Cinco representantes bolivianos viajaron a Ginebra a exponer la situación de los pueblos indígenas en Bolivia. Foto: UCB
Cinco representantes de pueblos indígenas de Bolivia, tanto de tierras altas como de tierras bajas, expusieron ante el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) la situación de contaminación en la que viven, el avasallamiento de sus territorios, el desplazamiento por el avance de la frontera agrícola y los efectos de los incendios forestales.
Además, demandaron que el EMRIP haga investigaciones en los territorios indígenas de Bolivia para comprobar la situación, que envíe ayuda sin intermediación del Gobierno y que inste al Estado a respetar sus derechos.
Macario Gutiérrez, de la comunidad de Chojasivi de La Paz, pidió que los expertos de la ONU visiten las poblaciones aledañas al lago Titicaca para que puedan comprobar la situación de contaminación en la que viven y que, de esa manera, se pueda elaborar una proyecto que canalice ayuda a la zona, “pero que no llegue al gobierno, porque los fondos desaparecerán en el camino y no cumplirán el objetivo de nuestra petición.
El citado Mecanismo desarrolló sus sesiones entre el 14 y el 18 de julio de este año en Ginebra y los representantes bolivianos pudieron asistir gracias al apoyo del proyecto CreA de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, a través del Subproyecto 4 sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Transformación de Conflictos Sociales.
Además de Gutiérrez, asistieron Lourdes Tola, del Valle Alto de Cochabamba; Luis Moreno y Carlos Alba, de San José de Chiquitos (Santa Cruz); y Pedro Cambara, de San Ignacio de Velasco.
Los cinco representantes provienen de regiones donde se desarrollan investigaciones transdisciplinarias y acciones jurídicas en el marco de las clínicas legales de la UCB.
“El fuego devora nuestros bosques y nuestros derechos”
Luis Moreno, desde la Chiquitania, alertó sobre la devastadora deforestación en la región chiquitana y pidió que el Mecanismo visite sus territorios para documentar el daño ambiental y exigir rendición de cuentas al Estado.
“Los territorios chiquitanos en el municipio de San José de Chiquitos atraviesan una grave crisis ambiental, caracterizada por incendios forestales recurrentes y deforestación masiva”, lo que “ha alterado los ecosistemas, afectando la biodiversidad y las fuentes de agua, esenciales para la supervivencia de las comunidades indígenas.
En ese marco, pidió al Mecanismo que llegue a los territorios indígenas y se informe de la situación de primera fuente. “Así podrán asesorar y recordar a nuestro Estado los compromisos asumidos, así como las normas vigentes a nivel internacional y, sobre todo, nacional”, señaló.
“El Lago Titicaca llora nuestra indiferencia”
Macario Gutiérrez denunció la contaminación del lago Titicaca por residuos urbanos, industriales y mineros. Dijo que su región es “un ejemplo doloroso, una triste realidad, ya que no existen políticas ambientales por parte de los gobiernos de turno, ni políticas públicas de los municipios que enfrenten los problemas de contaminación del sagrado lago Titicaca”.
Explicó que “esta contaminación produce la extinción de diversas especies de peces y aves, daños a la totora, los pastizales y a los sembradíos. Mueren nuestros ganados. El agua de los ríos recibe residuos sólidos de la ciudad de El Alto y de ciudades intermedias, además de residuos de industrias y minerías ilegales que contaminan la cuenca Katari y desembocan en el lago Titicaca”.
Al igual que el representante chiquitano, pidió la visita de los expertos a la zona.
“Nos están desplazando de nuestras tierras”
Carlos Alba, también desde la Chiquitania, denunció el avasallamiento de tierras indígenas y el otorgamiento irregular de títulos por el INRA. Alertó que más de 500.000 hectáreas fueron entregadas para agroindustria sin consulta previa.
“En la Chiquitania, el INRA ha permitido la ocupación ilegal de tierras indígenas, otorgando permisos para asentamientos en áreas protegidas y territorios tradicionales. Esto ha violado los derechos territoriales de las comunidades, provocando la fragmentación del territorio y reduciendo el espacio para la agricultura y la recolección de recursos”, dijo Alba.
Citando a la Fundación Tierra (2020) indicó que más de 500.000 hectáreas de tierras indígenas han sido concedidas para actividades agroindustriales sin consentimiento de los indígenas. “Esto ha incrementado el riesgo de deforestación y ha afectado el derecho de las comunidades a controlar sus recursos naturales y decidir sobre sus territorios”, señaló.
“No queremos pan para hoy y hambre para mañana”
Pedro Cambara, de la Chiquitania, advirtió sobre el impacto devastador de las fumigaciones con agroquímicos y el monocultivo. Llamó a proteger la biodiversidad y la autonomía indígena.
“La imposición de fumigaciones aéreas con agroquímicos en la Chiquitania boliviana amenaza con destruir lo más valioso que poseemos: nuestra biodiversidad megadiversa, nuestros territorios vivos y las formas de vida que los habitan”, dijo.
Agregó que la agroindustria boliviana y otros actores, incluido el Estado, promueven una agricultura basada en monocultivos, devastando ecosistemas y violando los derechos colectivos de nuestras comunidades, quienes dependemos de los bosques no solo como fuente de sustento, sino también como espacio cultural, espiritual y político.
“La expansión de productos como la soya y la carne reduce a Bolivia a una producción limitada, ignorando la riqueza de cultivos como el cacao, la castaña, el asaí y muchos otros frutos aún no investigados, cuyas propiedades nutricionales y significados culturales están profundamente ligados a los saberes ancestrales”, denunció.
Su pedido es que el EMRIP realice un estudio en la región amazónica que visibilice las responsabilidades de los Estados y la garantía de derechos de las poblaciones indígenas.
“Las mujeres indígenas sostienen el mundo”
Lourdes Tola, de la Organización de Mujeres en Progreso Bartolina Sisa de Complejo Carcaje de Cochabamba, destacó el papel protagónico de las mujeres como transmisoras de sabiduría, defensoras de la vida y constructoras de paz. Denunció la invisibilización que aún sufren en instrumentos como el UNDRIP y llamó a que su liderazgo sea central en la recreación de los derechos humanos.
“E En instrumentos relevantes como la UNDRIP y las recomendaciones alrededor, continúan poniendo a las mujeres en un lugar subsidiario, que las menciona desde el principio de no discriminación”, dijo.
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