Desbloqueo de rutas. Foto: Radio Galana Bolivia
Cinco municipios del norte paceño hicieron algo que parecía imposible: rompieron con los puntos de bloqueo que estaban asfixiando no solo su economía, sino su calidad de vida. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta fue una estrategia que combina diálogo y vigilia, liderada por los alcaldes de los cinco territorios y respaldada por organizaciones sociales, cooperativistas, transportistas y vecinos, que durante casi un mes soportaron el aislamiento.
La decisión no nació de una oficina ni en una reunión protocolar. Surgió de las llamadas de auxilio que llegaban desde comunidades confinadas, del personal de salud preocupado por las ambulancias sin combustible, de los mercados de abasto vacíos y de las familias que veían cómo los precios de los alimentos básicos se disparaban día tras día. En Mapiri, Guanay, Teoponte, Tipuani y Caranavi, el bloqueo de caminos —que ya lleva un mes— había comenzado a sentirse como una amenaza directa para la subsistencia cotidiana.
«Ya era insostenible», resume la alcaldesa de Mapiri, Eloisa Piza, en contacto con Sumando Voces. Cuenta que durante semanas observaron cómo se acumulaban los problemas: retrasos en la gestión municipal y problemas de abastecimiento de alimentos. Pero lo que terminó empujándoles a actuar fueron las imágenes que llegaban desde la carretera: camiones cargados con frutas, verduras, huevos y animales vivos que permanecían varados durante días. Con impotencia y desconsuelo, algunos productores tuvieron que desechar toda su mercancía.
«Ha sido muy doloroso ver esas imágenes: estaban trayendo cerdos a La Paz, varios camiones han botado cualquier cantidad. Duele. Con qué sacrificio uno emprende un negocio y han botado todo. Mientras la gente necesitaba alimentación, (en las carreteras) los animales estaban agonizando, las frutas pudriéndose. Cultivar es muy difícil y han tenido que botar todo eso. Botaron los huevos podridos, cuando en mi municipio no hay ni huevo», se lamenta la autoridad.
Pero el problema ya no era solamente económico. En Tipuani, el alcalde Francisco Pinto asegura que el bloqueo comenzó a afectar directamente el acceso a la salud. Las ambulancias se quedaron sin combustible y los pacientes tenían cada vez más dificultades para llegar a centros médicos de mayor complejidad. «Ayer nomás se me ha fallecido uno en la ambulancia. No hemos podido sacarlo a tiempo porque no había gasolina», cuenta con preocupación en una entrevista con Visión 360.
Según la autoridad, en su municipio ya suman 13 los fallecimientos que atribuye a las dificultades de acceder a atención médica o medicamentos durante el bloqueo. La cifra no ha sido verificada por instancias nacionales, pero refleja el nivel de alarma que existe en la región.
La crisis también golpeó el bolsillo de las familias. El precio de los alimentos básicos se disparó y el del combustible también. Un maple de huevos llegó a costar hasta 120 bolivianos. El tomate se vendía entre 25 y 30 bolivianos la libra. El litro de gasolina alcanzó precios de hasta 40 bolivianos en el mercado informal y una garrafa de gas llegó a ofertarse en 300 bolivianos en algunas comunidades. «Hay gente humilde que está llorando», resume Pinto.
En Guanay, el alcalde Marco Antonio Masco describe escenas similares. Madres buscando leche para sus hijos, personas mayores preocupadas por la falta de medicamentos y trabajadores que no podían generar ingresos porque toda la actividad económica estaba paralizada. «No había leche, no había queso. Las madres lloraban, los niños lloraban. Ya no nos quedaba otra», relata a Sumando Voces.
La minería, una de las principales fuentes de sustento de la región, también comenzó a resentir el cierre de caminos. Solo en Tipuani, las pérdidas en el sector superan los 10 millones de bolivianos, según estimaciones de las cooperativas. En una actividad donde el ingreso depende de la producción diaria, cada jornada sin trabajo significa menos recursos para cientos de familias.
La presión creció con los días
Con el paso de los días, la presión social creció. Los alcaldes comenzaron a recibir reclamos de vecinos, transportistas, productores y organizaciones indígenas que exigían acciones concretas. Muchos les reprochaban permanecer inmóviles mientras la situación empeoraba.
