Sumando Voces/ Foto: El Deber
El Tribunal Constitucional se encuentra en el ojo de la tormenta por el fallo que quita a la gobernación de Santa Cruz la atribución de proteger sus áreas naturales, con lo que allana la construcción de la carretera Las Cruces – Buena Vista y desprotege las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN).
“Tiene licencia para matar con espantosa impunidad. Su sentencia constitucional es un absurdo técnico que intenta diferenciar patrimonio natural de áreas protegidas, como si fueran cosas distintas, para poner en cuestión la protección departamental de estos espacios naturales”, escribió la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, en su cuenta de Twitter.
Luego, en diversos medios ratificó que esta “licencia para matar o para herir de muerte” viola la Constitución y convenios ambientales de carácter internacional. Por tanto, dijo que se analiza la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades en contra de los integrantes del Tribunal, porque tampoco se dejan fiscalizar y sus sentencias son inapelables.
La sentencia 0076/2023 del TCP declaró la nulidad de artículos de la Ley Departamental 98 de Santa Cruz respecto a la facultad que tiene la gobernación de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonios naturales en un territorio autónomo.
La sentencia, si bien está orientada a Santa Cruz, marca un precedente para el resto de las áreas protegidas departamentales que existen en el país, coincidieron expertos ambientalistas.
Diego Gutiérrez, especialista en derecho ambiental, declaró a ANF que la sentencia pone en riesgo 3 millones de hectáreas no sólo de Santa Cruz, sino de todo el país. “Esta sentencia pone en riesgo 3 millones de hectáreas de estas reservas naturales que estaban bajo una modalidad de conservación, dentro del régimen departamental y bajo la competencia constitucional de conservación del patrimonio natural y una ley departamental que establecía todos los mecanismos y protección para garantizar múltiples procesos ambientales”, dijo.
Un reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), publicado por El Deber, indica que hay 184 áreas protegidas departamentales y municipales en el país, de las cuales, 45 están en Santa Cruz, aunque las afectadas por la sentencia serían 11.
Requena agregó, en declaraciones a Unitel, que “este conflicto de competencias ha sido planteado por Álvaro García Linera en su momento porque quieren poder entregar y dotar tierras sin tomar en consideración criterios ambientales fundamentales como es el agua”.
El Comité Pro Santa Cruz, por su parte, se declaró en estado de emergencia y anunció la convocatoria a una reunión de instituciones para definir medidas ante la sentencia constitucional.
En un comunicado de cuatro puntos, la entidad cívica rechazó la sentencia 0076/2023 del TCP “por no respetar y atentar contra el medioambiente y las autonomías”; exigió al Gobierno central que respete la autonomía departamental y al derecho que tiene Santa Cruz de legislar, administrar y gobernar en el territorio del departamento; denunció ante la comunidad internacional “la intencionalidad macabra del gobierno central que con esta sentencia declara nulo el régimen jurídico para la conservación, protección, creación y gestión efectiva de las 11 unidades de conservación del patrimonio natural que tienen declaradas en Santa Cruz” y se declaró en emergencia “para la defensa de nuestras áreas protegidas y derechos vulnerados”.
El Tribunal Constitucional también recibe críticas de diversos sectores de la sociedad por trabar el proceso para las elecciones judiciales, pese a que en ese caso sus integrantes serían una especie de juez y parte.
Cesar Muñoz, director asociado de Human Rights watch, se hizo eco de un comunicado de líderes de la sociedad civil, en el que se alerta “de la gravísima crisis constitucional que se avecina por el retraso en la selección de altas autoridades judiciales”. Muñoz acotó, en su cuenta de Twitter, que “el Tribunal Constitucional y la Asamblea deben colocar como prioridad destrabar el proceso. Está en juego el Estado de derecho”.
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