 37% tiene sentencia. En el departamento de Santa Cruz hay 4.568 sentenciados y 6.673 preventivos, Palmasola es la cárcel con mayor población; La Paz cuenta con 1.910 sentenciados y 4.286 preventivos, el penal de San Pedro es el segundo penal con mayor población; Cochabamba tiene 997 sentenciados y 3.475 preventivos.
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