Entonces los cinco municipios decidieron actuar juntos. Las autoridades de Mapiri, Guanay, Tipuani, Teoponte y Caranavi sostuvieron reuniones previas y buscaron inicialmente corredores humanitarios para aliviar la situación. Sin embargo, los horarios restringidos no resolvían el problema de fondo. Los alimentos seguían escaseando, los precios continuaban subiendo y el combustible no llegaba.
La mañana del operativo, los alcaldes emprendieron viaje hacia los puntos de bloqueo de Puente León y Puente Armas. Había incertidumbre. También miedo. «Había cierto temor, pero nuestras organizaciones sociales nos respaldaron», recuerda Masco.
Los alcaldes dialogaron con los dirigentes de la Central Agraria 2 de Agosto. El mensaje era simple: el norte paceño necesitaba volver a respirar. Las primeras conversaciones fueron tensas. Los bloqueadores defendían sus demandas y las autoridades insistían en que la región ya no podía soportar más días de aislamiento. Finalmente, después de varias horas de negociación, se logró un acuerdo para levantar los puntos de bloqueo.
Entonces ocurrió una escena que varios alcaldes recuerdan con emoción. Apenas las piedras y los obstáculos fueron retirados, decenas de camiones comenzaron a avanzar detrás de la comitiva que había llegado a negociar. Algunos transportistas llevaban días esperando.
«Ni bien nos han visto los (conductores de) los camiones se han venido atrás de nosotros, ya no buscando ayuda, sino viéndonos como salvadores. Entonces, hemos sido testigos de todo el paso, por lo menos hasta las 8 o 9 de la noche», recuerda Eloisa Piza.
Aquella noche, las autoridades permanecieron en la zona hasta verificar que los vehículos pudieran circular. Vieron pasar alimentos, combustible y mercadería que durante semanas habían quedado atrapados en la carretera. Pero el desbloqueo no significó el fin de la preocupación. Ante el temor de los bloqueos se reinstalen, los municipios organizaron vigilias permanentes. Vecinos, organizaciones sociales, cooperativistas y autoridades se turnan para monitorear los puntos que fueron liberados.
La consigna no es confrontar, aseguran, sino evitar que el norte paceño vuelva a quedar aislado. «Nosotros entendemos que todos tienen derecho a protestar», dice Pinto. «Pero también hay gente que vive al día, gente que necesita medicamentos, productores que viven de vender su cosecha. No podemos seguir haciéndoles pagar el costo de esta crisis».
Las vigilias se han convertido en una especie de escudo ciudadano. No buscan confrontar a quienes protestan, aseguran los alcaldes, sino preservar el derecho de las comunidades a abastecerse, trasladar pacientes, transportar alimentos y mantener en funcionamiento la economía regional.
Mientras el conflicto nacional sigue sin resolverse, en el norte paceño, que conecta con la Amazonía, los municipios han optado por una estrategia propia: diálogo con los sectores movilizados, coordinación con las organizaciones sociales y presencia permanente en las carreteras. Una fórmula construida desde la necesidad y que, al menos por ahora, ha permitido que los caminos vuelvan a conectar a una región que comenzaba a sentirse atrapada por el bloqueo.
El rol de los alcaldes según las normas
En un contexto de conflictividad social, los alcaldes tienen la obligación legal de intervenir para proteger a sus ciudadanos, según las competencias que les otorga la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización «Andrés Ibáñez». Es su deber velar por el bien común (artículo 5), garantizar el desarrollo humano (artículo 8) y garantizar el bienestar y la seguridad (artículo 9). En ese sentido, las autoridades municipales están facultadas para convocar formalmente a los sectores movilizados locales a mesas de trabajo técnico-humanitarias con el fin de proteger la vida.
Asimismo, amparados en el artículo 299 de la Constitución —que establece la salud y la seguridad ciudadana como competencias concurrentes—, los alcaldes pueden coordinar las accione para garantizar el acceso a estos derechos. Por ejemplo, gestionar «corredores de vida» para permitir el paso exclusivo de ambulancias y suministros médicos de emergencia.
Frente al desabastecimiento y el encarecimiento de productos provocado por las movilizaciones, las alcaldías cuentan con el respaldo de las prerrogativas que les otorga el artículo 302 de la Constitución, en lo referido al control de calidad, sanidad, transporte y venta de alimentos y la defensa de los consumidores. En ese marco, las autoridades pueden movilizar a la Intendencia y Guardia Municipal para prevenir la especulación y el ocultamiento de productos en los mercados locales, así como disponer de logística propia para crear mercados móviles de emergencia que alivien la crisis de abastecimiento.
