CIPCA rechaza el proyecto de pausa en la FES porque “favorecerá a la expansión de la frontera agrícola”

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Imagen referencia de la deforestación en el Chaco. Foto: CIPCA

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) expresó su rechazo al Proyecto de Ley que busca poner en pausa la verificación de la Función Económica y Social (FES) de la tierra y la exención de multas por los incendios porque, según explica en un comunicado, estas medidas “favorecen la expansión de la frontera agrícola y contribuyen a la destrucción de los territorios indígenas y los ecosistemas, en particular los bosques naturales y las áreas protegidas”.

“Rechazamos que se utilice como justificación los efectos del cambio climático (sequías e incendios forestales) y se aproveche de la tragedia ambiental de los incendios forestaciones del 2024, para que sectores como los grandes ganaderos y los agroindustriales busquen obtener beneficios indebidos y evadir las regulaciones agroambientales, distorsionando y tergiversando la realidad”, señala el documento emitido por CIPCA.

El proyecto de Ley, que fue presentado por las senadoras Centa  Rek (Creemos, Santa Cruz),  Neila Velarde (Comunidad Ciudadana, Beni),   Claudia Elena  Égüez (Creemos, Beni) y el senador Walter   Justiniano (Comunidad Ciudadana, Beni), busca declarar una pausa de siete años en la verificación de la Función Social y la Función Económica y Social de la tierra. “Asimismo, busca la anulación de multas y sanciones por las quemas ilegales, establecidas en el decreto supremo 5203, además de la liberación de sanciones a los propietarios que causaron quemas ilegales o que originaron incendios, derogando la disposición final primera del Decreto Supremo 5225”, señala la institución.

Previamente también se pronunciaron rechazando el proyecto la Fundación TIERRA y el CEJIS, que advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la propuesta y la impunidad en la que pueden quedar los causantes de los incendios.

“Condenamos y repudiamos estas medidas, por considerar que el Proyecto de Ley se constituye en un atentado directo contra la sostenibilidad ambiental, los territorios indígenas y la seguridad alimentaria del país”, señala el CIPCA, que además aclara que la seguridad alimentaria del país depende en gran medida de la producción campesina y de la agricultura familiar, “por lo que cualquier medida que debilite estos sectores pone en riesgo el abastecimiento de alimentos para la población boliviana”.

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