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Las organizaciones indígenas afiliadas a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM‑B), reunidas en una consulta extraordinaria, interpelaron a la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), expresando su preocupación por la conducción institucional y por los compromisos firmados con el gobierno nacional en contra de los intereses colectivos.
En el Voto Resolutivo Nº 02/2026 de ese encuentro, realizado el 12 y 13 de junio, las organizaciones denunciaron que las actuales autoridades de la CIDOB sostuvieron reuniones con el Ejecutivo sin transparencia y con posiciones que consideran “funcionales a intereses ajenos a los pueblos indígenas”. Según la resolución, estas acciones implican una vulneración del mandato otorgado por la marcha indígena y una renuncia a la defensa de derechos fundamentales como la consulta previa y la integridad territorial.
El 23 de abril, la CIDOB firmó un acuerdo con el gobierno de Rodrigo Paz mientras los sindicatos campesinos de Beni y Pando, y las centrales indígenas de la Amazonía Sur, marchaban hacia La Paz en demanda de la eliminación de la Ley 1720. En mayo, los marchistas lograron la “abrogación condicionada” de la norma porque se volvió a introducir la necesidad de modificar el régimen agrario en un plazo de 60 días. Los pueblos indígenas consideran que la intención de afectar el carácter inembargable de la pequeña propiedad puede también afectar, como acto consecutivo, a la propiedad colectiva.
“Nos está preocupando (que hayan pasado 30 días desde la abrogación de la Ley 1720). Por nada más hicimos la reunión consultiva de la CPEMB, para analizar qué hacer como regional y como territorio”, dijo Armando Sabi, cacique de la Subcentral Indígena del Territorio Mojeño Ignaciano. “Cómo contrarrestar cuando venga la nueva ley, qué podemos hacer”, aclaró como motivo de la reunión.
Como medida principal, la CPEM‑B resolvió desconocer y rechazar cualquier acuerdo suscrito por la CIDOB con el Gobierno que contravenga las decisiones orgánicas de la Gran Asamblea Nacional de Naciones y Pueblos Indígenas (GANNPI). Asimismo, calificaron estos acuerdos como una “traición” a los intereses colectivos de los pueblos indígenas, marcando un quiebre en la relación entre la dirigencia nacional y sus bases.
El pronunciamiento también exige a la CIDOB que se oponga de manera expresa a proyectos de ley o políticas públicas que afecten los territorios indígenas sin cumplir los procesos de consulta previa. Entre los temas señalados figuran las iniciativas vinculadas a minería, hidrocarburos, inversiones y otras normas en debate, en un contexto que las organizaciones consideran de riesgo para sus derechos territoriales.
Finalmente, la CPEM‑B demandó a la dirigencia nacional de la CIDOB la convocatoria urgente a una reunión de articulación con las organizaciones regionales, con el objetivo de reconstruir una agenda común y encarar de manera conjunta los desafíos políticos y normativos que enfrenta el movimiento indígena en el país.
