Editorial Sumando Voces
Existe coincidencia en que las elecciones judiciales no resolverán la crisis estructural de la justicia, sin embargo, también es cierto que es la única manera de que el Órgano Judicial regrese al cauce constitucional, que ha sido interrumpido con la prórroga de mandato de los magistrados de las altas cortes del país.
En ese marco, la Asamblea Legislativa tiene la tarea de preseleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, los que luego serán sometidos al voto popular. La preselección comenzó el 17 de febrero con la postulación, y debe concluir el 6 de mayo con la entrega de las listas de candidatos al Tribunal Supremo Electoral.
La primera fase, justamente la de postulaciones, ha concluido con la inscripción de 715 aspirantes a ocupar los 52 cargos de los altos tribunales del país y ahora los legisladores de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural están abocados a establecer quiénes cumplieron con los requisitos.
Lo que ha llamado la atención es que entre los postulantes figuren algunos vocales electorales y magistrados que fueron prorrogados en sus mandatos que, si bien no están prohibidos de participar, introducen un elemento de tensión al proceso.
El caso de los vocales electorales es particularmente preocupante porque, tal como dijo el ministro de justicia, Iván Lima, se constituyen en juez y parte del proceso. Es como si el árbitro decidiera entrar a jugar el partido, graficó la autoridad. El postulante más relevante del Órgano Electoral es nada más y nada menos que el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi, quien no ve nada de malo en su aspiración y dice que si es preseleccionado renunciará a su cargo.
Y, respecto a los magistrados prorrogados en sus cargos, resulta cuando menos contradictorio que los causantes de la profundización de la crisis judicial, quieran ser electos para ocupar los más altos cargos judiciales del país, los que tendrán ante sí la responsabilidad de devolverle credibilidad y legitimidad al Órgano Judicial.
Otro elemento de debate en la selección de candidatos es la necesidad de cumplir con los criterios de paridad entre hombres y mujeres y autoidentificación indígena. Ante la baja postulación de mujeres y de abogados identificados como indígenas, algunos legisladores y el propio Gobierno abrieron la posibilidad de ampliar el plazo para las postulaciones, algo que finalmente ha sido rechazado en la comisión.
Lo importante, además de estas polémicas surgidas en el proceso, es garantizar principios básicos como independencia, la idoneidad, la inclusión, y la transparencia para que los candidatos seleccionados respondan al reto de reestructurar el sistema judicial. La independencia hace referencia a una selección despojada de intereses político partidarios, la idoneidad se refiere a la capacidad de los seleccionados para ejercer el cargo, el principio de inclusión busca garantizar la presencia de mujeres e indígenas en las candidaturas y el principio de transparencia genera un escenario propicio para la vigilancia del proceso.
Con la finalidad de garantizar que esos principios se cumplan, la Alianza de Observación Ciudadana (OCD), integrada por la Fundación Jubileo, la Ruta de la Democracia, la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos y la Red UNITAS está vigilando el proceso. La alianza también agrupa a 24 organizaciones de la sociedad civil y 12 universidades a través de sus carreras y facultades de derecho y ciencias políticas. Sus miembros serán los ojos de la sociedad civil en la etapa de selección de candidaturas.
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