CEJIS denuncia que la Ley 157 contradice la Constitución y favorece el latifundio

Desarrollo

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Yenny Escalante

Imagen referencial sobre la pequeña propiedad agraria. Foto: Radio y Televisión Universitaria

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) expresó su profunda preocupación y rechazo al Proyecto de Ley Nº 157, de transformación de la pequeña a mediana propiedad, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, tras haber sido aprobado en el Senado. La institución advierte que la iniciativa contradice disposiciones centrales de la Constitución Política del Estado (CPE) y abre paso a nuevas formas de concentración de la tierra en el país, como el latifundio.

“El país no necesita retroceder hacia nuevas formas de latifundio encubierto”, señala el pronunciamiento, que enfatiza que la tierra no puede ser tratada como una mercancía desligada de su función social, ambiental y cultural.

El proyecto de Ley 157 autoriza al INRA a convertir voluntariamente la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad mediante una simple declaración jurada, postergando hasta por 10 años la verificación de la Función Económica Social (FES) y permitiendo su hipoteca o embargo, lo que genera críticas por supuestamente violar la Constitución al facilitar el despojo de tierras campesinas.

El CEJIS señala que la propuesta legislativa vulnera el parágrafo II del artículo 394 de la CPE, que reconoce y protege la pequeña propiedad agraria por su función social y su carácter de patrimonio familiar. Asimismo, señala que contradice el artículo 398, que prohíbe expresamente el latifundio. En criterio del CEJIS, lejos de fortalecer el régimen agrario constitucional, el proyecto implica un retroceso en los avances logrados en materia de justicia y redistribución de la tierra.

Según la CPE, se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotacción de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder las cinco mil hectáreas.

Uno de los aspectos más cuestionados es la flexibilización de la Función Económico Social (FES), principio que condiciona la propiedad agraria al cumplimiento de un uso productivo, sostenible y en beneficio de la colectividad. La iniciativa establece que los predios que opten por convertirse de pequeña a mediana propiedad quedarían exentos de la verificación de la FES durante diez años.

Para el CEJIS, esta disposición “representa un atentado directo contra el núcleo del régimen constitucional agrario”, ya que la verificación periódica de la FES es el principal mecanismo de control para evitar el acaparamiento, la especulación y la consolidación de latifundios improductivos. Suspender ese control por una década, advierte la entidad, equivale en la práctica a blindar jurídicamente procesos de acumulación de tierras.

La organización también cuestiona la narrativa oficial que presenta la norma como una medida destinada a facilitar el acceso al crédito y modernizar el campo. A su juicio, el proyecto promueve la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad, profundizando el mercado de tierras y favoreciendo a sectores vinculados al agronegocio, en detrimento de la economía campesina e indígena.

Además, el CEJIS sostiene que la iniciativa carece de legitimidad social, al haber sido impulsada desde el sector empresarial sin un proceso amplio de consulta con representantes de la pequeña propiedad, quienes serían los principales afectados por la medida. En ese sentido, observa que la propuesta no aborda de manera integral el problema estructural de la tierra ni cuestiona el modelo extractivista predominante.

La institución recuerda que la propiedad agraria no es un derecho absoluto, sino que está condicionada al interés público y al cumplimiento de la FES.

Por ello, el CEJIS instó a la Cámara de Diputados a detener el tratamiento del Proyecto de Ley Nº 157 y abrir un debate nacional amplio y transparente sobre la política de tierras, garantizando el respeto irrestricto a la Constitución y la protección de la pequeña propiedad campesina e indígena.

Aquí puede leer el proyecto de ley:

PL-157-2023-2024REMITIDOCS

Aquí puede leer el pronunciamiento del CEJIS:

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